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Justicia

VIOLENCIA DE GÉNERO

El camino de la justicia

Tres hombres violaron a una mujer en el barrio Cordón. El ataque fue constatado por personal médico y la Justicia comenzó la investigación. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

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Caras y Caretas Diario

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No es presunción, es violación. El domingo 23 de enero tres hombres violaron a una mujer en una casa del barrio Cordón. Ella había ido a bailar, conoció a un hombre y decidieron irse juntos a una casa a pocas cuadras de allí. Y fue a ese lugar que entraron más hombres, con los que ella nunca consintió relacionarse, y la atacaron.

Ella llamó al servicio de atención a situaciones de violencia de género 0800 4141, fue trasladada al hospital, donde se constató la violación, y la Policía registró el domicilio que les indicó la mujer. Tres hombres fueron detenidos y se negaron a proveer una prueba de ADN de manera voluntaria.

El Código del Proceso Penal (CPP) establece en su artículo 266 que se puede proceder a la formalización de la investigación “cuando existan elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables”. En ese caso, la Fiscalía debe solicitar una audiencia judicial.

Además, el numeral 266.4 determina que “si el imputado se encontrare detenido por el hecho respecto del cual se decide formalizar la investigación, la solicitud de audiencia deberá formularse de inmediato a la detención, aun verbalmente y la audiencia deberá celebrarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha detención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República”.

Es decir, una persona no puede estar más de 24 horas detenida si no se procede a la formalización. En este caso, los hombres no brindaron su ADN de manera voluntaria; la fiscal tiene que solicitar una orden judicial al juez de turno para obtener el ADN, y este proceso nunca dura menos de 48 horas, informó a La diaria una fuente de la Fiscalía.

Los hombres fueron liberados y quedaron emplazados, deben fijar domicilio y no pueden salir del país.

Si los hombres son formalizados por un delito sexual, en este caso por violación, deben atravesar el proceso en prisión preventiva. Esto ya estaba establecido en el CPP, pero era facultad de la Fiscalía decidir si solicitarla o no. Ahora es obligatorio, un cambio que introdujo la LUC.

Se ha generado confusión entre la liberación de los hombres por falta de pruebas concretas para formalizarlos y la “libertad anticipad”. Ese concepto se utiliza cuando una persona ya está condenada y refiere a la posibilidad de obtener la libertad antes de que culmine el tiempo de la sentencia. La imposibilidad de acceder a la libertad anticipada si la condena es por violación ya estaba vigente antes de las modificaciones introducidas por la LUC al CPP.

El caso está a cargo de la fiscal Sylvia Lovesio, de la Fiscalía Penal de Montevideo especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 4º turno. Lovesio explicó en diálogo con Doble click que estos procesos toman tiempo. “Me pasa lo mismo que al resto de la gente; a nosotros, que estamos todos los días trabajando con víctimas, nos gustaría que el sistema cambiara. Es lo que reclamo todos los días: poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, para poder darle a la víctima una respuesta”, opinó. Además, informó que hay tres fiscalías especializadas en delitos sexuales en Montevideo y que los fiscales del interior también tienen a su cargo los delitos sexuales, que “en nuestro país no son una prioridad en materia de políticas públicas”. Y agregó: “Tenemos gran cantidad de denuncias cada vez que estamos de turno y estamos trabajando con tres equipos de tres personas, y la verdad que nos gana la impotencia”.

Caras y Caretas se comunicó con Soledad González, especialista en violencia de género y responsable de grupos de abuso sexual en el proyecto Autonomías Colectivas contra la violencia de género en El Abrojo, para dialogar sobre la repercusión pública del caso y la situación de las mujeres en Uruguay.

 

¿Cómo analizás las primeras repercusiones que tuvo el caso a nivel mediático y en redes sociales?

Esta vez no se ha puesto en cuestión la palabra ni la denuncia de la joven en las primeras repercusiones que viene teniendo esta violación en grupo a nivel mediático. En ese sentido me parece que es un cambio importante.

En otros casos, donde ha habido denuncias de violaciones en grupos, se ha puesto en cuestión si era verdad, si [la mujer] estaba mintiendo, si debía o no debía estar en el lugar que estaba. En ese sentido, aunque sigue habiendo cuestionamientos a la libertad sexual de las mujeres, si podemos ir o no a la casa de un hombre que acabamos de conocer, esta no ha sido la mayor respuesta.

 

¿Y el accionar de la justicia?

Actuaron bastante coordinadamente y rápidamente. La joven se conectó con el teléfono de asistencia a víctimas de violencia de género, el teléfono contactó a la policía, la enviaron a un centro de asistencia de salud donde constataron [la violación] además de atenderla. Los médicos hacen un informe y la Policía acudió al lugar de los hechos.

Estamos esperando el procesamiento de los culpables. La Fiscalía está esperando los resultados de ADN para pedir la formalización de los tres emplazados. Nos gustaría que tuvieran prisión preventiva, pero creo que la fiscal está tratando de evitar fallas en el procedimiento que puedan echar para atrás el procesamiento y la condena final.

 

Este hecho de violencia de género se enmarca en un sistema que lo legitima. ¿Cuál es la situación de las mujeres en Uruguay en materia de violencia basada en género? ¿Hay responsabilidad estatal y judicial con las mujeres?

La situación de las mujeres en Uruguay es alarmante. Son muy pocos los recursos que hay para enfrentar la violencia de género, incluida la violencia sexual. Tenemos tres fiscalías en delitos sexuales que atienden cerca de 3.500 denuncias por año solo en Montevideo.

En el interior no hay fiscalías especializadas,  lo atiende cualquier fiscal; el mismo que atiende un caso de abigeato, atiende a una joven violada o a una niña que pasó por un abuso intrafamiliar. Es muy difícil que un profesional  tenga herramientas para atender tan distintas materias con la calidad que requiere una situación de violencia sexual en la que a la víctima hay que contemplarla, ¿no? Contemplar sus tiempos, sus formas de hablar, que pueda contar los hechos a su tiempo. Es bastante difícil.

Tenemos denuncias de violencia sexual que hace tres años están en Fiscalía y no han avanzado nada, absolutamente nada, porque no dan abasto. Falta formación en los peritos, falta formación en los jueces y juezas. Faltan recursos de todo tipo para que el sistema judicial repare a la víctima y no la revictimice innumerable cantidad de veces.

También tenemos pocas herramientas en el sistema de salud, más allá de que en este caso el equipo médico atendió bien a la joven hasta donde sabemos. Eso es muy azaroso. Depende dónde una cae. No hay una formación constante del personal de la salud para atender estas situaciones. Nos falta enormidad, cantidad de recursos, campañas educativas, campañas de comunicación.

Atender este problema de raíz requiere combatirlo desde la infancia misma. Hay que empezar a poner recursos para desarmar esta cultura de la violación, este sistema machista que es el que sostiene que algunos hombres violen mujeres y niñas.

 

EL PRESIDENTE SE DESMARCA
El presidente Luis Lacalle Pou, consultado sobre este hecho, aseguró que las violaciones “no son propias del ser humano ni del género masculino”. Tras desmarcar a sus congéneres de la responsabilidad de la violencia sexual, el mandatario opinó que el hecho es “asqueante” y “aberrante” y aseguró que la pena de los culpables “debería ser contundente y ejemplarizante”. Por otro lado, el presidente de la República afirmó que el gobierno cumplirá “los compromisos presupuestales” en materia de violencia de género y destacó que próximamente se inaugurará un juzgado especializado en San Carlos.

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