Gabriel Nánchez: “No apuestan a la obra pública, que es el motor principal”

Nánchez es el presidente integrante de la lista 658 que tiene 12 de los 15 lugares en el Ejecutivo del sindicato ( los otros tres cargos pertenecen a la lista 58-4) y 31 de los 35 lugares en la Dirección Nacional.

La construcción ha sido el sector menos golpeado por la pandemia. ¿Eso implicó algún beneficio extra para los trabajadores?

Arrancamos un año complejo con la pandemia, pero recuerdo que los trabajadores no queríamos entrar a trabajar porque nos exponíamos y los protocolos sanitarios no estaban claros. Sale el presidente Lacalle a decir que somos un motor fundamental de la economía y nos obliga a entrar, entonces presionamos la negociación colectiva, pedimos una licencia especial con un protocolo para volver a trabajar.

En mayo la Cámara de la Construcción le presenta un Plan 2020-2024 donde el gobierno impulsa los promotores privados que son los que menos mueven la economía y menos generan puestos de trabajo.

¿Ustedes siguen apostando a la obra pública?

Sí, porque la obra privada depende de la región y el mundo está muy complicado con la pandemia, con la caída del Producto Bruto Interno en cada país y el enlentecimiento de la economía, entonces la obra pública como motor de desarrollo permite mantener los puestos de trabajo. Se suben las tarifas públicas, sube el dólar, recortes en el Presupuesto Nacional, todo apostando al sector agroexportador y financiero.

¿Cuál es el nivel de ocupación en la construcción?

Hoy andamos en 42.000 puestos de trabajo más o menos superando el año 96, que andaba en 37.000, pero venimos de la obra pública, que estaba a todo trapo, fibra óptica, escuelas, liceos, hospitales, a lo que se sumaba el movimiento importante en Punta del Este; entonces llegamos a 72.000 puestos de trabajo.

Firmaron un acuerdo importante con UPM 2.

Sí, con UPM 2 recogemos la experiencia de la primera planta. Cuando llegó Botnia al país no teníamos ni idea cómo era, las empresas transnacionales no tenían ni idea de lo que era en Uruguay la negociación colectiva y nos trajo muchas dificultades. Nosotros pedimos la capacitación laboral porque ¿qué nos queda a nivel país? Recordemos que están en zona franca, no dejan un peso a las arcas del Estado, por lo menos que dejen capacitación de la mano de obra, resolver el tema de la vivienda, de la seguridad, de la higiene. Durazno se va a encontrar de un día para el otro con siete mil personas; si se van a hacer viviendas para los trabajadores que se donen, que se colabore con los hospitales y las escuelas.

¿Se está cumpliendo la ley de responsabilidad penal empresarial?

Fue una ley muy cuestionada por los que hoy están en el gobierno. Hoy el gobierno está en otras discusiones, no es que la descuidó,  pero no tenemos una cola de empresarios presos.

Nosotros trabajamos mucho la prevención en la tripartita del Ministerio de Trabajo, logramos que la charla de seguridad sea pagada, tenemos la posibilidad de un delegado con hora de recorrido según la obra, obligamos a los prevencionistas a dar charlas por etapas de obra y los riesgos, y logramos que el delegado tenga poder de clausura de la obra ante una diferencia con el empresario para que venga el Ministerio de Trabajo, pero era otro ministerio, este ni siquiera controla. El subdirector del MTSS dice que están preocupados por ver si se respetan los protocolos sanitarios, pero van y no se controla si se hacen los aportes al BPS.

¿Qué pasa con el impulso que el Sunca junto a otros sindicatos dio al ingreso laboral de discapacitados?

