Se continuó con parte de lo que estaba en archivo, que todavía no está terminado, ni siquiera el trabajo de digitalizar el archivo que durante 5 años estuvo acá. Es una secretaría que está muy desguazada a nivel de cantidad de gente, de funcionarios, de roles y de necesidades si uno piensa en el período 2015-2020 y lo compara con el 2020-2025. En el final del periodo de Tabaré Vázquez se estaba dentro de 3 archivos que no fueron terminados de digitalizar y que, por más que el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que ningún gobierno había hecho en materia de derechos humanos, memoria y transparencia lo que el Gobierno de Luis Lacalle Pou estaba haciendo, lo primero que yo preguntaría es ¿por qué no se continuó con los acuerdos con la Universidad de la República, tanto con la Facultad de Humanidades como con la Facultad de Información y Comunicación para seguir desarchivando y digitalizando archivos que son centrales, por ejemplo, el de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que solamente se digitalizó el 30 %?
Este en un país donde hay un pacto de silencio y donde, por ahora, los archivos son una fase fundamental para entrecruzar información e intentar tener un poquito más claro por dónde van los tantos en materia de búsqueda.
¿Por qué cerró el archivo en el que se estaba trabajando en Defensa, del cual se digitalizaron 122 rollos, pero quedaban por digitalizar 168? Y estoy hablando solo de 2 archivos a los que ya se había ingresado. Recordemos que el acuerdo, por ejemplo, con la Universidad de la República fue, si no me equivoco, del 2013; o sea que se puso en marcha en el 2014. Durante los últimos cinco años no se ingresó a ningún archivo, por darte ejemplos de cómo estaba la secretaría.
Por otro lado, nunca se cumplió con uno de los objetivos centrales que es la generación de una política de Estado de memoria, como sí la tienen otros países del Cono Sur atravesados tanto como nosotros por el Plan Cóndor. Te voy a dar dos realidades bien diferentes: Argentina, más allá de todo lo que está viviendo ahora y de los golpes por el discurso negacionista del terrorismo de Estado, y Chile. Las políticas de memoria que han llevado adelante atraviesan a la sociedad, son políticas de Estado. Podría ponerte otro ejemplo que es Colombia, que nada tiene que ver con el Plan Cóndor, pero sí con lo que es el terrorismo de Estado y cómo lograron ellos también tener una política que atravesó gobiernos de diferentes partidos, que no empezó con Petro, te diría que debe haber empezado con Santos, pero con Duque seguro, y aquel acuerdo incluso del que participó Mujica a solicitud del Gobierno colombiano. Bueno, en Uruguay eso no se ha dado.
Política que no termina de concretarse tomando solo como referencia los 30 años de una de las marchas civiles más importantes de Uruguay como es la del 20 de mayo.
Yo pensaba en esto de 30 años, 30 marchas y que es necesaria una construcción de una pedagogía de la memoria, porque es lo único que puede llegar a hacer carne para que nunca más haya terrorismo de Estado. Solamente mediante la educación, la cultura y la pedagogía en la memoria se logra eso.
Defina un poco más lo de pedagogía de la memoria.
Pasa a ser como lo troncal de la gestión el tratar de lograr esa construcción colectiva de nunca más terrorismo. Está comprobado que solamente a través de la participación de la gente, que es intergeneracional, que es desde las localidades más chiquitas hasta la centralidad montevideana, y que es la construcción de la historia, de ese pasado reciente de la memoria, que no son solo las víctimas directas del terrorismo de Estado, que son los movimientos sociales, los trabajadores, los estudiantes, que son la gente que en localidades muy pequeñas quedó marcada por haberle dado un lugar donde dormir algún vecino, se construye la identidad que se da en la transmisión oral, que muchas veces pasan muchos años hasta que alguien, no es que no se anime a contar, sino que nunca nadie le fue a preguntar, y que fue la resistencia de la ciudad, del pueblo uruguayo a esa dictadura cívico militar.
