Emergencia habitacional

La actividad fue convocada por la Coordinadora Nacional de Asentamientos (CNA), la Federación de Cooperativas del Programa de Vivienda Sindical (PVS), la Federación Covipro, la Red de ollas populares y la Asociación de Funcionarios del Instituto de Colonización. «La solución para los asentamientos no es enfrentar a las y los pobres del campo con las y los pobres de la ciudad. La problemática de los asentamientos y de los colonos merecen políticas públicas serias y de fondo», expresaron.

“Queremos que el Estado se involucre”

En dialogó con Caras y Caretas, Carina Zeballos, una de las voceras de la CNA, dijo que la movilización no fue únicamente para plantear temáticas vinculadas a la vivienda, sino que los asentamientos requieren una política integral que incluya acceso al trabajo, educación, salud y a la cultura. “Reclamamos vivienda para vivir, no para el mercado o la especulación”. La referente también dijo que están solicitando becas para aquellas mujeres que habitan en asentamientos y no saben leer ni escribir. “Qué oportunidad de trabajo pueden tener, o para resolver una vivienda”. “Queremos intervención integral, que el Estado se involucre en los asentamientos. Vienen recortando Presupuesto, que nunca llegó al 1%, y encima sacan más plata”, cuestionó.

También expresaron su desacuerdo con la propuesta del gobierno de utilizar fondos del Instituto Nacional de Colonización “porque implica poner a pelear pobres contra pobres y la pobreza rural hace que más cantidad de personas vengan a vivir a los asentamientos de las capitales departamentales”.

“Nadie desea vivir en un asentamiento”

Ada González vive en un asentamiento hace dos años, lugar donde fue a para por circunstancias ajenas a su voluntad. “Tenía mi propiedad y terminé viviendo en un asentamiento. Y esa suele ser una parte de la estigmatización: nadie desea vivir en un asentamiento, aislado, vulnerado y en situaciones en las que, a veces, no te llega ni el agua”. Contó que cuando llegó al asentamiento comenzó a conocer la realidad que atraviesan quienes habitan estos espacios, sobre todo mujeres, niñas y niños. “Los asentamientos están llenos de madres jefas de hogar, con niños y niñas, es lo que abunda. Y las carencias que enfrentan son de todo tipo: alimentación, salud, educación, empleo”. González aseguró que la precariedad en la que viven se está agudizando con el paso del tiempo y con las diferentes medidas que toma el gobierno. “Ahora se recortó la alimentación en los comedores de las escuelas y niñas y niños llegan a su casa con media ración de comida”.

Con la esperanza de intentar “revertir un poco la situación”, González decidió, en 2019, integrarse al grupo de mujeres de la CNA, que si bien data de los años 90, venía de varios años de receso. Actualmente, el grupo activo de la coordinadora está integrado por 24 mujeres que representan a 24 asentamientos diferentes. “En el año 2019  hicimos 30 asambleas en diferentes barrios y asentamientos y conectamos la gravísima problemática en la que se encuentran muchas familias asentadas, agudizada por la infinidad de recortes de recortes en políticas sociales que apuntaban a la construcción de una mejor calidad de vida para esta población, como los Socat”. Durante ese relevamiento, por ejemplo, se encontraron con familias viviendo arriba de basurales y hogares con muchas jefas de familia que no sabían leer ni escribir. En Mendoza e Instrucciones, registraron varios casos de niñas y niñas con plombemia (envenenamiento con  plomo). También declararon que existen miles de casos de niñas y niños que habitan hogares donde hay violencia de género. En este escenario, desde la CND, confirmaron la necesidad de exigir un abordaje apropiado y multidimensional del problema.

En tal sentido, González explicó que elaboraron una plataforma de reivindicaciones en la que plantearon, en primera instancia, la concreción de mesas interinstitucionales de políticas que apunten a coordinar las acciones del sistema público de vivienda y, de esa forma, poder trabajar sobre otras dimensiones mencionadas como la salud, educación, cultura, empleo, seguridad y justicia. “Estas mesas exigen la participación del Estado, los ministerios, así como de vecinas y vecinos, que somos la personas damnificadas que estamos luchando por los derechos que nos corresponden”.

