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El paro es por el anuncio de que se despedirían 150 trabajadores y se le rebajaría el sueldo en un 50% al resto de su personal.
Este anuncio hecho hace una semana omite decir la cifra exacta de los funcionarios que despedirá, sus cargos y funciones, lo que resulta muy sospechoso, máxime que TCP ha dicho que hay aproximadamente cien cargos que incorporará este año para los que los trabajadores de Montecon tendrán prioridad.
La pregunta es: ¿Por qué 150 y no 100?...y para eso no hay aún respuesta y supuestamente depende de una reestructura aún no finalizada.
El Ministerio de Trabajo ha hecho saber su preocupación por el desencadenamiento de estas medidas y por la evolución de este conflicto y se anticipa para los próximos días la paralización de toda la actividad portuaria por setenta y dos horas.
La alarma aumentó por el paro del día viernes pasado en que una cola de 12 kilómetros de camiones se extendió a la entrada del recinto portuario por el paro de actividades que se llevó a cabo ese día.
Las cosas están bien mal en el puerto, tan mal como en otras áreas de la administración pública y en la sociedad. El gobierno se siente satisfecho porque en Washington las calificadoras de crédito elogian su gestión y muy contento cuando los agroexportadores le dicen que aún con el dólar a 41 siguen ganando plata a paladas y depositando en el exterior miles de millones de dólares, pero ni se fija en las 400.000 comidas que se sirven por semana en las ollas populares a ancianos, mujeres y niños que tienen que hacer colas con un tupper para llenar la barriga todos los días.
Lo del puerto, sin embargo, es más visible porque por el puerto pasa la mayor parte de la riqueza exportada del país y por el puerto ingresa una inmensa variedad de insumos indispensables para nuestra vida y otros más suntuarios pero igualmente necesarios para una vida agradable.
El senador blanco y productor y comerciante rural Sebastián Da Silva ha puesto el grito en el cielo y advirtió sobre un inminente colapso logístico por la entrada de 1000 camiones diarios cargados de soja para la exportación que se encontrarán con el puerto cerrado y que deberán volver para cargar en las chacras generándose una situación crítica con pérdidas millonarias para el negocio agroexportador.
Las cosas están muy mal en el puerto e informaciones tan alarmantes como imprecisas como la difundida por Montecon, no ayudan nada.
La responsabilidad es principalmente del gobierno y la A.N.P, quienes han adoptado disposiciones que implican reglas nuevas en la administración de la actividad, de las cargas y particularmente del movimiento de contenedores que muy probablemente iban a tener consecuencias laborales y conflictos, sobre todo en los muelles públicos y más precisamente en Montecon.
El Poder Ejecutivo, quién extendió la concesión a TCP por sesenta años y aprobó un nuevo reglamento de atraque, es el que tiene que hacerse cargo, aunque la empresa en conflicto bien que obtuvo beneficios extraordinarios durante muchos años en esos muelles públicos y usando esa misma mano de obra que hoy rechaza por innecesaria y cara.
Lo que era previsible sucedió, el problema que hay no es de responsabilidad de los trabajadores ni es un problema entre privados.
El despido de 150 trabajadores y el propósito más injustificado, de reducir los salarios de los restantes trabajadores de Montecon debe haber sido previsto por el gobierno y por la empresa porque era muy probable.
Independientemente de las críticas que se manifestaron contra los mencionados decretos emitidos por el Poder Ejecutivo y de los juicios cruzados y las impugnaciones administrativas, el gobierno debe hacerse cargo del problema y asumir que hay que responder a las demandas de los trabajadores despedidos.
Alguna de las empresas que operan cargas en el puerto tendrá que asumir esta carga laboral.
La responsabilidad, sin embargo, es del Poder Ejecutivo y la solución debe salir del Ministerio de Trabajo.
Resulta curioso que el Ministro Pablo Mieres llame desesperado a Katoen Natie intimándolos a resolver el problema y pidiendo por favor que lo ayude a salir del “peludo” en que lo metió el Presidente de la República, que en su momento se hizo responsable de todo lo que se resolvió en el puerto y naturalmente de sus consecuencias.
El Gobierno se considerará con derecho a intimar y a presionar a TCP, pero es el gobierno quién debería tener que pagar la cena.
El Ministro no puede más que prestarse a esta ingrata tarea, pero de lo que pasa es responsable y debe asumir su responsabilidad y solucionar el problema porque hoy hay 150 trabajadores desocupados más, cientos de trabajadores amenazados por la rebaja salarial, muchísimas familias angustiadas y muchísimas toneladas de productos exportables y miles de contenedores esperando para ser embarcados y los malla oro están empezando a ponerse nerviosos.