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FARC: de las dificultades de la guerra a los riesgos de la paz

El movimiento armado que más recientemente se reincorporó a la vida civil en el mundo pasa por un momento complejo a dos años de la firma del acuerdo de paz. La ausencia de dirigentes emblemáticos de FARC ha levantado comentarios que muestran que la guerra aún vive en el imaginario de muchas personas.

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FARC-EP desarrolló su X Conferencia del 17 al 23 de setiembre de 2016 en la vereda Brisas del Diamante, departamento del Caquetá, a casi 25 horas en auto desde Bogotá, y fue la primera en 52 años celebrada por fuera de los rigores de la clandestinidad.

Las discusiones políticas fueron abiertas a los medios y se cerró el 23 de setiembre con una plenaria en la que los comandantes preguntaron a sus bases si refrendaban los acuerdos alcanzados en La Habana con el gobierno colombiano; por unanimidad, la respuesta fue afirmativa.

Siguió el 2 de octubre un plebiscito para que la población colombiana, a su turno, refrendara los mismos acuerdos, allí el resultado fue otro: la mayoría dijo ‘no’; 50,23% rechazó el acuerdo, mientras que 49,76% lo aprobó; 60.396 votos de diferencia en una población habilitada de más de 30 millones fueron suficientes para rechazar el acuerdo completo.

Esa situación redefinió el transcurso de la política en ese país en lo posterior; el sector que impulsó el ‘no’ se fortaleció. De nada sirvió que saliera a la luz que sus argumentos fueron falaces y tergiversados, que difundieron mentiras y rumores. El uribismo (sector de ultraderecha que gira alrededor de la figura del expresidente Álvaro Uribe) pasó a la delantera, lo que fue una sorpresa incluso para ellos mismos.

El 24 de noviembre de 2016 se firmó un nuevo acuerdo en Bogotá. El 26 de setiembre se había firmado el primero; ese día mientras estaba al micrófono el excomandante Timoleón Jiménez,Timochenko, una cuadrilla de aviones de combate KFIR de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), pasó en vuelo bajo por donde se estaba realizando el acto, lo que causó un tremendo susto en los asistentes pues el ruido del motor de esos aviones es espeluznante.

El mensaje fue claro: la guerra no ha terminado para un poderoso sector de la política colombiana, sector que tiene una enorme influencia en las fuerzas militares y que motivó a los pilotos de la FAC a realizar semejante maniobra en frente de jefes de Estado, el rey de España y el secretario general de la ONU, entre otros reconocidos personajes. Luego de ese impasse hubo risas nerviosas en el acto, y algunos días después en Colombia se habló tímidamente de alguna sanción a los pilotos, pero no pasó de ahí.

Luego los niveles de violencia contra las comunidades rurales donde hay experiencias organizativas se arreció, al tiempo que empezaron a ser asesinados los excombatientes de FARC y sus familiares.

El siguiente paso para la exguerrilla era la constitución de un partido político. Las estructuras armadas que había en las selvas, las milicias de los caseríos y ciudades y las estructuras del Partido Comunista Clandestino a lo largo del país ahora se juntarían en un solo organismo legal emanado de un congreso constitutivo.

Entre el 27 de agosto y el 1º de setiembre de 2017 estuvieron en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá deliberando acerca de la conformación del nuevo partido, de su nombre, su simbología, su plataforma política y sus estatutos. Al final de las jornadas el nuevo partido se siguió llamando FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pues sus organismos de base se llaman comunas).

FARC vio la luz con las vicisitudes que atraviesa cualquier organización por un lado, y por otro con las de una organización que ya no está sujeta a la dinámica de la guerra y la verticalidad propia de las estructuras militares y el hecho de que el gobierno ha incumplido en tiempo y forma los acuerdos agudizó el debate interno.

El acuerdo contempla aspectos como programas de erradicación manual y concertada de cultivos de coca y amapola, legalización de predios para los campesinos, abordar el tema de las drogas ilícitas desde una visión integral, o la destinación presupuestal para proyectos productivos para los excombatientes. Poco de eso se ha cumplido a cabalidad a casi dos años de la firma del acuerdo; sólo se ha avanzado, aunque con muchos tropiezos, en la participación parlamentaria de FARC.

Sin embargo, los dos aspectos que parecen preocupar más son: la falta de seguridad jurídica y la falta de respeto a la vida de los excombatientes producto del desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que operan en Colombia: hasta el momento van 70 excombatientes y 20 de sus familiares asesinados, y eso no es un detalle menor.

Dos casos que han llamado la atención últimamente, junto con el de Iván Márquez, de quien se desconoce su paradero, son el de Hernán Darío Velásquez, el Paisa, y el de Henry Castellanos Romaña.

Ambos fueron durante años fieros contrincantes del Estado en el campo de batalla; se les señaló por mucho tiempo de ser despiadados y se les acusó frecuentemente, incluso por hechos cometidos por otros actores del conflicto con tal de consolidar su imagen de enemigos públicos.

De ellos se podría decir cualquier cosa menos que no hubieran estado al frente de la batalla; por eso mismo decidieron dejar las armas y dar un paso hacia la solución concertada del conflicto. Lo hicieron aun con la natural desconfianza de un acuerdo con una clase dominante que tiene detrás el exterminio de un partido político de oposición, llamado Unión Patriótica, y la persecución y asesinato sistemático de quienes antes que ellos decidieron dejar las armas, como consta en los registros históricos del M-19, guerrilla desmovilizada a finales de los 80.

