Para comenzar, y con la mirada puesta en el contexto global, desde su experiencia, ¿cómo analiza la evolución reciente de los flujos migratorios y el estallido de crisis fronterizas como la ocurrida en Ceuta?
Más allá de que la migración ha sido un elemento constitutivo de la humanidad a lo largo de la historia, en la actualidad constituye un factor estructural del mundo tal como lo conocemos. Vivimos en un mundo complejo y crecientemente interconectado, pero esa integración se da bajo criterios profundamente desiguales. Por un lado, persisten los conflictos armados, las diversas formas de violencia, la inestabilidad política, el autoritarismo y la violencia de género; por otro, una gran parte de la población mundial enfrenta una absoluta falta de oportunidades para vivir en condiciones dignas.
Entonces, en un mundo como ese, con muchísimos intereses y los conflictos que generan esos intereses, una distribución del poder, de la riqueza, de los recursos, de una manera sumamente desigual y en el que recién hace pocas décadas varias regiones han salido de un sistema formal colonial que luego sigue teniendo sus efectos en muchos aspectos, es lógico que en un contexto así, en una realidad estructural así, pero al mismo tiempo con cada vez más información, los teléfonos celulares, las formas de comunicarse de un lugar a otro a miles de kilómetros de distancia, los transportes, etc., se genere no solo la necesidad de desplazarse de las personas algunos saliendo de conflictos y escapando para sobrevivir, sino que genere que la migración sea una estrategia también de supervivencia, de búsqueda de oportunidades para sí y para su familia.
Este es el mundo tal cual lo conocemos, mucha gente migra a países vecinos, otros migran a otras regiones, al norte, por ejemplo, por múltiples razones. Y uno de los datos más importantes a nivel mundial es que hay muy pocas agendas en serio donde los Estados estén intentando abordar esas causas estructurales, pensar un mundo con oportunidades de alguna manera equitativas, donde cada persona pueda vivir con dignidad, con paz, con justicia, con seguridad, con libertades en su propia comunidad de origen y, en todo caso, migrar por las distintas razones que quiera. Frente a esa realidad estructural a la que le agregamos la necesidad que muchos países de destino tienen de trabajadores y trabajadoras, lamentablemente muchas veces esa necesidad es para cubrir las áreas del mercado de trabajo más precarias, más desprotegidas. Ahí entra sobre todo el rol clave de mujeres migrantes y lo que llamamos como las cadenas globales del cuidado, el cuidado de niños, la limpieza, todo lo que es trabajo particular o en casas particulares, la minería, la agricultura, el sector textil, áreas muy precarizadas. Y ahí las personas migrantes también son funcionales para un modelo de crecimiento y desarrollo desigual, etc. Ese es un poco el contexto.
Y en ese contexto muchos países están promoviendo políticas restrictivas, no necesariamente para que no entre nadie, sino también para que entren y se queden en determinadas condiciones, también condiciones más desiguales. La migración es un fenómeno multidimensional, porque lo que hay detrás de la migración es trabajo, son familias, es búsqueda de oportunidades, son niños, es educación, es salud, es cultura. Pero a pesar de todas esas dimensiones, muchas veces, y cada vez más lamentablemente, las políticas de varios países consisten en mirar la migración como si fuera un problema, un tema de seguridad, de seguridad nacional, de peligro de invasión. Y cuando miras un fenómeno tan diverso con una sola lente, es muy difícil no pensar en problemas.
Si llevamos este plano global al contexto de Ceuta, lo que vemos es el uso por parte de Europa, desde hace más de dos décadas, de los denominados "estados tapón". Me refiero a países vecinos de la Unión Europea como Turquía, Libia, Túnez, Egipto o Marruecos, utilizados para contener los flujos migratorios e impedir que lleguen a las fronteras europeas. Para ello, la Unión Europea destina anualmente millones de euros en cooperación, fundamentalmente de carácter policial. El problema es que, al asumir ese rol estratégico, por estos territorios transitan personas que buscan asilo y oportunidades de vida. Es lo que aconteció en Ceuta y Melilla, las dos únicas fronteras terrestres que unen a Europa con África.
Lo que hizo Marruecos allí respondió, según todos los datos, a una estrategia política y geopolítica. Que hayan ingresado 60.000 personas en un solo día por vía marítima cuando en todo el año el promedio rondaba las 2.500, coincidió con la visita de Sánchez a Argelia y con la fuerte agenda bilateral de Rabat con Estados Unidos e Israel. Ese levantamiento deliberado de controles para permitir el paso de esa masa de gente, aunque la mayoría retornó al día siguiente, tuvo un trasfondo claramente político. Lamentablemente, los platos rotos de esta instrumentalización los pagan los propios migrantes; el saldo de ese juego político fue de casi 120 personas fallecidas.
