Ese fuerte río que suena

Este verano la Intendencia de Canelones (IC) inhabilitó las playas de dos balnearios del departamento. Los niveles de coliformes en Aguas Corrientes y en Parador Tajes llegaron a más de 3.540 ufc/100 ml (unidades formadoras de colonias cada 100 mililitros), cuando no deberían superar los 1.000 ufc/100 ml. Carlos Dárdano, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, dijo a Caras y Caretas que una de las hipótesis la de autoridades (la comuna, OSE y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) es que la contaminación se debió a que el sistema de saneamiento no soportó la cantidad de agua producto de las lluvias. Dárdano aseguró que en la zona 12 de Santa Lucía OSE instaló válvulas que hacen que las aguas servidas se viertan en el río cuando llueve. Dijo que el agua llega hasta una cañada que deriva en el río Santa Lucía, por lo que los niveles de coliformes se multiplicaron. Las autoridades recomiendan a la población no bañarse en los días posteriores a la ocurrencia de tormentas fuertes. De todas formas, ni OSE, ni la Dirección Nacional de Agua (Dinagua) ni la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), ambas dependientes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), tienen certeza sobre el origen de la contaminación.

Los problemas en la cuenca del río Santa Lucía no son nuevos; este año se trató de coliformes, pero desde hace tiempo técnicos y vecinos advierten sobre los altos niveles de fósforo, lo que provoca la aparición de cianobacterias.

Dárdano dijo que la situación es el resultado del aumento de la presión sobre el ecosistema. La tala del monte nativo es uno de los principales problemas. En 2013 se amplió un decreto que prohíbe la destrucción de la franja vegetal que bordea el río. El Mvotma decretó la prohibición de la modificación del tapiz vegetal, el laboreo de la tierra y la aplicación de agroquímicos en la cuenca del río Santa Lucía. Se trata de una medida que busca preservar la franja de amortiguación (zona vegetal que se encuentra en la ribera de los ríos), ya que el río Santa Lucía es la principal fuente de agua potable del país. La ampliación del punto Nº 8 del Plan de Acción para la Protección de la Calidad Ambiental y la Disponibilidad de las Fuentes de Agua Potable en la cuenca del río Santa Lucía data de mayo de 2013. La nueva reglamentación busca revertir el proceso de eutrofización (enriquecimiento por nutrientes) que presenta la cuenca como consecuencia de los aportes continuos y difusos provenientes de distintas fuentes. Una de las causas de la eutrofización son las actividades agropecuaria e industrial.

Para Dárdano estas medidas so son suficientes. “No tenían ningún fundamento técnico, no sólo lo decimos nosotros, lo afirmó la gente de la Facultad de Ciencias. Una franja de 30 metros, contando desde el medio del río, como lo que salió, en líneas generales es absolutamente insuficiente. Sin dudas debe ser muy superior, porque en algunos casos el límite queda dentro del agua”.

A criterio del integrante de la Asamblea, otro de los motivos que causaron contaminación es el modelo de agronegocio basado en el monocultivo transgénico.

“La contaminación del río tienen otras fuentes de las cuales aún no tenemos elementos técnicos. El gobierno se está preocupando por el nitrógeno y el fósforo, pero hay una cantidad de agrotóxicos que se utilizan y no se toman las medidas, como por ejemplo el mercurio y el amoníaco”.

El problema de las cianobacterias generó una alarma pública importante, “pero hay otra cantidad de componentes que habría que estudiar. Hay autoridades que tienen competencia en el tema –como la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)– como responsables de controlar la aplicación de agrotóxicos, así como el Ministerio de Salud Púbica (MSP), Dinama y Dinagua tienen la responsabilidad de controlar y ver qué se puede hacer y qué no”.

Asimismo el entrevistado considera importante cuidar la cuenca y el suelo de Canelones porque se trata de un lugar donde se producen muchos alimentos. “Apostamos a un cambio en el modelo productivo. Nos parece que no tiene mucho sentido que en las cuencas haya producción de soja y maíz transgénico, no tanto por lo transgénico, que es discutible, sino por el monocultivo”.

En 2016 se entregaron 12.400 firmas a la Intendencia de Canelones para prohibir la producción soja transgénica. Una de las principales objeciones a este tipo de productos es que están asociados a la aplicación de agrotóxicos que tienen efectos nocivos tanto en el medio ambiente como en la salud de la población. “Además, las personas que vivimos a la orilla de los ríos los usamos con fines más recreativos, es un factor hasta cultural. Si bien el uso del agua para potabilizar es muy importante y esencial, en la comunidad también es importante”.

“El cultivo de transgénicos implica que los pequeños predios familiares terminen vendiendo y emigrando. Un monocultivo suplanta la producción familiar. Se está perdiendo el oficio del trabajador rural, en especial en Canelones. A largo plazo también tenemos que hablar de la soberanía alimenticia del país”.

Los vecinos realizaron varias denuncias con relación a la tala del monte nativo, que está prohibida. Las multas por esta acción pueden ser muy elevadas, pero se pueden recurrir. “En Canelones se aplicaron multas bastante severas, el tema es que no hay un cumplimiento a rajatabla. La Dinama tiene un mapeo de los padrones, pero no tengo en claro si se está haciendo el seguimiento correspondiente. Actúan ante denuncias. Hoy en día, con la tecnología que existe, los controles a través de satélites de alta precisión, se pueden hacer desde un escritorio. Hemos hecho denuncias de plantaciones de soja en zonas suburbanas. Eso lo debe controlar la Dirección de Recursos Naturales, que es la encargada de fiscalizar”.

En el caso de las plantaciones en zonas suburbanas, a través de las denuncias se logró que no se plantara más. “Hubo un caso de fumigación para pasturas a 10 metros de la ciudad, una fumigación con glifosato. Eso no tuvo sanción, incluso solicitamos que hicieran una investigación administrativa porque consideramos que la inspección falló, el productor hizo una declaración que no tenía nada que ver con la realidad: dijo que estaba plantando zapallos”.

En lo que se está avanzando es en los planes de uso del suelo, pero Dárdano afirmó que no se cumplen. “En 2013 presentamos una cantidad de puntos a corregir; uno de ellos tiene que ver con lo prolongado de los plazos que se les da a las industrias para regularizar su situación (dos años). Incluso hubo algunas que consiguieron una prórroga. Además aún hay industrias que no se han regularizado y no tienen sanciones. Nosotros pedimos acceder a los planes de las empresas, pero no nos dieron la información, alegando que están protegidos por el derecho de propiedad de los empresarios”.