La memoria que pervive en la gente.
Es que cuando uno ve qué circular es la historia en otras áreas, en otros lugares del mundo, cuando los discursos negacionistas han vuelto a instalarse en nuestra región y en muchas otras partes frente a los genocidios, frente a lo que estamos observando, un Gobierno que se precie demócrata tiene que construir una pedagogía de la memoria, tiene que lograr que eso sea mucho más que la participación en mayo de la ciudadanía y que se discuta, se trabaje y se charle en todos los niveles.
A veces uno tiene muchos prejuicios: ¿cómo me muevo yo con un celular, una computadora, por ejemplo? Pero es la manera de comunicarse de nuestros hijos. ¿Qué hacemos con eso?, ¿cómo trabajamos?, ¿cómo lo trabajamos conectados con esa sociedad civil que puso el cuerpo?
A veces nos olvidamos que a Madres y Familiares, cuando hablamos de 40 años de democracia, no los recibieron durante 20 años, prácticamente, de esa misma democracia. Yo recuerdo la foto de Nancy Urrutia de Luisa Cuesta estirada intentando darle una carta a Julio María Sanguinetti, que mira para otro lado, y a Tarigo (vicepresidente del gobierno de 1985) como bajando la mano. Recordemos que la primera vez que alguien recibió a Madres y Familiares fue Batlle (año 2000), unos meses antes de la creación de la Comisión para la Paz, de la aparición de Macarena Gelman. En política de construcción de memoria nosotros llevamos veintipocos años. ¿Y cuánto hacen en los departamentos? Surge todo en mayo porque la prensa sale a informar, pero hay que ver a los que trabajan todo el año. En Bella Unión, por ejemplo, sacaron una publicación… Lo que han hecho en Treinta y Tres, Río Negro, en Soriano…
Yo lo que creo es que para construir una pedagogía de la memoria hay que trabajar muy cerca del MEC, del Codicen, de lo que nos digan los docentes, de la sociedad civil, abrir bien las orejitas y no pensar que uno por estar en un lugar de gobierno tiene respuestas para todo. Hay que abrir bien las orejitas a la gente que viene trabajando en estos temas, empezar a ver cómo se transmite eso a las generaciones nuevas, porque a veces pasa al menos una generación que no tuvo la palabra terrorismo de Estado en su programa de estudio en los últimos 5 años.
¿La Secretaría, desde el punto de vista institucional, en qué lugar está y cuál es su función?
Hay dos secretarías que dependen de Presidencia de la República y de la Secretaría del presidente de la República: una es la Secretaría de Derechos Humanos, que está a cargo de mi compañera Collette Spinetti, y la otra es la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que comprende un periodo específico que va entre los años 1968 y 1985. Eso es por ley y tiene que ver con todo el trabajo que se fue haciendo a lo largo del tiempo después de la creación de la Comisión para la Paz. Después de eso, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se habla del Grupo por Verdad y Justicia, y después se define llamar Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, donde estaban Graciela Jorge, Felipe Michelini…
¿Cuál es su vínculo con la Institución Nacional de Derechos Humanos?
A partir de la ley que se votó a finales de 2019, principios de 2020, la Secretaría que tenía a su cargo la búsqueda lo que hace es responder a las necesidades a nivel de información, archivística y, eventualmente, por ejemplo, locativa en relación al GIAF (Grupo de Investigación en Antropología Forense), de la seguridad del GIAF y de determinados elementos, responder a lo que solicita el equipo de búsqueda que está en manos de la institución Nacional de Derechos Humanos. Una decisión política que definió que el tema investigación y búsqueda pase a ser parte de la institución Nacional de Derechos humanos que depende del Parlamento, es decir, de todos los partidos con representación parlamentaria, yo creo que como una manera de blindar esa búsqueda. En relación a la institución, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con una ley que nos dice: usted está digitalizando archivos, tiene que darle todo ese material una vez digitalizado, tanto parcial o totalmente, al área de los investigadores y búsqueda de la institución. Eso se relaciona con el INDH.
