Villarejo atendió a los medios de comunicación a su salida de la cárcel madrileña de Estremera, reivindicó su presunción de inocencia y aseguró que este jueves responderá en la Audiencia Nacional a preguntas de todos los letrados. La Fiscalía pide para él más de 109 años de cárcel en el juicio que se celebrará en diciembre.
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Acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, acumuló un patrimonio de más de 20 millones de euros en España.
Comisión rogatoria
El juez de la Audiencia Nacional de España que instruye el caso “Tándem”, Manuel García-Castellón, ordenó emitir una nueva comisión rogatoria a nuestro país con el fin de embargar, bloquear y decomisar tanto bienes como activos financieros mercantiles propiedad de Villarejo. También solicita el bloqueo de cualquier cuenta que tanto él como su hijo, su mujer o su socio tengan en ese país. Lo mismo había hecho ya en diciembre de 2017.
En mayo de 2020, la Policía Nacional de España encontró en los allanamientos realizados en las propiedades del excomisario José Manuel Villarejo un documento llamado ‘Patrimonio’ en el que se detalla un listado de hasta 50 inmuebles repartidos entre España y América; entre ellos había dos palacetes en Uruguay valorados en más de un millón de euros.
García-Castellón señaló que desde Uruguay se ha completado parcialmente esta solicitud y de hecho un juzgado de Montevideo bloqueó por dos años los movimientos a la sociedad Participaciones Marvila SA respecto a los inmuebles de los que es propietaria. Se solicitó además que ampliara información sobre una segunda sociedad denominada Topy SA para ver qué conexión tenía con los investigados.
Sobre esta, el juez dice que, al igual que Pierre SRL, fue adquirida en 2007 por Central de Criterios Creativos (actualmente Cenyt Consultoría Organizacional) cuyo titular real es Villarejo. Y que según mail intervenido al hijo del comisario, José Manuel Villarejo Gil, se identifica a Topy como propietaria y a Pierre como explotadora del Hotel Don Pepe que está ubicado en Punta del Este.
Villarejo también es propietario del histórico castillo Idiarte Borda, patrimonio nacional valuado en 700.000 euros, inmueble que la Intendencia de Montevideo procura expropiar y donde se están desarrollando 42 cursos por la Asociación de Amigos del Castillo Idiarte Borda.
La otra propiedad hallada fue la Casa Ellauri, valuada en 400.000 euros.
“Proyecto King”
En otra de las causas, denominada “Proyecto King”, existe un informe por el que Villarejo se embolsaría 5,3 millones de euros a través de sociedades pantalla, que recogía interceptación de comunicaciones, informaciones bancarias y otros elementos de privacidad de Gabriel Obiang para perjudicarlo en la sucesión al trono frente a su hermano Teodorín Nguema Obiang en Guinea Ecuatorial. A través de este informe se recabó información clave para la encarcelación de Villarejo y su socio Carlos Salamanca Vilches.
Ahora, el magistrado aceptó una solicitud de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) realizada en enero de este año, y después de escuchar a la Fiscalía Anticorrupción sobre la misma, aparecen nuevas comisiones rogatorias a Uruguay relacionadas con “las ilícitas actividades” del entramado empresarial del excomisario Villarejo.
Señala el magistrado, que el comisario, hoy ya en libertad provisional, realizó una misión a cuenta del empresario Francisco Menéndez Rubio. En ese ‘encargo’ el entonces comisario en activo, a cambio del pago de 5 millones de euros, se habría comprometido a facilitar la introducción en el mercado español de dinero recibido por empresarios guineanos “evitando los controles administrativos y policiales”.
Parte de dichos pagos, “al menos 1.675.000 euros” fueron satisfechos por Menéndez Rubio desde una cuenta abierta en Suiza por la sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas de nombre Boway Holdings Limited. El juez indica que esa sociedad se nutría a su vez de fondos de procedencia ilícita vinculados a la corrupción en los negocios internacionales, y que el destino de esos 1,6 millones fue las cuentas bancarias abiertas por sociedades controladas por Villarejo y que estaban ubicadas en Reino Unido, Uruguay y Panamá.
