El ministro argentino de Hacienda, Nicolás Dujovne, su par en Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su colega de Producción y Trabajo, Dante Sica, explicaron las medidas para paliar a corto plazo las consecuencias de la crisis económica que atraviesa el país.
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El gobierno decidió congelar los precios de 60 productos de primera necesidad y suspender los aumentos en las tarifas de algunos servicios públicos «para transitar mejor los meses que vienen», según Dujovne. En octubre el presidente Mauricio Macri pretende ser reelegido en las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Argentina debe corregir sus desequilibrios desestructurales que la ha llevado a tener un desempeño mucho peor que sus vecinos durante (…) 20, 30, 40 años»
Sica afirmó que el Gobierno implementará «un sistema de control muy fuerte para garantizar que siempre haya un abastecimiento del stock, principalmente de estos 60 productos esenciales» que serán especificados el próximo 29 de abril.
La titular de Desarrollo Social dijo en esa conferencia que «mientras seguimos trabajando para desterrar la inflación, venimos a comunicar medidas que tiene que ver con traer alivio a muchas familias argentinas».
El Ejecutivo también lanzó descuentos y créditos para los jubilados y beneficiarios de planes sociales, implementó un plan para facilitar el pago de deudas que arrastran pequeñas y medianas empresas e intentará a través de un nuevo régimen evitar el abuso de posiciones dominantes en el mercado.
«Argentina debe corregir sus desequilibrios desestructurales que la ha llevado a tener un desempeño mucho peor que sus vecinos durante (…) 20, 30, 40 años», alegó Dujovne.
En paralelo al plan económico «que lleva tiempo» se adoptaron estas iniciativas dado «un pico inflacionario para llevar alivio a las familias argentinas», añadió el ministro.
El encarecimiento de bienes y servicios llegó en marzo al 54,7% interanual.
Costo fiscal
De todas las propuestas que se van a implementar y que estarán vigentes durante al menos los próximos seis meses, las únicas que conllevan un costo fiscal de $ 9.000 millones (U$S 212 millones) son las que posponen el aumento del precio del gas y la que asume la absorción por parte del Estado de la suba de la tarifa de electricidad.
El Banco Central también adoptará medidas que «van a mejorar condiciones bajo las cuales operan comercios y pymes (pequeñas y medianas empresas)», como la de impedir que «bancos sigan efectuando un cargo cada vez que un comercio deposita efectivo», especificó Dujovne.
Las medidas fueron dadas a conocer un día después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reconociera una inflación en marzo del 4,7 por ciento.
La crisis económica, que se desencadenó en abril de 2018 y que depreció la moneda local un 109% desde entonces, llevó al Gobierno a pactar un crédito con el Fondo Monetario Internacional de U$S 56.300 millones.
Ese acuerdo con el FMI lo comprometió este año a lograr el equilibrio fiscal primario (que no cuenta los intereses de deuda) y que se pretende conseguir con un estricto programa de ajuste.