En este caso, es sustantiva la reivindicación histórica, que da por tierra con el relato de la derecha, que siempre justificó estos asesinatos, sosteniendo la apócrifa versión de los propios homicidas, pese a que las evidencias empíricas, jurídicas y testimoniales demostraban la falsedad de la versión oficial.
En este contexto, hay una doble confirmación: que los muertos fueron ejecutados y no fallecieron en enfrentamientos como otros dos guerrilleros muertos el mismo día, y que, en 1972, el Gobierno encabezado por Juan María Bordaberry era ya una dictadura, por más que el Poder Legislativo siguiera actuando, ya que regían medidas prontas de seguridad y suspensión de garantías individuales, dos herramientas liberticidas.
Obviamente, este período aciago de nuestra historia reciente se inauguró antes, en 1968, con el gobierno autoritario del colorado Jorge Pacheco Areco, que reprimió, encarceló, torturó, asesinó y censuró decenas de medios de prensa.
En el documento de archivo, el fiscal Ricardo Perciballe consigna que en los operativos en los que las fuerzas conjuntas ingresaron a las casas utilizadas por el MLN, ubicadas en Amazonas 1440 y en Pérez Gomar 4392, fueron ejecutadas seis personas, y no hubo disparos contra la Policía. “Muy por el contrario, a lo afirmado en aquella instancia, que hace relación a los enfrentamientos, lo que ha quedado acreditado es un ostensible desborde institucional, habida cuenta de que las fuerzas policiales y militares participantes actuaron sin orden judicial alguna, sin encontrarse en una hipótesis de flagrancia ni haber sido atacadas previamente. Las víctimas fueron ejecutadas por sus victimarios”, señala el dictamen del magistrado. En este, como en otros casos, dato mata relato. Hubo una clara responsabilidad institucional del gobierno de la época, que habilitaba operativos ilegales que se salteaban a la Justicia, al mejor estilo de una dictadura. En ese contexto, el autor intelectual de estos crímenes fue Juan María Bordaberry, un presidente de facto que logró enfundar la banda presidencial luego de haber ganado las elecciones de noviembre de 1971 mediante un escandaloso fraude, digno de una república bananera.
Según el fiscal Perciballe, no hubo ninguna investigación exhaustiva sobre los hechos por parte de ningún organismo del Estado. Tras los hechos, ocurridos antes del golpe de Estado, no intervinieron ni la Justicia ordinaria ni la Justicia militar. Incluso, después del 14 de abril, se declaró el estado de guerra interno y se habilitó a la justicia militar a juzgar a civiles, lo cual es groseramente ilegal.
Este es el epílogo de una controversia que tiene ya bastante más de medio siglo y de una guerra de relatos entre la izquierda y la derecha, que siempre justificó todos los desbordes institucionales y hasta calificó al gobierno de Pacheco Areco de democrático, pese a que vulneró todas las libertades y garantías públicas.
Tan o más horrendo que este episodio fue la denominada Masacre de Paso Molino registrada el 17 de abril de 1972, también durante el gobierno autoritario de Juan María Bordaberry, en cuyo contexto fueron asesinados ocho obreros en la seccional 20 del Partido Comunista, en el transcurso de un operativo de las Fuerzas Conjuntas. En este caso, no hubo dudas: fueron ejecutados a mansalva, por el mero “delito” de pertenecer a una corriente de izquierda. A 54 años de acaecida, esta masacre sigue impune, pese a que nunca estuvo bajo el paraguas de la Ley de Caducidad, que amparó a los represores que perpetraron crímenes durante la dictadura, pero no los atropellos cometidos durante el período autoritario previo del gobierno de Jorge Pacheco Areco y de la presidencia de Juan María Bordaberry desde el 1º de marzo de 1972 hasta el 27 de junio de 1973, cuando se consumó definitivamente la grave ruptura institucional.
El tercer episodio trágico del período más oscuro de la historia política uruguaya, se registró el 21 de abril de 1974, ya en plena dictadura y también bajo la presidencia del criminal Juan María Bordaberry. Ese día fueron asesinadas por parte de efectivos del Ejército, en el barrio Brazo Oriental, Laura Raggio, Silvia Reyes, quien estaba embarazada, ambas de 19 años de edad, y Diana Maidanik, de 22 años de edad. Pese a que las tres pertenecían al Movimiento de Liberación Nacional que por entonces estaba totalmente desmantelado, fueron acribilladas, durante un sangriento operativo ejecutado por asesinos uniformados.
En 2022, fue procesado el general Juan Modesto Rebollo como coautor de los homicidios, que permanecieron impunes durante nada menos que 48 años. El fiscal de crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, antes de solicitar el enjuiciamiento del militar retirado, recabó toda la información indispensable y, para emitir su dictamen, se basó en reportes de los peritajes forenses y en testimonios de vecinos, que fungieron como testigos.
De la dilatada investigación surgió, con absoluta nitidez, que las tres jóvenes fueron ejecutadas sin miramientos, pese a que eran meras colaboradoras y desempeñaban tareas de apoyo logístico a la guerrilla. Empero, según todas las evidencias que están en poder de la Justicia, jamás empuñaron un arma y fueron brutalmente asesinadas, sin oponer resistencia.
En consecuencia, abril es el mes del horror que el monstruo fascista abatió sobre los uruguayos. El tan proclamado Nunca Más sólo será posible con verdad y justicia y con arrepentimiento, aunque en el sistema político uruguayo haya nostálgicos que insólitamente todavía reivindican los tiempos oscuros.