Global Sinapsis Investment
García-Castellón indica que de los avances en la investigación, desde la primera comisión rogatoria se han ido corroborando indicios y se sabe que se usó la sociedad uruguaya Financiera Uruplán SA (que luego pasó a llamarse Global Sinapsis Investment SL) como destinataria de pagos por contraprestación del proyecto King.
Así, explica que los documentos que se han remitido por parte de Uruguay “reflejan la operativa de blanqueo de capitales mediante aquel flujo transnacional de fondos” y ha permitido a los investigadores tener un conocimiento más profundo de “la estructura societaria, del entramado de cuentas bancarias y de la propiedad de bienes inmuebles de la organización criminal investigada radicados en aquella jurisdicción”.
Por eso, en esta nueva comisión rogatoria, y atendiendo a lo que solicita la UAI, pide el embargo y decomiso de los bienes y activos financieros de las sociedades creadas por Villarejo en Uruguay. En concreto, los de cuatro mercantiles y los del comisario, su hijo, su mujer (Gemma Alcalá) y su socio en Cenyt, Rafael Redondo.
Amenazas a Pedro Sánchez
En una carta publicada en enero de 2019, el excomisario de policía amenazó al jefe del gobierno socialista Pedro Sánchez con revelar nuevas informaciones comprometedoras. El dirigente lo trató entonces de “chantajista y corrupto”.
A su salida de la cárcel madrileña, Villarejo dijo: “Me habría gustado que algunos medios de comunicación se hubieran acordado de aquello de la presunción de inocencia y, un matiz, los cuerpos jerarquizados; una cosa es el empleo y otra el cargo. Yo no soy excomisario, aunque me condenaran a galeras seguiré siendo comisario y he tenido el honor de trabajar para mi país. Les digo lo de siempre: las cloacas no generan mierda, la limpian”.
Como el Uruguay no hay
En España, Uruguay está en todos los diarios por tema lavado de capitales. A lo de Villarejo se suma la difusión pública del pedido del exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, acusado en otra causa, llamada la causa Erial, en la que de nuevo aparece el nombre de Uruguay. Una de las diligencias reclamadas en el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente de la Generalitat valenciana era el testimonio del abogado uruguayo Fernando Belhot, diligencia que fue negada en apelación por la Audiencia de Valencia. El intermediario uruguayo se autoinculpó como supuesto “testaferro” de Zaplana, tras llegar a un pacto con la Fiscalía y el Juzgado, luego de haber sido acusado por lavado de dinero y declarar en una audiencia secreta. Según informa el diario español Okudiario, la confesión de Belhot, quien es conocido internacionalmente por su condición de comisionista en casos de blanqueo de dinero como Odebrecht, se produjo por videoconferencia mientras el sumario se mantenía en secreto. Su acusación contra Zaplana, de quien se declaró testaferro y señaló como el propietario de una cuenta en Suiza, supuso el ingreso en prisión del exministro de Aznar. Es curioso que el abogado de Zaplana nunca pudo interrogar a Belhot en una videoconferencia secreta en la que solo preguntaron el fiscal y la titular del Juzgado que instruye el caso Erial. Nadie insistió en aclarar cómo había llegado y salido el dinero de Suiza y cuándo se produjeron las operaciones monetarias. Belhot había sido imputado en la causa por un delito de blanqueo, pero, tras entrevistarse en Montevideo con el fiscal del caso, se convirtió en testigo, quedó fuera del proceso y pasó de investigado a arrepentido/colaborador. La jueza lo admitió y declaró el sumario secreto una vez que el fiscal regresó de la capital uruguaya. En dicha causa Erial, Eduardo Zaplana pretende que se amplíe la declaración conseguida por la jueza de Valencia así como los movimientos de la cuenta de la empresa Misión, de donde se giraron los 6 millones de dólares presuntamente de su propiedad. Pero además exigen que tanto el testigo como su exesposa, González Lerena, cofirmantes de dicha cuenta, den explicaciones de otros movimientos existentes en la misma, contemporáneos a la compra de inmuebles millonarios por parte de la esposa de Belhot, que además es hermana de la propietaria de otra razón social, BGL, empresa que ha sido reiteradamente mencionada en causas de lavados de dinero.
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