El último esfuerzo para anular la mala ley

Pese a ese fervor oficialista de los medios, las encuestas de opinión pública vienen mostrando una creciente paridad que anticipa un final abierto, y eso aun cuando las empresas encuestadoras tampoco han hecho gala de equidistancia en las mediciones de los últimos años, por lo menos si tomamos en cuenta el contraste entre sus vaticinios electorales y los resultados concretos, en general mucho menos favorables a las opciones de la derecha del sistema político de lo anticipado por los sondeos.

Con este panorama de blindaje mediático ostensible y números nada alentadores, el gobierno está dejando todo en la cancha para obtener el triunfo el próximo 27 de marzo, y todas sus figuras, desde el más remoto legislador departamental hasta el presidente de la República están todo el día en campaña, tanto en actividades proselitistas como en el ejercicio de la gestión, donde no se toma ninguna medida sin sopesar su impacto sobre los comicios. Es más, muchas de las medidas se toman para influir positivamente en el resultado del referéndum o, por lo menos, para impedir una influencia negativa de la realidad.

Hemos visto como durante todo el período desde que comenzó la recolección de firmas, el gobierno ha hecho lo posible por obstaculizar a los promotores de la anulación de los artículos. Negó la cadena, negó la extensión del plazo, a pesar de la crisis sanitaria durante los meses de juntada de firmas, se obstinó en perseguir a los sindicatos y sus carteleras gremiales, sancionó, denunció a dirigentes, quiso acallar a las murgas, puso a la Policía a filmar e incluso a actuar en contra hasta de personas con sus mesas de recolección o sus banderitas rosadas. Pero también hemos visto cómo los intendentes, ministros, legisladores departamentales o representantes nacionales se volcaban a la campaña en actos en los que no siempre quedaba clara la diferencia entre el Estado y los partidarios de una posición política. Todo se hizo así: hasta se llegó a decir que mientras ellos vacunaban, los opositores juntaban firmas, como si entre los miles de vacunadores y trabajadores de la salud no hubiese miles de opositores que, probablemente, en sus ratos libres también juntaban firmas o promovían la papeleta rosada.

Pero nada de eso parece haber alcanzado para asegurar el resultado. El nerviosismo campea en la Torre Ejecutiva y ahora el propio presidente se pone la campaña al hombro y manifiesta que será él quien hable en la cadena del No, ahora rebajada a conferencia de prensa, pero que, como bien sabe él y sabemos todos, igual tendrá la difusión de una cadena nacional. Ya ni importa si viola la Constitución ingresando de lleno en una campaña electoral, cuando la Carta Magna de nuestro país le prohíbe el proselitismo, lo único que importa es ganar. Y para eso Luis Lacalle Pou está dispuesto a hablar en representación de los uruguayos que lo votaron, olvidando que es el presidente de todo el país y que es ese el motivo por el cual la Constitución lo preserva de este tipo de actividades.

Mientras tanto, el movimiento social que promueve el Sí se multiplica en actividades de campaña puerta a puerta, barrio a barrio, pero sin visibilidad en los medios y, por supuesto, con muchísimos menos recursos. Para colmo, el Frente Amplio no muestra todavía un protagonismo comparable al del gobierno en su opción electoral y los referentes más conocidos de la izquierda no están todavía tan presentes en la brega como en otras ocasiones.

Faltan apenas 15 días para el referéndum y todos los estudios coinciden en que el porcentaje de indecisos es muy alto, compuesto además de forma mayoritaria por ciudadanos y ciudadanas poco interesados en la política y escasamente informados sobre una ley que es muy extensa, compleja y abarca muchos temas muy distintos. Llegar a esa población y llegar sin la gracia de los grandes medios es un desafío enorme que tienen por delante todos los promotores del Sí, especialmente la izquierda y sus principales dirigentes. Queda poco tiempo y un montón de gente sin definición, con la que hay que hablar, a la que hay que informar, y a la que hay que convocar y convencer. El gobierno está jugado a la imagen pública del presidente y a la apabullante campaña mediática, la izquierda no puede subestimar el poder del poder, y tampoco debe guardarse nada. Los artículos impugnados son muy malos, no les hacen bien a nuestro país ni a nuestra democracia. Falta poco para anularlos, pero falta. Y en este plazo escaso que nos queda, es mejor que hable todo el que tenga algo para decir, porque después ya es tarde.