En el caso de la intervención en el barrio La Paloma, se hizo una primera obra de infraestructura que implicaba una segunda parte de realización de viviendas para realojo. Se dejaron muchos terrenos prontos y se postergó la realización de viviendas para finales del año próximo, lo que implica riesgo de ocupación de esos terrenos»
Las trabajadoras explicaron que en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios desarrollan tres tipos de intervención: regularización de asentamientos, proyectos en áreas formales precarizadas, y en áreas centrales o intermedias donde se recuperan áreas urbanas degradadas. Detallaron que este tipo de intervenciones no solo implican el realojo o mejoramiento de las viviendas existentes, sino que también trabajan en la ejecución de infraestructuras, como, por ejemplo, saneamiento, vialidad y alumbrado público, así como en la dimensión social y comunitaria del barrio.
Actualmente, la situación que preocupa a trabajadoras y trabajadores del PMB es que estos procesos están a punto de ser “desmantelados” como consecuencia del recorte presupuestal que propone el Gobierno Nacional y al cual calificaron de “perverso”, en el entendido de que se está postergando la calidad de vida de sus habitantes que, además, se encuentran hace años en espera.
Contaron que luego de que se conocieron públicamente los recortes presupuestales anunciados en el marco del decreto 90/2020, que implican la reducción de un 15% para el realojo de asentamientos, los equipos técnicos que trabajan en los programas en cuestión se fueron enterando mediante especulaciones y “por goteo” cuáles eran los planes reales de recorte. Recientemente, el 4 de setiembre, recibieron una notificación por parte del Ministerio de Vivienda en la que les anuncia la reprogramación de importantes obras de mejoramiento barrial que estaban previstas para el ejercicio 2020 y otras para a lo largo del presente quinquenio.
El impacto de los recortes
De acuerdo a la reprogramación de obras que plantea el gobierno, los barrios de Montevideo que padecerán el impacto del recorte con la postergación de obras en curso son La Paloma (Cerro), un barrio que tiene 6 asentamientos y una importante zona precarizada, e Isla de Gaspar (Malvín). Según las representantes del equipo técnico, se trata de obras “muy significativas” que serán paralizadas. En el caso de La Paloma, la regularización del asentamiento “Juventud 14” pasó para 2024, mientras que “1º de mayo” y “La Ruta” no se financiarán en este período.
A su vez, los proyectos “Matilde”, en barrio Borro, cuyo inicio estaba previsto para 2023, y “Ribera del Miguelete”, ubicado en la zona aledaña a 40 semanas y previsto para 2021, no serán financiados de acuerdo a esos pronósticos. En una situación similar se encuentran las intervenciones en Campichuelo, ubicado en el barrio Nuevo París, que iniciaría sus obras este año y se pospuso hasta 2022, y en Cauceglia, Cerro, que está actualmente en obra y pospuso su segunda etapa para 2023, quedando medio barrio sin infraestructura hasta que se reinicien las obras.
Explicaron también que en el caso de intervenciones como “Matilde”y “Rivera del Miguelete” se trata de “zonas muy criticas” que nuclean a 673 familias beneficiarias del programa, la mayoría censadas desde el 2015, que verán su situación habitacional librada a la voluntad política de quienes asuman el gobierno en el año 2025.
Una problemática que plantea la postergación de obras en curso, explicaron las entendidas, es que la espera termina perjudicando más la situación de las personas implicadas, a la vez que trae consecuencias negativas sobre las obras. “La lógica de este tipo de obras es que si se realiza una primera parte y no se continúa, lo que queda sin hacer se precariza. En el caso de Cauceglia, si se termina esa obra y no se empieza la segunda parte, las familias que están esperando quedan en terrenos a medio hacer que reciben gran parte del agua de los pluviales del barrio, experimentando más riesgos de inundabilidad. No solo los están postergando, sino que los perjudican aún más”.
Están enlenteciendo y dejando la intervención del programa en su mínima expresión, con obras muy pequeñas, pero sin una proyección de trabajo”
Con respecto a la paralización de obras, comentaron que el dejarlas “a medias” implica un peligro de ocupación del que luego “tendrán que hacerse cargo”. “En el caso de la intervención en el barrio La Paloma, se hizo una primera obra de infraestructura que implicaba una segunda parte de realización de viviendas para realojo. Se dejaron muchos terrenos prontos y se postergó la realización de viviendas para finales del año próximo, lo que implica riesgo de ocupación de esos terrenos que quedaron vacíos, limpios, nivelados y con cámara para conectarse al saneamiento”.
