El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, lanzado de forma virtual por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analizó la situación de la región que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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La brecha entre extrema riqueza y extrema pobreza y vulnerabilidad en Latinoamérica se amplió como consecuencia de la pandemia del coronavirus, según reveló el informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según el documento, “a pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio”.
Como punto de partida, el informe señaló que pese a “las reducciones de la desigualdad” y la disminución de la brecha salarial entre el trabajo calificado y no calificado “la región sigue siendo la segunda región más desigual del mundo, y los países de América Latina y Caribe tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similares”.
“La concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento”
El informe también se detiene en la fragilidad de los sistemas de protección social de la región.
Además, desde el año pasado “la pandemia ha anulado gran parte de ese progreso” y esto ocurrió “a pesar de las medidas de asistencia social en algunos países”.
“Es probable que la proporción de personas que viven en la pobreza en América Latina y Caribe haya aumentado durante este tiempo”, remarcó el estudio.
En este contexto, el documento exploró los factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien.
“Las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento con sostenibilidad ambiental, y a una mayor inclusión y movilidad social”.
Al respecto, señaló que “la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento. A través de su influencia política, el poder mal utilizado distorsiona las políticas públicas y debilita las instituciones”.
Un ejemplo que se exploró en el informe es el rol de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que apoyarían una forma más progresiva de redistribución. Para balancear la distribución de poder, el organismo sugiere “explorar líneas de acción como la regulación del lobby y el financiamiento de las campañas políticas”.
También se destacó que “la región es la más violenta del planeta”, y advierte que “si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables”.
Más adelante, señaló que “la violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad”.
La vinculación de los sistemas de aseguramiento frente a los riesgos con el empleo formal ha motivado a los gobiernos a crear sistemas paralelos, de menor calidad, para cubrir a las personas que quedan excluidas, “que en la región son la mayoría”.
“El reporte hace un llamado a los latinoamericanos para que comprendan la conexión entre todos estos factores y destaca un punto de entrada que puede servir para liberarse del bajo crecimiento y alta desigualdad: la implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento,” explicó Luis Felipe López Calva, subsecretario general adjunto de la ONU y director Regional de PNUD para América Latina y el Caribe.