¡Gracias, Nacho!

Se preocupan por la casa de un obrero (como senador cobra el sueldo de albañil y dona el resto) e intentan tapar algo que huele a podrido: la entrega por 60 años del puerto.

Poco y nada de esto otro

Mares de tinta corrieron tras descubrirse que el senador frenteamplista tiene deudas; mientras que la noticia de que Uruguay Adelante (a la cual se le dio 65 millones de pesos sin contar con personería jurídica) tiene personal trabajando en negro brilló por su ausencia en los medios más poderosos. Efectivamente, tres trabajadores denunciaron que esta organización, que logró un acuerdo con el Mides para gestionar 300 ollas populares en Montevideo, no solo no tenía en caja a más de 30 personas, sino que aparte los obligaba a decir que eran voluntarias. ¿Por qué el gobierno le dio esta tarea a una organización privada mientras que en el resto del país se realiza en coordinación con las intendencias? Porque no pueden permitir que Carolina Cosse utilice estos recursos para ayudar a la gente más humilde.

La noticia de que el juez de Primer Turno de Canelones, Luis Alberto Sobot, tomara una decisión que favorece a dos criminales abominables apenas tuvo un paso fugaz por algunos medios. Desconociendo la doctrina internacional y compromisos firmados por el Estado en materia de derechos humanos, Sobot detuvo el proceso contra los policías retirados Winston Vitale y Alejandro Ferreira (acusados de torturar a detenidos en la cárcel clandestina Los Vagones) por considerar que los delitos prescribieron. Fiesta en las casas de los verdugos y tristeza en los hogares de las víctimas; pero lo que importa es que un senador que cobra el sueldo de un obrero e intenta construirse una casa (que, por cierto, no es una mansión) no ha terminado de pagar sus deudas.

Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia se negó a reabrir el caso del homicidio (torturas mediante) del médico Vladimir Roslik, argumentando que había “cosa juzgada”. Con esto se hacía referencia a que la corrupta Justicia militar, cómplice de los violadores de derechos humanos de la dictadura blanquicoloradamilitar, había condenado al mayor Sergio Cobarrere a cuatro meses y 18 días de prisión. Sin embargo, aquella condena fue solo una burla y un acto de complicidad y encubrimiento. Lo repito por si no quedó claro: el juez militar Óscar Vilches dictó tal sentencia con la intención clara e indiscutible de encubrir y proteger a los criminales que participaron en aquella infamia. Tal como ha informado la diaria: El interrogatorio con torturas en el cual fue asesinado el médico Vladimir Roslik fue presenciado por 11 oficiales del Ejército, porque era una lección para que los más jóvenes “aprendieran” a indagar a los detenidos.

Pero lo que debe alarmarnos es que el Boca no tenía 2.000 dólares para pagar los planos de la vivienda que está construyendo.

Cuando Álvaro Delgado presionó a los legisladores canarios multicolores para que no aprobaran el fideicomiso solicitado por Yamandú Orsi, retrucaron que el Frente Amplio no había aprobado el fideicomiso en Rocha. Lo que no informaron los medios hegemónicos (aunque lo supieron) fue que el Tribunal de Cuentas declaró mediante el oficio 2431/2021 que no se estaba cumpliendo con el pedido de informes exigido por el artículo 301, inciso 2°, de la Constitución. Con respecto al proyecto “Rocha crece contigo”, el Tribunal recordó en el mismo oficio al presidente de la Junta Departamental que “el control de los aspectos legales y de las condiciones económico financieras de un contrato de fideicomiso financiero debe ser efectuado por este Tribunal en forma previa al pronunciamiento de la Junta y de la celebración del acuerdo respectivo”.

Pero el tema es que alguien que cobra el sueldo de un albañil no ha cubierto todos los requisitos formales. De paso vamos olvidando que Álvaro Delgado y Enrique Antía usufructuaron terrenos y subsidios del INC de manera irregular durante años. Olvidamos también a la senadora Graciela Bianchi diciendo “Nunca fui titular de ningún padrón rural, suburbano o urbano que haya sido expropiado. Punto final”. No mucho después cobró 23 millones de pesos por los mismos terrenos por concepto de expropiación por las obras del Ferrocarril Central. Sus palabras no coincidieron con su declaración jurada ante la Jutep.

