La Comisión de Constitución y Legislación recibirá las últimas delegaciones el próximo martes y luego pasará a votar el proyecto de Cabildo Abierto referido a la prisión domiciliaria de imputados y condenados de edad avanzada.
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Aunque desde la exposición de motivos se plantea que el articulado es una medida anticovid, de aprobarse, beneficiaría a más de 20 represores que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena por crímenes cometidos en la dictadura.
Hace unos días el diputado cabildante Eduardo Lust aseguró entiendo que está diseñado para los presos de Domingo Arena”. Sobre eso, dijo que no está mal que haya sido hecho así, pero consideró que debería haberse hecho explícito.
El proyecto, además, fue objeto de críticas en un informe presentado a la comisión por el Comisionado Carcelario Parlamentario, Juan Miguel Petit, para quien el texto “tiene muy importantes deficiencias técnicas e incongruencias”.
“Somos amplios defensores de las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión”, sentenció Juan Miguel Petit y agregó: “Sin embargo, no es correcto aplicarlas en un espectro amplísimo de situaciones penales y de autores de hechos muy distintos de manera automática”. En la misiva recomendó no aprobar la iniciativa por tener “muy importantes deficiencias técnicas” e “incongruencias”.
Petit señaló que “una fisura importante” del proyecto es que plantea dar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años “de oficio y sin más trámites ni procedimientos ulteriores”. “Esto significaría que todas las personas mayores de esa edad, salvo las excluidas del articulado, pasarían a esa modalidad de ejecución de la pena”, resaltó. Planteó que la “aplicación automática” de la prisión domiciliaria “daría lugar a resultados muy extraños e inquietantes”, por los cuales personas “sin ninguna afectación de su salud o capacidad cognitiva” y “autoras de delitos graves y con alto riesgo de reincidencia” podrían volver a sus domicilios.
Recordó que la población mayor de 65 años en el sistema penitenciario es de 180 personas, de las cuales 40% cometió delitos sexuales. Recordó que el total de la población carcelaria es de 14.010 personas y expresó que, de aprobarse el proyecto, los beneficiados podrían pasar a régimen de prisión domiciliaria “sin haber participado de ningún programa de rehabilitación o tratamiento, lo que no es indicado”.
Reconoció que las “personas de edad avanzada que están en proceso de ejecución penal” son “una minoría” dentro de un sistema “donde la mayoría de las personas son jóvenes y donde la gestión, servicios de rehabilitación y la infraestructura no están adecuadas” a las personas mayores. Planteó la necesidad de brindar “servicios de geriatría, de estimulación cognitiva y de acciones de rehabilitación” dirigidas a los adultos mayores.