Siguiendo con la influencia de las potencias globales, me gustaría enfocarnos en Estados Unidos. ¿Cómo analiza la instrumentalización de los flujos migratorios y el endurecimiento de las políticas de deportación en ese país?
Estados Unidos es, sin duda, el principal país de destino para las migraciones. Buena parte de su cultura y de su economía, tal como la conocemos hoy, se explica por ese fenómeno. Lamentablemente, el Estado no les otorga residencia ni regulariza a los millones de personas que entraron por la frontera con México o a quienes se quedaron tras vencerse sus permisos. Son personas que trabajan, que contribuyen al crecimiento del país en todas las áreas y que no han cometido ningún delito. Pese a ello, no se les concede un marco de legalidad migratoria desde 1986, lo cual claramente no es la respuesta.
La regularización es una medida de inclusión social básica, de reconocimiento a esas personas que ya son parte de tu comunidad.
A pesar de eso, y de la mano de eso, no solo ha ido militarizando la frontera sur con México a lo largo de las últimas décadas (construcción del muro, etcétera), sino que ha ido construyendo todo un sistema de detención, de privación de la libertad de personas que no cometieron ningún tipo de delito, cárceles migratorias, algunas de máxima seguridad, en las que pueden estar presas años y años para luego ser deportadas. Es lo mismo que está haciendo Europa también en el mismo sentido.
Ahora, la gran transformación de este último año y medio es que el control migratorio ya no se limita a la frontera sur, sino que se ejerce en las calles, escuelas, iglesias y empleos a través de la Guardia Nacional, el Ejército, ICE y distintas fuerzas de seguridad. Se persigue a miembros de la comunidad, se encarcela a familias enteras y se separa a cientos de miles de niños de sus padres. Estamos ante una deshumanización absoluta y un desprecio total por los derechos humanos más básicos reconocidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, impulsado por una estrategia populista y electoralista sumamente dañina.
Ese marco precariza aún más a la población migrante que permanece en el país, obligándola a trabajar en la informalidad, bajo condiciones extremas de vulnerabilidad y con el temor constante a ser deportada; en definitiva, una situación de vulneración sistemática de sus derechos fundamentales.
Con miedo, tal como decías. Imaginemos a alguien precarizado trabajando por mucho menos del salario mínimo en los campos de California, mientras su empleador amenaza permanentemente con denunciar a los trabajadores ante el ICE si protestan por sus sueldos o sus condiciones de trabajo. Hay miles de familias viviendo con el temor constante a la separación afectiva y sufriendo vulneraciones que no son propias de un Estado de derecho ni de un sistema democrático.
Existe una presión creciente hacia países de América Latina y África para firmar acuerdos de "tercer país seguro" o aceptar deportados de otras nacionalidades. ¿Cuál es el alcance real de estas presiones, qué margen de soberanía o sustento legal tienen los gobiernos para rechazarlas y cómo evalúa este panorama?
Sí, efectivamente. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea en su momento, y también durante varios años lo ha hecho Australia, están desarrollando cada vez más algo que conocemos como mecanismos de externalización de la política migratoria, que básicamente es evadir sus responsabilidades jurídicas, por ejemplo, para proteger refugiados y otro tipo de derechos para las personas migrantes, a través de tercerizarlas a otros Estados con los que firman acuerdos. Por lo general son acuerdos entre países que son desiguales, que tienen distintos niveles de poder.
De manera significativa, Estados Unidos ya implementó estos acuerdos con países como El Salvador, Panamá, República Democrática del Congo, Esuatini y otros países africanos. Lo mismo está intentando hacer la Unión Europea.
Lo primero que supone eso es una violación clara del derecho internacional. Eso no es cooperación para una política migratoria efectiva, sensible y de gestión compartida entre dos o más países. Esto básicamente es una transmisión de responsabilidades, de alguna manera abusando del poder de un país respecto de aquellos con los que firma esos acuerdos.
Pero, sobre todo, lo que supone, además de la violación de los tratados internacionales que han firmado, en este caso, Estados Unidos y los países europeos, es un nivel de deshumanización absoluta.
Imaginemos a una persona de América Latina que llega a Estados Unidos huyendo de la pobreza o buscando protección para su vida y que, tras haber residido allí, es deportada a la República Democrática del Congo. Eso es lo que ha venido ocurriendo con ciudadanos peruanos, colombianos y de otros países de la región: terminan expulsados hacia el Congo, un lugar con el que no tienen el menor vínculo social o familiar y que jamás habían visitado. Es la cosificación absoluta de las personas; a ese extremo de deshumanización se está llegando.
Entonces, claramente los Estados no están obligados a firmar este tipo de acuerdos y, de hecho, bajo acuerdos bilaterales no se puede escudar ni violar las obligaciones de derechos humanos que tiene cada país. Eso está prohibido también, no hay ninguna obligación.