¿Y qué otras tareas cumple la Secretaría?
Nosotros trabajamos en identidad. Si bien la Comisión de Identidad de origen tiene la rectoría de Spinetti, hay toda una parte de identidad que ingresa básicamente por esta secretaría. Hay, por ejemplo, mucha gente que nació en determinada época que viene a averiguar porque se entera de que es adoptada, que sus padres no son sus padres biológicos, que por x motivo se entera, con la edad que podemos tener nosotros, de que eso sucedió en distintas partes del país e ingresa al área de identidad. En el área de identidad nosotros específicamente trabajamos, obviamente tratando de dar a la ciudadanía, a aquella persona que viene, todas las facilidades para la búsqueda de información. Estamos tratando y ya hemos hecho acuerdos con la Intendencia de Montevideo por el tema de las partidas, para facilitar algunas tareas en relación a lo que son juzgados e INAU, con el Pereira Rossell y también, en algunos casos más puntuales, trabajando fuertemente con CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) en Argentina, que es quien tiene a su cargo un banco genético en la búsqueda de lo que podríamos llamar nietos o hijos de detenidos desaparecidos.
Ustedes también tienen otra puerta más que es la posibilidad de las denuncias.
Nosotros recepcionamos denuncias. En estos tres meses, cada vez que yo he recibido alguna denuncia, de inmediato me comunico con el equipo del GIAF, con Alicia Lusiardo, le traslado si es por escrito, el tipo de denuncia, si es que tengo algún contacto, porque debemos saber que hay muchas denuncias que son anónimas, y ese es un trabajo hormiga, pero nosotros tenemos que tener mucha confianza en los equipos investigadores.
Todos sabemos que cerca de mayo hay más denuncias de lo común. Entonces hay que saber cuánto puede haber de verdad o no, cuánto es de contrainteligencia, que también suele suceder. Nos ha pasado muchas veces que han denunciado lugares donde se estaba excavando y te dicen que es en otro, como una manera de distraer. Eso ya lo ha denunciado Alicia Lusiardo e incluso el fiscal.
Maniobras de contrainteligencia y mayo, el mes donde se tensiona el tema a nivel de la sociedad, tampoco parecen alcanzar para romper el pacto de silencio.
Yo creo que el pacto de silencio y la cobardía de aquellos que ejecutaron el terrorismo de Estado, la desaparición y el asesinato de personas en nuestro país es muy difícil que se rompa. Es más, no tengo mucha expectativa ni esperanza en que se rompa, pero sí me parece que estamos como sociedad maduros porque ya estamos a 40 años de la recuperación de la democracia, 50 años del Plan Cóndor, hasta como una forma de identidad en estos 200 años, en este bicentenario, y 30 marchas. Creo que la sociedad puede estar más abierta y más madura. Entendiendo que existe una confidencialidad en relación a otras generaciones, pero con aquellos que son hijos de militares surgieron los grupos de Historias Desobedientes en los distintos países a partir de tomar conciencia y de saber y de escuchar lo que pasaba, a la gente que hizo pozos y que era un cabo que escuchaba a gente que trabajaba en la cocina, a los vecinos cercanos a esos lugares, a las familias que capaz manejaban algún grado de información. Bueno, yo creo que hay que apostar por ahí en algún momento. Se hizo una campaña, si no recuerdo mal, en el segundo gobierno de Vázquez, junto a la Iglesia; hay gente a la que determinadas instituciones le dan tranquilidad o seguridad de que van a respetar su anonimato. Nosotros tenemos que apostar a eso, a que la información pueda llegar de esa manera.
