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Política Aguas Corrientes |

Manos a la obra

Ambiente otorgó autorización para la construcción de potabilizadora en Aguas Corrientes

El nuevo esquema prevé que la capacidad del sistema pase de unos 600.000 metros cúbicos diarios a 845.000 hacia 2045.

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El Ministerio de Ambiente otorgó la autorización ambiental previa (AAP) para la construcción de una potabilizadora en Aguas Corrientes, una obra que había sido negociada por el gobierno de Yamandú Orsi cuando decidió no seguir adelante con el proyecto Neptuno (en Arazatí, San José).

Según la resolución, dicha potabilizadora supondrá "la instalación de una nueva toma directa en el río Santa Lucía para la ampliación y mejora de la capacidad de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Montevideo".

La autorización ambiental previa está sujeta al estricto cumplimiento de ciertos compromisos y se deberá comunicar al Ministerio de Ambiente cualquier cambio respecto al proyecto original.

La construcción de esta planta sustituyó la construcción del proyecto Neptuno, en Arazatí (San José), que había promovido el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Las obras estarán a cargo del consorcio Saceem, Berkes y Ciemsa, que iba a estar a cargo del proyecto original y que renegoció los términos del contrato con la administración de Orsi.

El paquete de obras acordado en sustitución de Arazatí incluye también una planta de tratamiento de lodos con disposición final y una nueva línea de bombeo (la séptima) que irá hacia el sureste.

El consorcio también se encargará de la ampliación de las instalaciones existentes en la zona abastecida por el Recalque Unión, de la ampliación de las instalaciones existentes en el Recalque de la cuarta línea de bombeo y hará una reforma y ampliación en una subestación de 150kV que UTE tiene en Aguas Corrientes.

Aumenta la capacidad

El nuevo esquema prevé que la capacidad del sistema pase de unos 600.000 metros cúbicos diarios a 845.000 hacia 2045. Además, el pago anual de OSE al consorcio Aguas de Montevideo será de US$ 40 millones, unos US$ 10 millones menos que en el proyecto original.

La resolución estableció además que cualquier modificación posterior deberá contar con evaluación previa de Ambiente. Si aparecen impactos ambientales que no estaban previstos, OSE deberá presentar medidas para mitigarlos antes de su aplicación.