Mira quién habla

Ignacio Álvarez, en una entrevista para TV Show, del diario El País, lamenta “el deterioro ético” de la izquierda. Vaya, el mismo que se filmó humillando a una mujer de la manera más vil y ordinaria, insultándola como si fuera una bazofia o un pedazo de carne que no merece más que repudio, el mismo que anteriormente tuvo que disculparse públicamente por haber ofendido y difamado a Sonia Breccia, es el que nos habla de ética mientras le hace los deberes al gobierno.

Gracias, Nacho: ahora todo el país sabe que Óscar no ha usado la política para enriquecerse y cobra el sueldo de un albañil, donando el resto. Recién el día en que todos los políticos hagan lo mismo mereceremos llamarnos artiguistas. Tiene deudas. ¿Qué esperaban con ese sueldo? En cambio, el senador blanco Juan Sartori, pese a tener un patrimonio declarado de 93 millones de dólares, mantiene una deuda con el BROU de US$ 23,7 millones, deuda que dicho banco califica como “incobrable”.

Ya no es noticia la escandalosa manera en que Luis Lacalle Pou le mintió al periodista argentino Jonathan Viale, jactándose de haber ahorrado más de 600 millones de dólares pese a la pandemia. Es lamentable que el hijo de Mauro Viale no se tome el trabajo de estudiar un poco antes de entrevistar a un presidente; porque lo mínimo que le tendría que haber retrucado es: “Muy bien, señor presidente; ahorró 600 millones, pero a costa de: 1) ser el país que menos invirtió durante la pandemia para contrarrestar los efectos de la crisis económica en los sectores más vulnerables; 2) pérdida del poder de compra de los uruguayos; 3) pérdida del salario real; 4) aumento del desempleo; 5) baja de pensiones y jubilaciones; 6) eliminación de 9.000 becas estudiantiles; 7) eliminación de varios programas de ayuda social; 8) recorte del presupuesto del Ministerio de Vivienda, bajándolo de 313 millones de dólares que tenía en 2019 a 187 millones, a la vez que mediante la LUC se aprobaron los desalojos express; 9) aumento (de manera indirecta) del IVA en 2%; 10) cierre de miles de micro y medianas empresas; 11) multiplicación de casos de abuso policial, persecución a sindicalistas, vigilancia (al mejor estilo de la dictadura) de quienes juntaban firmas para derogar 135 artículos de la LUC; 12) aumento de la pobreza (100.000 nuevos pobres); y 13) cerca de 6.000 muertes, buena parte de las cuales se podrían haber evitado si se hubieran hecho las cosas bien”.

No soñemos. El único periodista de Argentina que se lo podría haber planteado no es argentino (Víctor Hugo Morales), pero Lacalle jamás le concedería una entrevista.

Encima, aumenta el secretismo y poco y nada sabemos de las negociaciones para la compra de las vacunas contra la covid y menos de la entrega del puerto a una empresa extranjera. Tal como se hizo con el expediente en el cual la ministra de Economía aceptaba la exoneración de impuestos solicitada por Isaac Alfie, todo es confidencial, reservado o secreto. Ya nadie habla de que el director de la OPP viajó a Estados Unidos para declarar a favor de una multinacional para que le sacara a nuestro país nada menos que 3.536 millones de dólares. El tema es que Óscar debe la contribución inmobiliaria.

Andrade sacude la adormecida mente ciudadana con esa especie de cristianismo ateo que practica honrando su conciencia de clase. Sería deseable que no tuviera deudas ni trámites en el debe; pero ojalá todos los legisladores tuvieran, por ley, la obligación de atenderse en Salud Pública, enviar a sus hijos a escuelas y liceos públicos, no tener exoneraciones ni descuentos ni privilegios de ninguna clase y cobrar el sueldo promedio de un trabajador. Una ley así provocaría el desbande de blancos y colorados entregando sus bancas de inmediato.

