Al finalizar el Consejo de ministros de este lunes, Danilo Astori (Economía y Finanzas), Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social), Marina Arismendi (Mides), Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería) y Álvaro García (OPP), se presentaron frente a la prensa para dar el apoyo al sistema de inclusión financiera. Astori explicó que «el gobierno decidió impulsar colectivamente» la inclusión financiera en el entendido de «ser causa fundamental». Según Astori, la aplicación de esta ley que se aprobó hace años y fue reglamentada», es mejorada permanentemente, para «beneficiar a quienes queremos llegar con prioridad». Para el ministro, uno de los objetivos es «incluir a los sectores más humildes, a la empresas y comercios más pequeños de la sociedad». Informó que «el presidente de la República ha insistido en coordinar esfuerzos que recibirán aportes de diferentes instituciones, incluidos los actores involucrados: organizaciones sociales, sindicales, pequeños y medianos empresarios, de modo que por la vía del diálogo podamos hacer esto una causa de la sociedad, tratando que nazca con gran apoyo de todos los uruguayos para llegar a buenos resultados, por lo que incorporaremos mejoras en beneficio de los pequeños comercios», indicó. Consultado sobre en qué situación queda la venta de cannabis, Astori señaló que, a su modo de ver, «son dos temas diferentes. Venimos a comunicarle el apoyo al proceso de inclusión financiera, pero sí les decimos [que en relación al cannabis], el gobierno va a seguir buscando la defensa de todos los derechos, por un lado el que tienen los uruguayos en torno al consumo y adquisición del producto y, por otro, las normas bancarias. Trabajamos para buscar equilibrarlos», sostuvo. La ministra del Mides, Marina Arismendi, puntualizó que, en su cartera se trabaja en la inclusión social, la que está ligada a la financiera: «Recordarán que en el primera etapa del Mides se implementaron las tarjetas Uruguay Social, las de Plan de Equidad, que trabajaba con comercios adheridos, llamados ‘comercios solidarios’. Eso, según Arismendi, favoreció «a los pequeños comerciantes a estar en orden a la vez de recibir el beneficio». Según Astori, el gobierno respeta las intenciones de quienes están juntando firmas en contra de la ley de inclusión financiera, pero también se ve en la obligación de que sus argumentos [los del gobierno lleguen «a la mayor parte de la población», ya que están convencidos de que dialogando con los impulsores del plebiscito «se llegará a un acuerdo». El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, opinó que la consulta de reforma constitucional operaría a partir de 2020, «pero hay cantidad muy importante con menos prensa, pequeños empresarios, jubilados, trabajadores que apoyan y plantean que se continúe con lo que el gobierno viene haciendo, subsidiando con fondos del Estado el proceso de implementación de los pequeños comercios y atendiendo realidades en el interior del país». Murro sostuvo que «también hay quienes quieren seguir pagando como quieren. Hasta hace poco el almacén de ramos generales o el pulpero era quien tenía el poder de cobro de las jubilaciones y, al mismo tiempo, les vendía en el paraje. Era el empresario el que decidía donde pagar, ahora el trabajador puede elegir», indicó el ministro en defensa de la ley. Álvaro García, de la OPP, también tomó la palabra: «Este es un proceso de trabajo permanente. Todos sabemos que hay asimetrías tecnológicas y estamos trabajando en eso. Presentamos un proyecto para subsidiar la compra de aparatos para retiro en efectivo o pago de facturas en el interior del país», informó.
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