A esto se le suma la problemática de los costos de los proyectos, que, con el paso del tiempo, se van encareciendo en la medida que los precios de materiales de construcción y mano de obra se van ajustando y por lo que el presupuesto para la realización de las obras varía. En esta línea, también señalaron, como otro inconveniente de la paralización de los procesos, la pérdida de experiencia y acumulación de trabajo generada durante más de diez años de trabajo.
Por otro lado, las trabajadoras señalaron que es necesario tener en cuenta que, en muchos casos, se trata de obras muy grandes que por naturaleza llevan mucho tiempo para su concreción, ya que implican extensos procesos licitatorios, preparación de pliegos, movimiento de familias para la construcción de las calles, y todo eso se atrasa. “Las obras en Ribera de Miguelete, que deberían arrancar en 2021 y otra parte en 2023, terminarían recién en 2030”.
En este escenario, las representantes de trabajadoras y trabajadores del programa de regularización de asentamientos denunciaron que con estos recortes “están enlenteciendo y dejando la intervención del programa en su mínima expresión, con obras muy pequeñas, pero sin una proyección de trabajo”. “A pesar de que las voces que se escuchan en los medios, por parte de las autoridades, hablan de los asentamientos como un área central de la administración actual, todavía no está claro cuál va a ser la propuesta del Gobierno Nacional en cuanto al abordaje de esta problemática”.
Desinformación e incertidumbre
La otra consecuencia de este recorte recae sobre decenas de trabajadoras y trabajadores que actualmente desconocen si sus contratos, que vencen en diciembre, serán renovados. Actualmente, el equipo de trabajo está compuesto por 80 trabajadoras y trabajadores que pertenecen a la unidad ejecutora del PIAI (antiguo nombre del programa actual) y que desarrollan tareas para la IM en los diferentes barrios. De ese equipo, 36 trabajadores son contratados de forma anual mediante convenio con el MVOT, dependiendo de la continuidad de los proyectos que integran; el resto son funcionarios municipales o con otro tipo de contratos. Esas 36 personas son las que están peligrando su fuente laboral.
La información va llegando por goteo. No ha sido una política del Ministerio de Vivienda o del PMB ir a anunciar los recortes a los barrios. Los responsables políticos del programa ni siquiera estuvieron presentes en las últimas inauguraciones»
Consultadas respecto a este tema, las trabajadoras expresaron: “Claramente nuestra situación laboral también nos preocupa, pero la principal lucha es pelear para que los proyectos continúen, porque entendemos que es necesario que el trabajo que está comprometido con la gente se lleve adelante”. En tal sentido, explicaron que el equipo de trabajo es el que “da la cara en los barrios”, el que está con vecinas y vecinos, y el que tiene que darles respuestas. “Somos sus referentes y es a nosotros que llaman cuando tienen un problema o saben que algo está demorado. Es así que nos hacemos cargo del trabajo que otros comprometen. Nos piden respuestas y hoy no las tenemos”.
“La información va llegando por goteo. No ha sido una política del Ministerio de Vivienda o del PMB ir a anunciar los recortes a los barrios. Los responsables políticos del programa ni siquiera estuvieron presentes en las últimas inauguraciones de los diferentes proyectos, por lo que interpretamos que hay una intención clara de no tener diálogo directo con los vecinas y vecinos, que puede explicarse en el hecho de que no tengan respuestas. La única institución que está dialogando con las familias es la IM”, agregaron.
“El asentamiento cero”: ¿otra promesa electoral?
Durante la campaña electoral para las últimas elecciones nacionales, el actual presidente, Luis Lacalle Pou instaló el discurso de transitar hacia una modalidad de “asentamiento cero” como un objetivo a cumplir en un plazo de 10 años. Esta “preocupación” también fue incluida en el documento programático del Partido Nacional, y su insistencia con el tema se puede leer en varias declaraciones que hizo el político a diversos medios de prensa. “Hay más de 190 mil uruguayos que hoy van a dormir entre agua, aguas servidas, con frío y el viento entrándole por todos lados. Más de 190 mil uruguayos que viven en asentamientos. Más que en la salida de la crisis”, decía el mandatario durante un discurso de campaña.
Postura de la IM
Christian Di Candia realizó declaraciones a la prensa en las que confirmó la postura política de la Intendencia de Montevideo, que se negó a aplicar los recortes en materia de realojo de asentamientos. “Nosotros no vamos a recortar nada”, expresó al ser entrevistado en el programa Punto de Encuentro de Radio Universal. “Será decisión del gobierno nacional. Entendemos que el recorte debería ir por otro lado, recortá jubilaciones militar, hacé dos rutas menos”, agregó.
