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ASOCIARMEEl ministro del Interior destacó el próximo ingreso de 2500 efectivos policiales. La oposición le reclamó al gobierno mayor firmeza en el combate a los delitos.
El ministro del interior habló sobre el aumento de homicidios
Caras y Caretas Diario
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El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para analizar los resultados estatísticos de delitos en lo que va del año.
En conferencia de prensa el ministro Negro comentó que tienen “preocupación por el incremento de estas cifras, en mayor medida por el aumento de la criminalidad entre bandas”. En el enfoque de la problemática de “seguridad mencionamos como destacable los 1500 funcionarios que han ingresado desde el inicio de gestión hasta el momento, los 1500 que van a estar en las calles a partir de marzo de 2027 y también estamos dando un anuncio de que el mes que viene vamos a llamar a hacer un llamado para un concurso para 1000 efectivos que van a integrar la jefatura de Montevideo”, resaltó.
En la comisión el ministro también hizo “un raconto de las operaciones que llevadas adelante en la lucha contra el crimen organizado y dimos un listado de unos 35 nombres aproximadamente de líderes de bandas de narcotraficantes que han sido apresados y encarcelados”, puntualizó.
En lo que va de la gestión “así como las importantes incautaciones que se ha realizado” y sobre la última etapa del circuito criminal “que el lavado de dinero o el beneficio que obtienen los narcotraficantes con más de 140 operaciones de lavado activo que se llevaron adelante y una cifra récord de embargo generados a partir de operaciones de lavado activo”, sostuvo.
“También destacamos en la comisión la importancia que tiene la regulación normativa en materia de armas y municiones con un aumento de las penas para aquellos individuos que porten armas con signos de identificación modificados o con poder de fuego modificado” evitando que se “impusieran penas en régimen de libertad a prueba”, detalló. “Hay que intervenir en los fenómenos delictivos de acuerdo a la naturaleza de cada uno, no todos los homicidios son iguales ni se cometen por las mismas motivaciones”, analizó.
“Se le explicó a los legisladores que en el Uruguay se van de la policía 90 efectivos por mes”, aclaró Negro. Lo que acumula en el entorno de los 1000 efectivos al año. “Esto determina un recambio permanente y variable que si uno hace un corte en determinada fecha, puede significar una diferencia de 50, 100, o 200 efectivos con el año anterior”, profundizó.
El ministerio ya incorporó “1500 efectivo, va a incorporar 1500 más que van están patrullando a partir de marzo y vamos a hacer un llamado para 1000 policías, exclusivamente para Montevideo”, reiteró.
El diputado colorado Gabriel Gurméndez señaló en conferencia de prensa luego de la comparecencia del ministro que “no hay vigilancia policial, no hay protección a los vecinos y fundamentalmente no se está ejerciendo la autoridad del Estado en los barrios del noreste de Montevideo, en las seccionales 16, 17 y 18”, destacó. Ante las consultas que efectuaron al ministro aseguraron que “solamente hay 50 policías más que los que había el primero de marzo del 2025”, criticaron.
Aún así “claramente hay un cambio de parte de los jerarcas máximos de la Presidencia de la República que empiezan a utilizar una retórica que casi no existía”. El término “reprimir que, como se sabe, no estaba presente en el léxico del gobierno, quedó claramente establecido en la interpelación y además se habla de dureza”, resaltó.
El diputado nacionalista Pablo Abdala afirmó que “el ministro Negro compareció al parlamento haciendo gala de una enorme pasividad y de una enorme indolencia”. El legislador resaltó que “parece que el ministro no advierte la gravedad de los hechos, que no advirtiera lo que realmente representan las cifras que el propio ministerio hizo públicas”.
“Hay un incremento de la violencia, un aumento de los homicidios de manera histórica, porque los primeros 9 meses del año, claramente desde el año 2018, nunca se había dado un registro tan alto en estos primeros tres trimestres, que además se dieron de manera incremental y que vamos camino a que el 2026 sea el año de mayor registro de homicidios desde que se llevan registros”, cuestionó Abdala.
Por lo tanto “hay un ministro que no reacciona, que no quiere reconocer la realidad, que se pelea con ella y que inclusive termina dando mensajes contradictorios de los que emite la propia presidencia de la república, con Alejandro Sánchez”, criticó.
Abdala aseguró que le dijeron al ministro “que debía separar del cargo al Director de Drogas” Comisario Mayor Robert Correa porque “no puede permanecer en su cargo cuando subsisten dudas tan graves con relación a su actuación” en relación a la filtración de imágenes de allanamientos de la Operación Trazador en la que resultó detenido y condenado el asesor nacionalista Pablo Leiva.
“Un ministro jamás puede prejuzgar la conducta de un funcionario que sobre el que se está iniciando una investigación administrativa”, en caso de que se detectaran faltas, luego se deberá iniciar un sumario “y recién allí ese sumario puede determinar en caso de faltas graves, que haya una separación del cargo”, explicó. “No hay ocultamiento ninguno”, reafirmó Negro.
Aunque parte de la comparecencia del ministro fue declarada secreta, el diputado Abdala destacó que confirmaron con el ministro que “se detectaron 88 elementos o personas que están privadas de libertad, sistema penitenciario, particularmente en la cárcel de Libertad y en otras dependencias y que estarían vinculadas” al Primer Comando de la Capital “el cartel de la droga de Brasil”. Esa información “que los medios de comunicación oportunamente obtuvieron y publicaron” posteriormente a una reunión en la que el Ministerio del Interior participó en el Mercosur “está confirmada”, manifestó.
El ministro contestó que “por supuesto que está muy atento “porque en las cárceles uruguayas el hacinamiento carcelario lo que permite es precisamente ese trasiego de información entre los privados de libertad que hay que estar siempre investigando las posibles conexiones”.
“Tuvimos una muy buena reunión que está en el marco de un convenio de acuerdo celebrado entre ambos países, por el cual se establece una cooperación de información, de formación fundamentalmente de policías uruguayos en investigaciones complejas, de crimen organizado y también va acompañado de una importante colaboración económica que va a recibir nuestro país en el marco de este intercambio de información”, detalló Negro.
“Destacar que el FBI es una oficina que estaba ausente de Uruguay hace muchos años vuelve a prestar su colaboración y su asistencia en materia de fundamentalmente de preparación y capacitación de funcionarios policiales uruguayos para enfrentar la criminalidad organizada”, complementó.
“Tanto las autoridades de Cancillería como las del Ministerio del Interior advertían de la existencia de este certificado que establecía que Sebastián Marset no tiene antecedentes, impidieron que ese certificado terminara en la justicia norteamericana y que podría posibilitar eventualmente un engaño a la justicia norteamericana con un muy importante delincuente a nivel latinoamericano”, advirtió.
“Lo importante es que ese certificado no fue entregado para quien el solicitante había establecido que debía ser entregado”, reconoció. “Estamos en condiciones de decir que estamos trabajando en la modificación de la normativa que regula la expedición de ese tipo de certificado, que es un certificado importante para desarrollar muchos trámites a muchas personas en el país, para trabajar o para sacar un pasaporte o para darle un destino absolutamente lícito y legítimo”, anunció.
“Tampoco podemos hacer una normativa que le impida a las personas desarrollar su trabajo por haber tenido algún día en su vida un antecedente” por ello “hay que compatibilizar la libertad de trabajo, los derechos de las personas con la necesaria precaución de no entregar a un acto traicionero un documento que le permita luego o sacar un pasaporte o entregar un documento que va a incurrir en error para la justicia norteamericana o la de cualquier otro país”, concluyó.
