FA reiteró disconformidad con respuestas de Arbeleche

Por su parte Arbeleche, en conferencia de prensa, sentenció que “quedó claramente presentado que no hubo una situación ilegítima».

A su juicio “hubiera sido ilegítimo negar la solicitud de exoneración tributaria a Isaac Alfie».

Posteriormente, la bancada del FA dio su conferencia en la que señaló su insatisfacción por as respuestas.

Texto de la declaración del Frente Amplio tras la interpelación:

Escuchadas las explicaciones de la señora Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche respecto de las exoneraciones fiscales concedidas a la empresa Isaac Alfie Stochek, propiedad del Director General de OPP, por resolución firmada por ella del día 11 de febrero del presente año y revocada luego de haberse hecho pública, la Cámara de Representantes expresa:  

1. Las explicaciones brindadas por la Ministra han resultado totalmente insatisfactorias y no ha respondido la mayoría de las preguntas que se le realizaron; 
2. La firma del acto administrativo mencionado, sin declaración previa de implicancias de parte de ninguno de los actores involucrados, supone un apartamiento de los mínimos de ética pública exigibles a cualquier jerarca de gobierno. Ha quedado claro que la exoneración se concedió por la firma de la Ministra y tras la evaluación de un proyecto con nombre y apellido, por lo que no existió ningún procedimiento automático como se ha invocado. La Ministra reconoció saber que le estaba concediendo, por su firma, una exoneración al Director General de la OPP;
3. Lo anterior se agrava por ser la Ministra y el Director General de la OPP dos jerarcas con conocimiento profundo de la normativa y que desempeñan las más altas responsabilidades sobre la economía del país. Además los jerarcas mencionados han expuesto a funcionarios subalternos que participaron en el proceso de evaluación de la solicitud;
4. Como se desprende de las respuestas de la Ministra, y contrariamente a lo que se ha insinuado como defensa en los días previos, el Director General de OPP estaba en pleno conocimiento de que integraría el futuro equipo de gobierno al momento de presentar la solicitud de exoneración, y tanto el proceso de evaluación de la solicitud como la resolución en sí sucedieron durante el primer año del actual gobierno;
5. La confidencialidad invocada para no revelar la información contenida en el expediente debe ser inmediatamente revocada en aras de la transparencia, a fin de conocer detalles que aún permanecen ocultos y merecen ser conocidos por el conjunto de la población; 
6. La gravedad tanto del hecho como de no haber exigido por parte del Presidente de la República – ni haber asumido por parte de los jerarcas involucrados – las responsabilidades políticas del caso, adquiere aún una mayor dimensión en el actual contexto de profunda crisis del país, y de recortes en la administración pública, impulsados e implementados por los mismos jerarcas implicados. 
7. La reafirmación por parte tanto de la Ministra como del Director General de la OPP de que su actuación ha sido correcta no se condice con la revocación posterior de la resolución, que aparenta haber sido motivada por cálculos de costos políticos derivados del conocimiento público del tema. Esto, junto con los intentos de desviar la discusión, genera una razonable duda sobre lo que hubiera sucedido de no haberse conocido públicamente la resolución, cuyos antecedentes siguen sin estar disponibles al conocimiento de la ciudadanía y de este Cuerpo. A su vez denota una concepción de la ética pública por parte de los jerarcas que resulta peligrosa para el país.