Colorados denunciarán a Ancap ante la Justicia

El senador Pedro Bordaberry, integrante de la Comisión Investigadora de Ancap en representación del Partido Colorado, anunció que su partido presentará denuncia penal por tres hechos vinculados con la gestión del organismo, entre 2008 y 2015. Según el informe final, que será elevado para su análisis en la Cámara de Senadores, en los hechos denunciados por la gestión de Ancap “existieron notorias y reconocidas irregularidades e ilegalidades”, al tiempo que decisiones de índole política pusieron a la empresa “al borde de la quiebra”. Bordaberry presentó este lunes ante la bancada colorada sus conclusiones sobre el trabajo de la Comisión Investigadora. El informe, de casi 216 carillas, analiza punto por punto todos los hechos denunciados sobre la gestión de Ancap. En este marco, planteó la necesidad de presentar denuncia penal por tres hechos: la contratación de fletes a la empresa Pleno Verde SA por parte de Cementos del Plata SA; los gastos de publicidad, en particular los referidos a la agencia “La Diez” y la radio comunitaria “La Propia”, de Quebracho; y la intervención de la empresa Exor en los negocios entre Ancap y Pdvsa. Sobre la situación de la empresa Cementos del Plata SA (subsidiaria de Ancap) y las inversiones de la División Portland en la plantas de cementos, Bordaberry valoró que se verificaron “varios tipos de responsabilidad”. En este sentido, consideró que la decisión de invertir en dos plantas de portland, pese a las recomendaciones técnicas de hacerlo en una sola, “es generador de una evidente responsabilidad política”. “Las motivaciones político sociales esgrimidas para gastar 275.000.000 de dólares y pretender gastar 215.000.000 de dólares puede difuminar otro tipo de responsabilidad. Pero invertir en dos plantas y no en una, inaugurar una de ellas dos meses antes de la elección cuando no estaba pronta, son reveladores de conductas dignas de reproche”, escribió. Sin embargo, no pasa lo mismo con la contratación “en forma directa y sin proceso competitivo” de la empresa Pleno Verde SA, para el transporte de cal a Brasil. Esa contratación “por un precio muy superior al de mercado, adelantándole dinero y existiendo otros proveedores en el mercado, debe ser puesta en conocimiento de la Justicia competente”. “La negativa del director de dicha empresa a declarar sumado a la falta de explicaciones convincentes de quienes si lo hicieron, amerita que se ponga en conocimiento” de la Justicia, de forma de investigar “si actuando con engaño se causó daño a la administración , si no hubo un interés no permitido, si existió abuso en la ejecución de algún acto o algún otro hecho punible”. En relación a los gastos de publicidad, Bordaberry consideró que existieron “hechos notoriamente irregulares e ilegalidades”, en particular, la actuación de la agencia de publicidad La Diez. El legislador centró sus críticas en el cobro de porcentaje a los medios por vehículizar publicidad de Ancap, cuando ya cobraba por ello, así como el monto de lo cobrado, así como la forma en que esta agencia obtuvo las cuentas de Alur y de Ancap y las subcontrataciones por la fiesta de inauguración de la Planta Desulfurizadora que tuvo un costo superior a los 300.000 dólares. Lo mismo planteó Bordaberry en relación a la contratación de publicidad en una radio de Quebracho, que no emitía o lo hacía con equipos caseros, y cuyo titular era el candidato a Alcalde de esa localidad por el Frente Amplio. El último punto que Bordaberry planteó presentar ante la Justicia refiere a la participación de Exor, una empresa paraguaya, como intermediaria del negocio entre Ancap y Pdvsa, para la cancelación de la deuda por la compra de combustibles. Bordaberry cuestionó que la intervención de Exor se realizó “de forma irregular”, y que no está claro si la misma se produjo a pedido de Ancap o de Pdvsa. Asimismo, valoró que la intervención de Alejandro Steineck, un ex diputado del Frente Amplio, como representante de esa empresa debe investigarse, teniendo en cuenta el acuerdo transaccional que alcanzó Ancap con dicha empresa para evitar un juicio millonario. El senador planteó un eventual tráfico de influencias en la contratación de esta empresa. En tanto, el legislador afirmó que otros hechos denunciados por el Partido Nacional pueden valorarse como irregularidades pero no tienen relevancia penal, al tiempo que otros ni siquiera alcanzan esa categoría. Bordaberry descartó la existencia de ilícitos de relevancia penal en los gastos e ingresos de personal a Ancap, en el negocio con la Armada Nacional para la construcción de una barcaza y en el negocio con Trafigura para la refinación de petroleo de Petroecuador, así como en la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú por parte de Alur, aunque en todos los casos realizó cuestionamientos a las decisiones y a la gestión y planteó la necesidad de continuar con las investigaciones. Acceda al informe presentado por el senador Pedro Bordaberry ante el Senado: Informe Final – Pedro Bordaberry