El giro de Gurméndez en torno a la reserva de los gastos publicitarios de Antel

Como parte de la campaña, Antel encargó un spot audiovisual en el que participaron destacadas figuras artísticas y deportivas de Uruguay; Luis Suárez, Antonio Pacheco, Álvaro Recoba, María Noel Riccetto y Agustín Casanova son solo algunas de las personalidades que participaron.

La empresa pública argumentó que la difusión de los números podría ser “una pérdida de ventajas competitivas” y llegar a “dañar su proceso de producción”, según informó este jueves el semanario Búsqueda.

Gabriel Gurméndez, presidente del ente, firmó la resolución de confidencialidad arguyendo que resulta “imposible” dar a conocer la información en medio de “una gran competencia que se está dando actualmente en el mercado de las telecomunicaciones”.

Esta decisión del jerarca generó que muchos hicieran acuerdo de su postura anterior en cuanto a la confidencialidad de los gastos de Antel y advirtieran un giro en sus convicciones.

En el pasado, Gurméndez fue muy crítico con la reserva de los gastos en el período de Carolina Cosse al frente de la empresa. En septiembre de 2020, después de que se cursara un pedido de acceso a la información, el jerarca difundió los gastos en campañas publicitarias de Antel, entre los años 2010 y 2014, cuando la actual intendenta de Montevideo presidía la empresa de telecomunicaciones.

En esa oportunidad, Gurméndez anunció por Twitter la decisión de levantar la reserva y defendió la medida en base al “mandato legal y compromiso” que suponía para el gobierno la “transparencia”.

“Hemos decidido levantar la confidencialidad y reserva de todos los gastos de promoción, auspicios y publicidad decretada por anteriores autoridades de ANTEL. La transparencia es un mandato legal y un compromiso de este gobierno”, escribió en dicho momento Gurméndez.

A esto agregó que “la imposición de la cultura del secreto, y no responder a las solicitudes de acceso a la información pública, limitó el derecho de ciudadanos, periodistas y legisladores a ejercer el contralor del manejo del dinero de la gente. Eso es contradictorio con un “ANTEL de todos”.

Hemos decidido levantar la confidencialidad y reserva de todos los gastos de promoción, auspicios y publicidad decretada por anteriores autoridades de ANTEL. La transparencia es un mandato legal y un compromiso de este gobierno.

— Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) September 3, 2020

Información reservada

La ley n° 18.381, de acceso a la información pública, explicita que «se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales». Es decir, la reserva y la confidencialidad son excepciones que deben estar debidamente justificadas.

El artículo 9 refiere a la información reservada. Los motivos son:

A) Comprometer la seguridad pública o la defensa nacional.

B) Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado uruguayo.

C) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.

D) Poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona.

E) Suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción (este es el numeral que erigió Antel).

F) Desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados.

G) Afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada.

La clasificación de la información reservada debe realizarse en el momento en que la información se obtiene. La ley establece la situación excepcional de declarar la reserva cuando la información se solicita. De acuerdo con la norma, Antel ahora debe enviar esa información a la Unidad de Acceso a la Información Pública para que el organismo de contralor decida si la decisión tiene fundamentos.

La reserva de la información puede caer en cualquier momento si las circunstancias que la generaron desaparecen.