Esa es una discusión que empezamos en 2010 y creamos la Fundación Sunca Solidario para dar una mano a los compañeros que pasaban situaciones complicadas, los afiliados al Sunca donamos una hora de nuestro salario, y ahí creamos la comisión de discapacidad que tenia al frente al compañero Martín Nieva, hoy convocado por Carolina Cosse, la intendenta de Montevideo, un orgullo para nosotros, y nosotros no íbamos por esta ley, el proyecto original se modificó porque de nuevo quienes hoy gobiernan no votaron esta ley y ademas recortaron el Sistema Nacional de Cuidados. En la planta de UPM sí pudimos plantear un piso mínimo de ingresos de personal discapacitado.

Con el cambio de autoridades en planes como el Juntos, por ejemplo, ¿qué actividades viene desarrollando la Brigada solidaria Agustín Pedroza?

La BSAP esta en todo el país brindando la mano de obra, en una escuela, un CAIF, un vecino que se le prendió fuego la casa, trabajábamos muy en paralelo con el Mides y todos sus planes, Redes, Uruguay Crece contigo, venían los asistentes sociales y nos mostraban los casos, íbamos al territorio, lo observábamos y entre aportes estatales dábamos solución habitacional. Eso no corre más, se recortó todo. El Mides ya nos anunció que en diciembre termina todo.

En el Ministerio de Vivienda, cuando asume Moreira, lo primero que se establece es el decreto 90/20, austeridad, por lo que no se puede gastar mas plata, a lo que se suma el 15% de recorte presupuestal por Ministerio. El Plan Juntos nos dice que va a seguir, pero como va a seguir sin presupuesto, no tenemos idea.

Las obras en Montevideo y Canelones se están terminando, y dicen que quieren atacar el interior profundo, decimos nosotros, donde tiene su caudal electoral Cabildo Abierto.

Cuéntame de las obras sociales que el Sunca tiene activas.

Tenemos de todo administrado por la Secretaría de área social que luego de la huelga del 93 y por Convenio Colectivo logramos el Fondo Social de la Construcción, para su familia y su conjunto. Hoy tenemos hasta la posibilidad de tener un Centro de atención de cuidados, allá en General Flores y Atenas, en Belloni y Roma el segundo centro. Esos centros recibirán un porcentaje de hijos de la construcción y un porcentaje de vecinos de la zona, con recreación, con estudio, con alimentación.

¿Ustedes han encarado  como sindicato el tema de la violencia de género y las adicciones?

Si logramos en un gremio como la construcción crear la comisión de Género donde, está entre otras, la compañera  Estela Escobar, y lo mejor sería halar con ellas, pero trabajamos el tema del acoso callejero, a sensibilizar el ingreso como trabajadoras de las mujeres a las obras con los mismos derechos que los hombres, a actuar en casos donde no se realizaba la retención salarial de quienes se separaban, trabajamos sobre la violencia. Ellas vienen trabajando muy bien, forman parte del ejecutivo del sindicato.

Nosotros quisimos hacer un Centro de atención de adicciones, metimos a la universidad a la cámara de la construcción, pero una cosa es decirlo y otra hacerlo, porque había que conseguir una chacra alejada de los centros urbanos con los mejores profesionales, con la firma voluntaria del compañero a “internarse”, muy complejo. Seguiremos trabajando en todo tipo de adicciones. Para nosotros la hora extra es una adicción que trae todo tipo de dificultades, compañeros que hacen jornadas extenuantes que se convierten en un riesgo para ellos y para los demás, sobre todo cuando logramos la reducción de la jornada laboral, pero no hay cultura de hablar de la hora extra como una adicción.

¿Cuál es la valoración de ustedes del ministro Mieres?

El ministro dice que el ministerio es amigo de los trabajadores y de los empresarios. Esta difícil porque en la relación entre empresarios y trabajadores los trabajadores son la parte más vulnerable y si este ministerio deja de hacer control de aportes, está difícil.

¿Hay persecución sindical en las obras?

Sí, para los empresarios el mejor delegado sindical es el que no existe y tenemos situaciones muy complejas como los despidos de las compañeras en los peajes.