No es nada descabellado ni imposible lo que planteo.

Los parlamentarios suecos no tienen asesores, se pagan el café con su propio dinero, hacen fila para comer en la cantina, sus despachos miden siete metros cuadrados y viven en pequeños apartamentos destinados a funcionarios. Son ciudadanos comunes que tienen el honor de servir a la patria y carecen de inmunidad parlamentaria, por lo que, si violan la ley, marchan como el mejor.

“No tiene sentido conceder privilegios especiales a los parlamentarios, porque nuestra tarea es representar a los ciudadanos y conocer la realidad en la que viven. Representar a los ciudadanos es un privilegio en sí, ya que tenemos la oportunidad de influir en el rumbo del país”, señaló el diputado Per-Arne Håkansson, del Partido Socialdemócrata, a la BBC News Brasil.

En Suecia, el único político con derecho a automóvil (aportado por el Estado y de propiedad de la Policía secreta sueca) es el primer ministro. Los parlamentarios no pueden aumentarse el sueldo por cuenta propia, ya que dicha decisión recae en un comité independiente.

Óscar, sin que nadie lo obligue, ha decidido vivir con lo que cobra un albañil. Sus dificultades son las de la inmensa mayoría de la población. Nadie le va a tener que explicar lo que es vivir al día bajo este sistema. Lograr construirse una vivienda propia no debería ser tan caro ni tan complicado como lo es en Uruguay. Los trámites burocráticos son insufribles y los impuestos carísimos. Quizá por ello, el senador Guido Manini Ríos ha tenido un gesto que nos ha sorprendido gratamente. Al preguntársele sobre este episodio, señaló: “Es un tema muy chiquito como para estar haciendo el escándalo que se quiere hacer”.

Quizá, gracias a Óscar, podamos visualizar mejor esta situación. Tal vez nos podríamos reunir personas de todos los partidos para analizar cómo facilitar las cosas a quienes desean construir su hogar.

A veces me gustaría que Óscar cobrara todo lo que cobra un senador y lo tuviéramos dedicado a su labor sin apremios económicos; pero es testarudo. Recuerdo al exdiputado frenteamplista Leonardo Nicolini, que se atendía en un hospital público y la derecha lo cocinó por ello.

Vivimos bajo una oligarquía, tal como lo advirtió Graciela. Al presidente le pagamos peluqueras, maquilladoras, mozos y atención para su mascota (47.000 pesos por mes); pero el tema es que Óscar está intentando un imposible: con el sueldo de un obrero construir su casa, ser solidario con varias instituciones y no tener deudas. Él, que ayudó a tantas familias a tener su propio techo, aún lucha por tener el suyo; sin embargo, no ha pedido ninguna exoneración ni privilegio. Ese fue Alfie. Tampoco tramitó en el Poder Legislativo un fondo que lo beneficiara. Ese fue el diputado Omar Estévez. Tampoco usó su posición política para hacer que el Estado comprara algo en una empresa propia. Ese fue el intendente blanco de Soriano Agustín Bascou. Tampoco usó su poder para basurear mujeres. Ese, ya saben cómo se llama.

Por esto y mucho más, continúo apoyando a Óscar, más que ayer y menos que mañana. La hipócrita clase dominante no tendrá jamás en mí una víctima más de sus medios de manipulación masiva.

Lo atacan porque le temen; porque el tiempo pasa rápido y ni las encuestadoras amigas pueden disimular la caída de popularidad del presidente. Lo atacan porque fue la cara más visible de la recolección de firmas. Lo atacan porque un ejemplo de austeridad como el que da deja en evidencia los excesos y privilegios de los otros.

Hay una forma muy simple de reconocer a un genio: todos los mediocres se alzan en su contra.

Gracias, Nacho. Muchos uruguayos que no sabían lo que cobra el Boca ahora lo saben. Ahora saben que jamás usó la política para enriquecerse.

En fin, esperemos a ver qué cadáver les colocas en la heladera a Carolina y a Yamandú. Es obvio que siguen ellos y no hace falta explicar el motivo.