Paulo Priliac, abogado del dueño del ganado, entrevistado por La Diaria, dijo que el hombre contratado por la empresa, vendió por lote las 300 vacas; les colocó caravanas falsas, pero no las remarcó. Ninguno de los seis productores implicados corroboró que la información de la guía fuera la misma que la marca. «Todos los productores rurales saben, o tienen que saber, que la marca es lo que prueba la propiedad», dijo el abogado.
Según su versión, algunos de los compradores alegaron que exigieron la trazabilidad, pero sin fijarse en la marca del vacuno, como lo indica la propiedad según la ley 17.997, que establece el Sistema de Identificación y Registro Amimal. «Por eso se imputa la receptación», dijo.
Por su parte el diputado del Partido Nacional, por el departamento de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo a La Diaria que se siente muy consternado por el caso, porque la persona que procedió a vender el ganado de forma ilegal era su primo. Opinó que los implicados actuaron de buena fe y «los atrapó un tecnicismo jurídico, porque no corroboraron la propiedad que es la marca».
El legislador aseguró que su primo entró en «una calesita de deudas de varios años», y por eso hizo la maniobra de cambiar caravanas para ver animales.
El nacionalista, que, además de legislador y abogado, es productor ganadero, sostuvo que la trazabilidad en los hechos se transformó en la propiedad, en lugar de la marca. «Todos los que compramos ganado exigimos la trazabilidad como constancia de propiedad, a pesar de que jurídicamente la propiedad es la marca.
Explicó que comprobar la marca «es un trabajo chino», porque hay que pasar los animales por el tubo y «mirarlos uno por uno en el cepo para corroborar que tengan la marca de la persona que los vendió».
Umpierrez aseguró que en la actualidad muchos productores no remarcan el ganado como prueba del cambio de propiedad.
Dijo que él remarca los animales, pero «jamás» se fija en la marca del que se los vendió: «No me pongo a revistar cada uno de los animales», concluyó el legislador.
Benech se lo veía venir
Meses atrás el ministro de Ganadería y Agricultura, Enzo Benech, había denunciado que detrás del abigeato había intereses empresariales y de negocios. Esto motivo la furia de Un solo Uruguay el que a través de un comunicado acusó al secretario de Estado de no hacerse cargo del tema.
No obstante, por esos días sucedió un hecho que parecía darle la razón a Benech: el productor ganadero y dirigente del Partido Nacional de Tacuarembó y de Un solo Uruguay, Rodrigo Olaso fue detenido en el marco de una investigación por estafa y abigeato. Si bien quedó en libertad se le impuso la prohibición de salir del país mierntras sigue la investigación. La denuncia señala que “surge de la evidencia obrante en autos, que el imputado, se apoderó mediante sustracción de ganado vacuno ajeno, modificó dispositivos de identificación individual oficial del ganado, falsificó guías de propiedad y tránsito y expidió certificados de guía falsos con la finalidad de aprovechamiento, concurriendo las circunstancias agravantes especiales previstas para el delito de abigeato”.
Ahora el caso de Rocha vuelve a actualizar las palabras de Benech y a dejar a descubierto los manejos empresariales detrás del abigeato.
Este delito tiene una pena de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.
