Así no, señor fiscal

No solo digo esto por las consideraciones que he hecho en notas anteriores, como un allanamiento injustificado, el secuestro de los documentos y soportes digitales sin las garantías que merecería su derecho al secreto profesional, la indiferencia frente a las filtraciones a la prensa de documentación confidencial de la instrucción fiscal y la omisión de la investigación de los responsables de la difusión de las mismas.

También lo digo por sus últimas actuaciones, que hacen dudar de su imparcialidad y de su competencia. De su imparcialidad, porque su pretensión de resignación de competencia del expediente incluye algo parecido a un prejuzgamiento, al adelantar su opinión de que se estaría ante un eventual delito de “abuso de funciones”, y de su competencia porque primero el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación le advierte que a prima facie no hay elementos para constituir un delito y, segundo, el propio fiscal adjunto de Corte de la Fiscalía General de la Nación, Dr. Ariel Cancela, le recuerda que la reiteración de su aspiración de reasignación, además de ser equivocada por razones formales, fue hecha extemporáneamente, un mes después de vencido los plazos, demorando su decisión de archivar o acusar, y haciendo caso omiso al hecho de que no ha encontrado elementos en un proceso de instrucción, ya suficientemente realizado, para justificar un pronunciamiento desfavorable a Cendoya.

Quiero decir, por otra parte, que no es la primera vez que el fiscal Diego Pérez se presenta fuera de plazo en un procedimiento judicial con ribetes políticos y que en este caso tiene, como consecuencia, más allá de los aspectos personales, familiares y profesionales, que se demore injustificadamente el envío por el Poder Ejecutivo la solicitud de la venia para que Cendoya asuma como director de Antel, cargo para el que lo propone su fuerza política, el Frente Amplio, que representa a la mitad de la ciudadanía del país. Por último, recuerdo, que todo ciudadano tiene derecho a un proceso de duración razonable como lo establece inequívocamente el artículo 8º del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de Costa Rica y que la obstaculización de este derecho podría sí ser catalogada como abuso de funciones.

Asuma, Sr. Fiscal. Si hay delito, acuse, y si no encuentra nada para acusar, archive. En estas encrucijadas se ven los guapos.