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Ediles del Frente Amplio (FA) pedirán informes a la Junta Departamental de Lavalleja para conocer los términos en que fueron contratados los tres hombres condenados por tráfico de armas. Dos de ellos eran funcionarios municipales.
Así lo explicó a Montevideo Portal el edil frenteamplista Mauro Álvarez. Pretende que se aclare la naturaleza del vínculo de este sujeto con la intendencia, y se informe si alguno de los otros condenados son también funcionarios públicos. Indicó que maneja información de que otro de los implicados tendría alguna clase de relación con la comuna.
Los tres fueron detenidos en el marco de la denominada Operación Mónaco. Esta, relativa a la incautación de armas, municiones y otros materiales relacionados. Por esta razón señala la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom), se realizaron varios allanamientos. Indica que los procedimientos estuvieron a cargo de la Fiscal de Estupefacientes de 1er turno -Mónica Ferrero-. Y fueron realizados por equipos de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.
Indica Unicom que tras incautarse armas, municiones y pólvora, tres hombres fueron detenidos. Fueron conducidos ante la jueza a cargo, Neatriz Larrieu.
Tras la actuaciones la jueza dispuso la condena de M.E.N.P., por tráfico interno de armas de fuego y municiones en reiteración real y receptación, a la pena de 18 meses de prisión y suspensión de los derechos políticos y cargo u oficio público; W.D.T. por tráfico interno de municiones y materiales relacionados en reiteración real, tenencia no autorizada y porte y tenencia de arma de fuego con signos de identificación suprimidos, a la pena de 14 meses de prisión, y M. A. P. Por tráfico interno de municiones y materiales relacionados en la modalidad de adquisición y fabricación en reiteración real. Y por tenencia no autorizada, a la pena de 14 meses de prisión.
M.E.N.P. es edil suplente del Partido Nacional. Otro de los condenados, M.A.T, trabaja en la Junta Local de Pirarajá y es funcionario de la intendencia. Era camionero, entró como zafral y ahora fue presupuestado.
Según el parte policial, a uno de ellos se lo condenó a 18 meses de prisión (sustituidos por libertad vigilada) y «suspensión de los derechos políticos y cargo u oficio público».