Aun así entregaron las armas. El Paisa se quedó donde fue su zona de operaciones en el Caquetá; se dedicó a construir partido y a reencontrarse con su familia. Romaña estuvo unos meses en el suroccidente colombiano con varias decenas de hombres y mujeres, al ver que los auxilios del gobierno no llegaban, echó a andar varios proyectos por medio de la autogestión, y todos sus intentos fracasaron. Luego se fue con varios excombatientes para el departamento del Meta; allí intentó de nuevo poner a funcionar proyectos productivos, pero de nuevo fracasó.

Mientras eso ocurría, el 10 de abril, Jesús Santrich era detenido en Bogotá, acusado por la DEA de conspirar para la comercialización de diez toneladas de coca; toda la base probatoria para dicha acusación había sido proporcionada por una sola persona, Marlon Marín, quien es sobrino del excomandante Iván Márquez y quien no había sido guerrillero, sino que apareció durante el proceso de paz acercándose a su tío y aprovechando ese canal para hacer confianza con otros miembros del antiguo secretariado.

Marlon Marín fue detenido junto con Santrich y extraditado de inmediato; las pruebas eran irrefutables según los medios, pero el excomandante quedó en una especie de limbo jurídico y su extradición ha tenido más aristas de uso político para el uribismo que un desarrollo verdaderamente judicial, ya que después de la detención de Santrich no se dieron más audiencias, ni se llamó a más testigos ni se ha avanzado en dirección alguna.

Esa situación en particular generó desconfianzas en los miembros de la dirección de FARC, principalmente en Iván Márquez, pues el centro de todo el proceso es su propio sobrino; por esa razón anunció que no tomaría posesión de su curul como congresista y se retiraría al espacio territorial de Miravalle, en el Caquetá, donde ya se encontraba el Paisa para resguardarse y esperar el desarrollo de los acontecimientos.

Todo esto se agravó con la llegada de Iván Duque como presidente, quien es claramente una ficha puesta por el expresidente Uribe, enemigo del proceso de paz. Las muestras del sabotaje al proceso de paz por parte del nuevo gobierno no son pocas: busca desmontar jurídicamente los acuerdos y ha abierto procesos judiciales contra quienes hacen parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo creado por los acuerdos para recibir los testimonios de los actores del conflicto, y que ha sido fuertemente saboteado por la ultraderecha.

Por lo anterior, Iván Márquez, el Paisa, Romaña y otros antiguos comandantes sobre los que recaían cientos de procesos judiciales antes de la realización del acuerdo decidieron dejar de figurar en público, lo que fue inmediatamente interpretado por los enemigos del proceso como un gesto de renuncia al acuerdo de paz.

La confrontación con la expresión armada llamada FARC cesó, eso es una realidad que no se puede negar, sin embargo, existen poderosos enemigos del proceso en Colombia que han maniobrado cualquier cosa que ocurra para mostrarlo como una posible amenaza; que varios excombatientes no estén dispuestos a permitir ser contactados por los medios o se muevan del lugar donde se encuentran no implica una falta a los acuerdos, pues no tienen restricción alguna de la movilidad en el territorio nacional.

Aunque ya no está en la guerra, ahora FARC tiene que afrontar enormes retos; por un lado, los incumplimientos del gobierno desde lo político, lo presupuestal y lo jurídico. Esto va de la mano con la persecución de la oposición, a la que sin distingo del espacio en que esté, se le ha dado tratamiento de guerra en Colombia.

Por otro lado, deben afrontar la persecución armada de la ultraderecha y de las llamadas disidencias, quienes los señalan de traidores y los han declarado como objetivo militar en las zonas donde tienen presencia.

Pero uno de los escenarios más complejos que deben sortear será su devenir natural como partido político, consolidar la presencia de sus representantes parlamentarios más allá del acuerdo, posicionar una apuesta programática y un discurso que debe captar adeptos para las elecciones regionales de 2020.

Eso no será fácil mientras sus discusiones y debates internos sigan siendo públicos, como una carta recientemente conocida, en la que dos dirigentes manifiestan su punto de vista sobre la última etapa en la conducción del partido FARC; entonces no importan las pugnas que haya en otros partidos o expresiones de la política, que los hay por cantidades; por ahora los más visibles serán los de FARC, que están claramente en la mira de los grandes medios en Colombia y el mundo.

Es un hecho claro que los directivos del partido FARC no confían en el gobierno, pero lo manifiestan de formas diferentes entre ellos; lo que no significa obligatoriamente que hayan retomado las armas, así como tampoco es una coincidencia que los excomandantes, cuyo paradero se desconoce, son los que más estuvieron involucrados en las acciones de guerra. Por otro lado, tampoco es una exageración el planteo de que los miembros de FARC están siendo asesinados o están a una firma de ser presos y extraditados, lo que contradice de lado a lado lo firmado en La Habana y esa tensión debe ser resuelta por el gobierno y no por los excombatientes.

Lo que resta es esperar que el acuerdo se cumpla, que la parte del Estado que aún sigue en guerra la abandone para que todos se puedan encontrar en un escenario que permita esclarecer la verdad de lo sucedido, principalmente por la tranquilidad de las víctimas y para generar los mecanismos para que eso que ocurrió una vez no vuelva a ocurrir.

 

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