Evo Morales: «cotizar el agua en Wall Street es como ponerle precio a la vida»

En Uruguay, el dirigente sindical de los funcionarios de Ose, Ismael Cortazzo y las legisladoras frenteamplistas de medio ambiente, la senadora Amanda Della Ventura y la diputada Cecilia Cairo, consultadas por Caras y Caretas Portal expresaron  su preocupación y proponen volver a debatir el tema, mas allá de que Uruguay se podría sentir blindado por sus disposiciones legislativas, entre ellas el recientemente aprobado Plan Nacional de Aguas.

Consultado el Coronel (R) Sergio Rico actual director del SINAE y docente del CALEN (Centro de altos estudios estratégicos) compartió que este tema debe debatirse y que forma parte de los estudios que entre otros, analiza desde hace un buen tiempo el actual responsable de asuntos políticos del Ministerio de Defensa, el Coronel (R) Omar Locattelli, que consideran entre otros recursos naturales al agua como un elemento de soberanía nacional.

Antes de la reforma constitucional introducida por el plebiscito de 2004, dos empresas multinacionales, la francesa Suez, en 1992, y la española Aguas de Bilbao, en el año 2000, habían obtenido la concesión para el suministro de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado. El lugar fue elegido por tratarse de una población con alto poder adquisitivo, donde la rentabilidad estaba asegurada.

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) lanzó la campaña del plebiscito en 2002 antes que se extendiera la privatización. Ese año, el gobierno de Jorge Batlle firmó una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprometiéndose justamente a ampliar la privatización y pondría a remate el servicio de agua potable y saneamiento de las principales ciudades del país.

Con la enmienda del artículo 47 aprobada Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en establecer en su Constitución que el acceso al agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales. A su vez, los usuarios y la sociedad civil debían participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos tomando las cuencas hidrográficas como unidades básicas.

El ex director de la región norte del sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Gustavo Gariboto explicó que “California es referente mundial por el desarrollo de mercados y bancos de agua, que empezaron por la década del ´80 (luego de una de las recurrentes sequías de varios años), lo que permitió que el agua -que es un bien privado apropiable, propiedad de agricultores, por ejemplo- sea derivada en situaciones de falta de agua a las ciudades. A cambio, esos afortunados propietarios del agua son compensados económicamente por tener, por ejemplo, que dejar morir sus cultivos y producciones por no poder regarlas.

Esa “industria” de la compra-venta de agua movió en California entre 2012 y 2019 unos 2600 millones dólares y es por eso que, en 2018, Nasdaq se asoció con Veles Water y West Water Research para lanzar el Nasdaq Veles California Water Index (NQH20).

Este NQH2O no es otra cosa que un índice del valor del agua que monitorea el precio spot de ese recurso en el Estado de California a través del seguimiento del precio de los derechos de agua en las 5 regiones principales de California donde más se comercializa el agua, lo que incluye el mercado de aguas superficiales de California y cuatro cuencas de agua subterránea adjudicadas

Ese índice NQH20 es el que ayer, 7 de diciembre, empezó a cotizar en el mercado a futuro de Wall Street.

Abrió la cotización a unos 486 dólares el millón y cuarto de litros (USD 486,53 por 1.233.480 litros, para ser exacto). O sea, con 1 dólar puedo comprar y especular sobre aproximadamente unos 2.500 litros de agua dulce potable de California.”

El representante del Frente Amplio en el Directorio de Ose,profesor Edgardo Ortuño expreso a Caras y Caretas Portal que :

«El hecho plantea de forma explícita la existencia de una disputa, conceptual por el momento, entre quienes concebimos al agua como un recurso esencial para la vida y por tanto el acceso a la misma como un derecho humano, y quienes la conciben como una mercancía.

Lo que está claro es que tanto el crecimiento demográfico y económico, combinado con los efectos del cambio climático lo proyectan como un recurso progresivamente escaso en zonas de un mundo que a su vez está globalizado, por lo que se requiere de una mirada global y acciones decididas de los Estado para regular y garantizar los derechos vinculados al agua.

El desafío es enfrentar la lógica de Mercado y hacer a la vez un uso responsable y consciente de la importancia creciente del agua y su cuidado desde una perspectiva de derechos con una actitud pro activa de la sociedad y del Estado para garantizar el acceso a la misma como bien público.

Uruguay una vez más está a la vanguardia por su historia en el abastecimiento público de agua potable, y particularmente desde la reforma constitucional de 2004 que definió el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y estableció la responsabilidad del Estado al respecto en contraposición a cualquier impulso privatizador.

No obstante hay que continuar profundizando esa línea garantizar fortaleciendo las capacidades de los organismos públicos responsables (todo lo contrario a debilitar su capacidad de inversión y desarrollo) y la conciencia de la sociedad sobre el tema.»