En el acto de reconocimiento que el Gobierno debió hacer, en nombre del Estado, de su responsabilidad, se hizo famoso eso de que quienes manejaban información la aportaran. A nivel de documentación de la Secretaría no tenemos nada. Yo al menos con el informe que me encontré y con lo que trabajo con los funcionarios que están desde hace muchos años en esta Secretaría, no.
¿Cómo es el relacionamiento de la Secretaría con respecto a la actuación del Poder Judicial y de la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos?
El relacionamiento es de poder brindarle toda la información que nos pide, si es que está en los archivos de la Secretaría. Con el fiscal especializado es estar a la orden; cuanto más rápido podamos responder a oficios o a solicitudes del fiscal, facilitamos también la tarea de la Justicia. Ahora no tenemos ningún tipo de relacionamiento por la división de poderes y esto es el Poder Ejecutivo. No tenemos tampoco relacionamiento con el Poder Legislativo más allá de estar a la orden con las comisiones de Derechos Humanos y legisladores si necesitan algo que nosotros podamos brindar.
¿Cómo es el relacionamiento con el resto del Poder Ejecutivo?
Estamos llevando adelante un plan de gestión quinquenal. Tuve más de 50 reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil, no solo con Madres y Familiares, Crysol o Hijos, sino con muchas organizaciones de todo el país. La sociedad civil en todo nuestro país es quien pone el cuerpo en estos temas y quien lleva adelante la construcción real de memoria en las localidades, en los distintos departamentos, en los grupos chiquitos, barriales, en los municipios. Fíjate vos qué bueno estaría que todas las intendencias tuvieran una secretaria o una dirección de derechos humanos como la que tiene Canelones. Una de las cosas que nosotros pensamos que tenemos que hacer en la Secretaría es ser una especie de facilitador y eso implica tener un diálogo continuo con ministerios, con entes. Pongo el ejemplo, porque lo ponen ellos, de cómo puede ser que se corte un cable de UTE de alta tensión y se detengan durante dos años las posibilidades de excavación en un batallón y nadie atienda eso. Bueno, para eso tiene que estar alguien que actúe de facilitador, que si pasa eso, llame de inmediato a quien fuere para que no demore más de una semana en solucionar el cable.
Podemos hablar de muchas otras cosas que se van trancando. Los expresos políticos y expresas planteaban en una de sus reuniones que se está incumpliendo con la ley de prestaciones, como víctimas del terrorismo de Estado, de salud y de salud mental. Recién ahora el Ministerio se está poniendo al día en confirmar esas prestaciones que venían sin cumplirse desde 2020 y 2021, violando la ley, y no hay una, hay dos leyes para eso. Entonces creemos que de alguna manera deberíamos, ya que se habla tanto de lo interinstitucional y de la importancia de no utilizar para lo mismo miles de recursos distintos y miles de oficinas distintas, ni crear cosas que después no funcionan, el generar un espacio que diga: la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, el Ministerio de Salud Pública, el BPS, el Mides, “señores, tenemos que tener un espacio único en donde aquella persona que es una víctima no tenga que ir a 18 lugares distintos a golpear”, que nosotros podamos resolver en ese lugar los temas que plantea, porque son temas siempre de salud, de salud mental, de actividades que mejoran la salud, de diferentes prestaciones necesarias que van desde los lentes o una operación de ojos o audífonos o bastones o cosas que les demoran, les rebotan, medicación específica, psicólogos preparados en víctimas de terrorismo de Estado, y no que te toque, como le toca a cualquier uruguayo si va a atenderse hoy por una mutualista, que de repente te dan hora para cuando te dan. Bueno, con todo eso también hay un trabajo que no es presupuesto constante y sonante, sino que es articulación. Entonces la Secretaría tiene que ser un factor de articulación.
¿Cómo trabaja una secretaria que no tiene presupuesto?