Por otro lado, también piden “aumentar la cartera de tierras del MVOT”, regularización de servicios públicos, creación de planes de estudio y becas de capacitación que apunten a la independencia económica, poder regularizar las tierras, no más desalojos de personas en situación de pobreza y un “serio abordaje” a la salud mental y a las adicciones, entre otros aspectos. “La intervención tiene que ir más allá de la vivienda y la alimentación, que son fundamentales. La mayoría de las políticas que se implementan son de corte asistencialista o gestionadas por organizaciones sociales, a quienes le agradecemos que se pongan al hombro estas luchas, mientras el Estado siempre está ausente”.

Otra de las reivindicaciones, enfatizó González, es “no perder los derechos conquistados”. “En el período anterior de gobierno se venía trabajando, a mi entender con éxito, pero actualmente se está cayendo todo, los derechos están siendo más vulnerados. Al recortar los presupuestos, que ya era bajos, el pueblo trabajador y las personas pobres somos las más perjudicados en tiempos de crisis. Los recortes siempre son por abajo y los beneficios que teníamos, como el Socat, las regulaciones y otros programas del Mides se cortaron. Si no podemos regularizar, no podemos acceder a otros servicios”, expresó.

Para la referente, este tipo de espacios, como la CNA, son vitales para poder organizar la lucha por los derechos, por lo cual se hace necesario llegar a más barrios. “Sabemos que existen más de 600 asentamientos, con más de 200.000 personas, pero actualmente tenemos representación solo de 30. Queremos llegar a todos los barrios, pero se nos ha hecho cuesta arriba ya que nuestro trabajo es a pulmón, lo hacemos entre vecinas y por nuestra cuenta. Pero el objetivo de las asambleas es ese: poder llegar a todos los vecinos y vecinas y lograr que se organicen, involucren y comprometan para poder generar una correlación de fuerzas y dejar de ser invisibles”

Vivienda como necesidad

Por su parte, Covipro emitió un comunicado mediante el cual reivindicó que «los préstamos a las cooperativas también son emergencia habitacional». Asimismo, plantearon la «necesidad inmediata» de concretar los dos sorteos anuales que establece la reglamentación de 2008, de realizar el calendario para las factibilidades de terrenos y la escrituración de las cooperativas con proyecto ejecutivo aprobado.

Sergio Requel, integrante de Covipro, explicó que el objetivo de la movilización fue manifestar “la falta absoluta de sensibilidad por parte del gobierno” y “una falta de presupuesto bastante importante que comenzó con la LUC, siguió con el Plan Quinquenal de Vivienda, luego con el Presupuesto y ahora con la Rendición de Cuentas donde moneda, como moneda corriente, tenemos una rebaja con respecto al quinquenio anterior”.  Requel señaló que el presupuesto para Vivienda, de menos de 0,5%, “ya era insuficiente” y que, actualmente, la situación empeoró. En el caso de las cooperativas de vivienda, señaló, enfrentaron un recorte del 40% con respecto al año anterior, lo que significa que la espera de cooperativistas habilitados para escriturar, con los proyectos ejecutivos aprobados, se extendió dos años. “Nos enfrentamos a un gobierno que sigue sin cumplir con las 50.000 viviendas prometidas durante la campaña electoral, a la que se suma la reducción de los sorteos para acceso a la vivienda de las cooperativas”, dijo remarcando que anteriormente se realizaban dos sorteos anuales de 750 viviendas  y ahora se realiza solo uno de 750. Sabemos que se está estudiando volver al sistema de dos sorteos para 2022, pero habrá que ver cuánto dinero se destina a esos dos sorteos”. Sobre la problemática de los asentamientos, expresó: “No entendemos porque el Ministerio tiene dos propuestas de fideicomiso para atender la problemática y no se aprueban. Suponemos que es parte de un problema que tiene la propia coalición de gobierno”.

En la misma línea, Eduardo Tropiano, integrante de la dirección del Programa de Vivienda Sindical, explicó que participaron de la movilización junto al resto de las organizaciones “por el derecho a la vivienda digna” y “que se vea como una necesidad y no como una mercancía”. Entre los puntos de la proclama, mencionó “más presupuesto para la construcción de viviendas” y “exigir que se cumplan con las escrituras a llevar a cabo”. Expresó que hay 40 cooperativas del PVS que están esperando escriturar y otras 40 que aguardan para poder iniciar las obras.