El gobierno del presidente Lacalle está a medio camino: faltan dos años y medio para que cumpla su mandato. En este punto, pasan varias cosas: realineamientos dentro del Partido Nacional (el herrerismo fortalece sus espacios entre la 404, la 71 y la 40) y el wilsonismo o la pata progre parece inclinarse hacia Jorge Gandini, que movió apurado en las últimas semanas y se perfila como contrincante de Álvaro Delgado (espacio herrerista) para las internas nacionalistas.
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Por otro lado, algunos socios de Lacalle -en particular Cabildo Abierto, aunque hay otros, como el colorado Gustavo Zubía- reclaman acelerar los cambios propuestos en la plataforma de la coalición gobernante.
Pero ya pasaron dos años y medio. Y resulta que el gobierno no parece exhibir algún elemento clave del cual enorgullerse, pese a los esfuerzos en dos pilares de gestión gubernamental como la educación y la seguridad.
En el primero de ellos, educación, es un terreno de combate en donde se mezclan los esfuerzos de la reforma educativa, las aspiraciones presidenciales de Robert Silva, el descenso de los recursos para la educación, desprolijidades con plagios académicos incluidos, la oposición radical de docentes ante las propuestas o el ninguneo del gobierno, las persecuciones de las autoridades de la ANEP a docentes afiliados a Fenapes y un Frente Amplio que protesta por los recortes y queda arrinconado por inercia junto a los docentes y estudiantes movilizados en los últimos tiempos. (No se han escuchado críticas vigorosas y fundadas desde figuras de izquierda ante los planteos de transformación educativa y por tanto no se sabe bien qué opina el FA sobre eso que tanto impulsa Silva).
El gobierno puede exhibir como un éxito tangible haber salido adelante con la LUC, pero el enorme paquete de leyes es intangible, no alcanza ni siquiera el rango de símbolo de cambio. Se ganó y punto. Es como que el triunfo se hubiera desvanecido.
En cambio, para ciertos sectores de la población -la que está informada, con nivel educativo adecuado y poder adquisitivo medio y medio alto- hay cuatro elementos críticos inocultables del gobierno que encabeza Lacalle. Son cuestiones que molestan, inquietan, despiertan enojo. No estoy hablando del núcleo duro de la ciudadanía opositora (esa que ronda el 35%); me refiero a sectores medios que deciden una elección y que algunos estudios lo ubican en el 10% de la ciudadanía. Son una especie de sommeliers de la política: se informan, observan, huelen, razonan, no los corren con planteos demagógicos y toman decisiones. Y esas decisiones -que son personales- derraman a sus círculos más cercanos y por tanto se transforman en un elemento de enorme trascendencia electoral. (Hay otros temas que sobrevuelan críticamente sobre el gobierno, para el segmento de población al que aludo. ¿Cuáles son esos temas? Economía, combustible e inflación. Como dato anecdótico fíjense en los titulares del diario El País del pasado viernes: 1) “Alarma por la ola de homicidios”; y 2) “El MEF impide a la Comisión de Competencia que investigue acuerdo en el puerto”. Como será la cañada que el gato pasa al trote...
1) Katoen Natie. El escándalo. Con baja visibilidad en los medios, el acuerdo alcanzado por el gobierno con la empresa belga deja una estela de opacidad que tiene en la Justicia un lugar de debate y disputa. El gobierno no ha sido convincente, tanto que voces coloradas de indudable calidad técnica, como González Lapeyre, cuestionan con fundamento el acuerdo alcanzado. El apuro por firmar el contrato por 50 años (más los 10 años del contrato anterior), que dejó a la vista el proceso desprolijo en la ANP y en otros ámbitos del Estado, no hace otra cosa que sumar sospechas sobre las verdaderas razones del entendimiento entre Lacalle y los belgas. A esto se suma en las últimas horas una decisión del Ministerio de Economía: la ministra Azucena Arbeleche firmó una resolución en la que se establece que la Comisión de la Competencia no tiene las competencias necesarias para investigar la denuncia hecha por Montecon. (Montecon es una empresa que brinda similares servicios de Katoen Natie, pero en los muelles públicos. Esta empresa, también de capitales extranjeros, había presentado una denuncia de que el acuerdo del gobierno con los belgas, consolidaba el monopolio en el puerto). Pues bien, ahora el MEF dice que no tiene competencia para laudar sobre el hecho. ¿Quién lo tiene entonces? Más opacidad y más sospechas.
2) La política de seguridad. Un día sí y otro también, el ministro del Interior parece no saber qué hacer y está dominado por el círculo de comisarios de la vieja guardia que tienen los folletines de los años 90. Han desmantelado estructuras profesionales que habían sido instaladas en los gobiernos de izquierda y frente a la ola de inseguridad y homicidios, el gobierno parece no tener más margen de operaciones mediáticas. (Cuando agosto presentó una cifra alta de homicidios, Heber dijo tener un plan y se lo presentó al presidente Lacalle. Cuando arreciaron las críticas siguió hablando del “plan” que nadie conoce, ni siquiera la propia Policía). Los crímenes, los copamientos, hurtos y rapiñas -la situación en las cárceles de donde surgió el testimonio de un preso que amenazó a Heber y dijo que estaba engrillado en su celda- ya no pueden ser enfrentados con operaciones de prensa y, obviamente, no alcanza con decir “tengo un plan”. No hay marketing que tape la realidad. La situación revela la demagogia de cuando estaban en la oposición: tenían la fórmula para enfrentar la crisis de convivencia y los grados de inseguridad que vive la sociedad uruguaya. Fracasaron. A esto se suma una insólita propuesta del general Manini, buen analista del humor social. Vio que el gobierno no da pie en bola con la Seguridad y se reunió con Heber. Fue acompañado de un inmejorable experto en seguridad, el coronel retirado Antonio Romanelli, que fue sindicado como un especial represor en dictadura, que "hostigó brutalmente a centenares de prisioneros que padecían enfermedades psiquiátricas”. ¿Cuál fue la propuesta de Manini y Romanelli a Heber?: formar grupos integrados por civiles, policías y militares retirados para fortalecer en los barrios la cobertura policial. Proponen un grupo integrado por civiles. Insólito.
3) Marset. Mientras capturan avionetas con cocaína en Paraguay -en campos de un empresario uruguayo- el caso Marset sigue encorsetado en la opacidad. No solamente siguen las dudas acerca de la celeridad y procedimiento para entregarle un pasaporte que lo salvó de la cárcel, sino que nada se sabe de las conversaciones entre la Dirección de Identificación Civil, el Ministerio del Interior y la cancillería. Nada. Y el Frente Amplio tiene legítimas sospechas de que hay más responsabilidades y secretos. La Justicia también laudará sobre este asunto. Hay nerviosismo en varios ámbitos del gobierno por los rastros que hayan quedado en las computadoras y celulares de las conversaciones en esos ámbitos.
4) Amigos de Montepaz. Hay una ley que impide que las empresas tabacaleras financien a los partidos políticos. Montepaz lo hizo y solo aportó al partido Nacional. Hay un decreto del gobierno que flexibiliza la política antitabaco que venía del gobierno de Tabaré Vázquez. Hay un alto representante del gobierno, que ahora fue elegido para ser el número tres del ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, que mantuvo reuniones con autoridades de Montepaz y las difundió en su cuenta de Twitter. Hay un exministro del gobierno de Lacalle Herrera que es abogado de Montepaz y estuvo en el Parlamento reclamando medidas de flexibilización. Frente a las críticas por estos asuntillos, Lacalle dijo: “Es una falta de respeto” vincular decisiones de gobierno con reuniones y aportes a la campaña.
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