Hasta ahora ha trabajado siempre en base a las necesidades que se van presentando. Por ponerte un ejemplo: nosotros tenemos que reingresar a tal lugar o ingresar a digitalizar un archivo. Dentro de los acuerdos en la Universidad de la República hay un presupuesto que implica historiadores e investigadores. Se hace el acuerdo y eso lo paga Presidencia de la República.
Me encantaría tener un presupuesto porque hay muchas más cosas para hacer, pero todas las cosas que se han hecho no tienen que ver con un presupuesto específico, sino que tanto en este gobierno como en los anteriores de Presidencia de la República se destinan para la Secretaría de Presidencia distintos presupuestos de acuerdo a las necesidades. Se plantean determinadas necesidades, obviamente, pero esas necesidades también están en línea con los objetivos del Gobierno. El Gobierno declaró como una de las 63 prioridades extremar los esfuerzos para obtener información y dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Bueno, deberán ser el presidente, la Secretaria y el secretario de Presidencia quienes digan si vamos a firmar estos acuerdos, cómo vamos a respaldar al equipo de búsqueda si solicita determinada tecnología… Por suerte, la tecnología está a favor. Entonces hace 6 años me decía la archivóloga que un escáner de los que se utilizaban para digitalizar salía 25 mil dólares y ahora valen 1800. El trabajo que hacen los propios ingenieros analistas también va a nuestro favor. Ojalá algún día la inteligencia artificial también vaya a nuestro favor.
¿Los ejes de la Secretaría para su gestión?
Todo lo que tiene que ver con la búsqueda y los archivos es parte de lo que tengo que hacer. Ya se anunció el 21 de mayo el reingreso a estos archivos. Vamos a reingresar, ya que lo que se desarchivó y se digitalizó solo fue el 30 % de la información y se empezó por los primeros años. Yo ingresé junto con la subsecretaria del MI a ver qué era lo que había, y es muy imponente todo el trabajo que hay.
Por otro lado, el tema identidad y el rol de facilitador de la Secretaría para los reclamos de los ciudadanos y para los reclamos de las víctimas, que son decenas y muy diferentes, que no son siempre los mismos, que uno puede ver en algunos casos que se reiteran, como es el tema salud o salud mental, pero que son totalmente diferentes.
En lo que tiene que ver con los roles de Uruguay en esta materia a nivel internacional, nosotros somos parte de la RAV en los grupos de verdad y justicia, en lo que tiene que ver con las Naciones Unidas y los comités de tortura, y participamos como estructura de Uruguay junto a la Cancillería y a las organizaciones o a otros organismos del Estado que también están en eso.
Lo otro tiene que ver con qué vamos a hacer nosotros en relación a algunas complicaciones que se están dando en la República Argentina. Por ejemplo, qué vamos a hacer cuando hace una semana se anunció un desfinanciamiento para el Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina. Recordemos que ese banco es el que tiene todas las muestras de los familiares uruguayos. Eso se crea a partir curiosamente de un proyecto que surge en Estados Unidos con Abuelas, y ese Índice de Abuelidad se inicia por ahí. Ese banco, que está en Córdoba, es el eje central de toda Latinoamérica. Hay muestras de Colombia, de Chile, de Paraguay, y están todas las muestras genéticas de los familiares de nuestros detenidos desaparecidos. Cada vez que se encuentra algún hallazgo, después de hacer el trabajo que hace el GIAF con su cadena de custodia, viaja un fragmento óseo para que se pueda hacer ese intercambio, ese cruce que permite decir sí o no. Entonces la verdad que es preocupante lo que está pasando, se está desarmando absolutamente todo. La mayoría de los hijos de detenidos y de detenidas desaparecidas uruguayas se encontraron en la Argentina, son nietos recuperados. Tenemos varios. Bueno, ese es todo un trabajo que se hizo institucionalmente, o al menos con el respaldo del Estado. Si vos le sacas todo eso también repercute en las políticas de búsqueda de memoria, de verdad y de justicia de Uruguay.