Aunque existen asimetrías evidentes y países con mayor poder de presión, resulta fundamental que bloques regionales enteros se opongan a acuerdos deshumanizantes que vulneran derechos básicos. Ningún Estado está obligado a suscribir este tipo de convenios; de hecho, en aquellas naciones que los han implementado ya se han documentado graves violaciones a los derechos humanos, malos tratos y dinámicas de deshumanización hacia las personas detenidas y deportadas bajo estos procedimientos.
Trayendo el análisis a América del Sur: ¿cómo evalúa los recientes giros en las políticas migratorias de países como Argentina o Chile, donde el endurecimiento normativo parece avanzar a la par de un incremento en los discursos de odio?
Sí, estamos viviendo una etapa de retroceso muy preocupante. América del Sur empezó este siglo mostrando otro camino, enseñándoles incluso a América del Norte y a Europa que la gestión de la migración podía anclarse en un enfoque más humano, ver a las personas migrantes como pares, reconocerles los mismos derechos garantizados por los tratados internacionales y comprender por qué se ven forzadas a salir de sus países mediante un modelo inclusivo.
Así se aprobó la ley en Argentina en 2003 y la de Uruguay en 2008, seguidas por Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, que sancionaron marcos normativos para reconocer derechos y facilitar el acceso a la residencia, un pilar clave para la inclusión social, laboral y educativa.
Lamentablemente, en los últimos años se ha utilizado políticamente la narrativa migratoria, incluso inventando estadísticas para mostrar la inmigración como un peligro de seguridad o un problema para los servicios sociales. Bajo ese discurso, gobiernos como los de Argentina o Chile han ido reformando sus leyes; en el caso argentino, además, haciéndolo por decreto, sin pasar por el Congreso. Y esto ocurre a pesar de que en el Cono Sur no tenemos fronteras desbordadas ni indicadores de preocupación, sino una realidad perfectamente gestionable. A pesar de que los datos sobre inclusión son muy claros, se están endureciendo las normas, en Argentina, por ejemplo, se restringe el acceso a la salud y a la universidad, mientras se dificulta o directamente se retira el permiso de residencia.
Y todos perdemos cuando las personas están en situación de irregularidad migratoria, porque no tienen permiso para trabajar y avanzar en su inclusión y contribuir más aún de lo que ya lo hacen a las economías y a nuestras sociedades.
Estamos viviendo situaciones donde proliferan discursos de odio a partir de los cuales se estructuran políticas que dañan a la población migrante y, por ende, a toda nuestra comunidad, porque las personas migrantes son y han sido siempre parte de ella.
Con estas medidas replicamos modelos muy dañinos que América del Sur había dejado atrás. Observamos esta dinámica con gran preocupación, porque extender este clima en sociedades ya afectadas por la pobreza, la desocupación y la inseguridad ciudadana solo añadirá racismo, xenofobia y exclusión, escalando la conflictividad social de forma innecesaria y por mera especulación política.
16.º Encuentro Migración y Ciudadanía
En este marco regional tan complejo, ¿cuál es el balance del 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía y por qué es indispensable sostener estos espacios interinstitucionales para pensar la integración real?
Me parece muy importante fortalecer este tipo de espacios donde uno puede analizar qué está pasando, cuáles son los desafíos, qué cosas están funcionando. Y en este año en particular me parece bien importante porque justamente viene a abordar los retos, en términos, primero, de mirarnos hacia adentro como sociedades que somos culturalmente diversas y la importancia de trabajar la integración que visibilice que no somos «nosotros y los otros», sino que todos somos parte de estas sociedades. Y ahí abordar los problemas que genera el racismo, la xenofobia, la importancia de políticas públicas para abordarlo por ejemplo en el ámbito de la educación, en el ámbito del barrio, del territorio, trabajar en la inclusión social con la igualdad de derechos, facilitar que las personas accedan a la residencia como un paso imprescindible para su inclusión social y laboral, y trabajar diferentes problemáticas en materia de discriminación que puedan derivar en conflictos.
Es un ámbito interesante porque además Uruguay tiene algo que tienen muy pocos países de la región, que es la Junta Nacional de Migración, una gestión del tema migratorio con representación del Ministerio de Educación, de Trabajo, Desarrollo Social, además de los clásicos que están en otros países, como Relaciones Exteriores o Interior. En este caso están los organismos sociales, que para mí tienen o deben tener una función central en gestionar la política migratoria, que sobre todo es una política en materia social.
Entonces, trabajar esos temas, trabajar el tema de la integración, la prevención de la discriminación y la xenofobia me parece cada vez más imprescindible allí donde están teniendo, lamentablemente, tanto éxito las narrativas de odio y de xenofobia para luego tratar de justificar políticas excluyentes y que vulneran derechos y generan daño a la comunidad.
Me parece que es un lugar ideal para abordar esto, para avanzar en todo lo que se está avanzando bien y abordar los desafíos que todavía están pendientes.
