La comisión trabaja desde hace varios meses con organizaciones sindicales y especialistas de distintas disciplinas. El objetivo es generar información y propuestas frente a una tecnología que, según De Rocha, no puede analizarse únicamente como una herramienta para facilitar determinadas tareas, sino que plantea interrogantes económicos, laborales, éticos y geopolíticos.
En ese marco, el Instituto Cuesta Duarte realizó una encuesta nacional sobre la adopción de nuevas tecnologías e inteligencia artificial en el trabajo. Los resultados serán presentados públicamente en los primeros días de octubre y buscan complementar una investigación realizada previamente por la Facultad de Ciencias Sociales.
Uno de los datos señalados por De Rocha a partir de esa investigación es que 66% de las personas que utilizan inteligencia artificial lo hace por iniciativa propia. Es decir, su incorporación no necesariamente responde a una decisión formal de la empresa, sino que parte del propio trabajador, que encuentra en estas herramientas una forma de facilitar o reducir determinadas tareas.
Para el economista, esto plantea una cuestión relevante: tanto los beneficios como los riesgos de la incorporación de la tecnología pueden terminar recayendo sobre los trabajadores sin que exista necesariamente una discusión colectiva sobre sus efectos.
Trabajo: transformación y no desaparición
La evidencia internacional mencionada durante la entrevista apunta a que, hasta el momento, no se registra una destrucción generalizada de empleos como consecuencia de la inteligencia artificial generativa.
De Rocha citó un estudio de la Universidad de Stanford realizado después de los primeros años de expansión de herramientas como ChatGPT, así como una investigación desarrollada por economistas daneses sobre más de 7.000 empresas y más de 25.000 trabajadores. Según explicó, ambos trabajos coinciden en que no existe evidencia agregada de destrucción de puestos de trabajo.
Lo que sí aparece es una transformación de los puestos y de las tareas que los componen.
La inteligencia artificial puede asumir determinadas funciones, modificar otras y elevar la productividad en algunas áreas. De Rocha señaló que los estudios daneses identificaron incrementos de productividad de hasta 18% o 20% en determinados sectores.
El problema que plantea esta transformación, según el economista, es qué ocurre con el excedente generado por ese aumento de productividad.
“Todo el ahorro generado, todo el excedente”, planteó, no se traduce automáticamente en mejores salarios ni en una reducción del tiempo de trabajo. Por eso, sostuvo que el traslado de esas ganancias hacia los trabajadores requiere una instancia de negociación y una decisión política.
En otras palabras, el aumento de productividad no determina por sí mismo cómo se distribuye el resultado. Para De Rocha, allí aparece uno de los principales desafíos de la negociación colectiva.
Un impacto desigual
El fenómeno tampoco afecta de la misma manera a todos los trabajadores.
De Rocha señaló que, de acuerdo con clasificaciones utilizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Uruguay aproximadamente 48% de las actividades presentan un nivel de exposición a la inteligencia artificial asociado a tareas cognitivas.
Esto no significa que casi la mitad de los empleos vaya a desaparecer. La exposición refiere a la posibilidad de que determinadas tareas sean sustituidas, modificadas o reconfiguradas como consecuencia de la incorporación de estas tecnologías.
Además, existe una diferencia significativa según el sexo de los trabajadores. De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, la exposición alcanzaría aproximadamente al 56% de las mujeres frente a 36% de los hombres.
Para De Rocha, este aspecto obliga a considerar políticas específicas, dado que muchas de las actividades más expuestas se encuentran fuertemente feminizadas.
También existe un impacto particular entre los jóvenes. Los estudios internacionales analizados por la comisión muestran que las transformaciones asociadas a la inteligencia artificial tienen una incidencia mayor entre trabajadores de alrededor de 22 a 25 años.
La negociación colectiva como escenario
Frente a este escenario, el Instituto Cuesta Duarte y la comisión del PIT-CNT apuntan a que la próxima ronda de los Consejos de Salarios incorpore la discusión sobre inteligencia artificial.
La intención es llegar a esa instancia con evidencia y propuestas vinculadas a cuestiones como la transparencia algorítmica, la protección de datos, las modificaciones en las tareas y la distribución de los aumentos de productividad.
Para De Rocha, la negociación colectiva constituye un ámbito particularmente relevante porque no se limita a discutir salarios, sino también condiciones de trabajo. Además, su alcance nacional permite incorporar estas cuestiones en los distintos grupos de actividad.
El economista remarcó que el resultado de una negociación colectiva no depende solamente de la calidad de una propuesta, sino de la correlación de fuerzas y de la capacidad de organización alcanzada por las partes. En ese sentido, el trabajo de la comisión busca generar información y herramientas que permitan abordar la discusión con mayor conocimiento.
La cuestión central, entonces, no sería solamente cuántos puestos de trabajo puede reemplazar la inteligencia artificial, sino qué transformaciones produce y quién se apropia de los beneficios derivados del aumento de productividad.
Una discusión que excede el lugar de trabajo
De Rocha también planteó que la discusión laboral constituye solamente una de las dimensiones del fenómeno. La inteligencia artificial generativa tiene además implicancias vinculadas con la regulación, la protección de datos, la ética y la geopolítica.
El funcionamiento de estas tecnologías requiere una infraestructura material compuesta por servidores, procesadores, energía y sistemas de refrigeración. Su desarrollo también demanda minerales y componentes cuya producción está asociada a cadenas globales de suministro.
Por eso, según explicó, la discusión sobre los límites de la inteligencia artificial no puede quedar circunscripta a los Consejos de Salarios. La negociación colectiva puede establecer determinados perímetros dentro de cada actividad, pero las decisiones sobre regulación y desarrollo tecnológico requieren ámbitos más amplios.
La aparición de la inteligencia artificial generativa, además, reabrió preguntas que hasta hace poco parecían más lejanas: qué significa pensar, qué es la creatividad y hasta dónde puede llegar una tecnología que todavía presenta límites que no siempre son conocidos.
Para De Rocha, Uruguay debe discutir quién lidera ese proceso y con qué actores. La cuestión, señaló, no consiste únicamente en decidir si se regula o no la inteligencia artificial, sino también en determinar qué se regula y, especialmente, cómo se regula a quienes utilizan estas tecnologías.
En el terreno laboral, mientras tanto, el desafío inmediato es más concreto: si la inteligencia artificial permite producir más con la misma cantidad de trabajadores, la discusión pasa por determinar cómo se distribuye ese incremento de productividad y qué lugar ocupan los salarios, el tiempo de trabajo y las condiciones laborales en esa nueva ecuación.
