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Editorial

La encrucijada de Heber

Por Enrique Ortega Salinas.

El 22 de mayo, el ministro Jorge Larrañaga sufrió un paro cardíaco y el Ministerio del Interior quedó a cargo de Luis Alberto Heber, hasta entonces ministro de Transporte y Obras Públicas. Dentro del paquete heredado venía el director nacional de Policía Diego Fernández. Hubiera sido muy incómodo para Heber nombrar a otro jerarca en su lugar, ya que podría verse como una afrenta a su antecesor.

El problema es que si no lo saca, toda su carrera política será arrastrada con él al fango de la historia.

 

El origen

Diego Enrique Fernández Vallarino ingresó a la Escuela Nacional de Policía en 1976 y egresó en 1978, en plena dictadura, siendo destinado a la Guardia de Granaderos. Entre 1982 y 1989 sirvió en el Grupo Especial de Operaciones (GEO) al que comandó entre 1997 y 2000.

En 2005 fue 3er. jefe de la Guardia Metropolitana y en 2006, 2do. jefe. Ese año pasó a formar parte del Estado Mayor General de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue nombrado director del Penal de Libertad. En 2009 pasó a ser coordinador ejecutivo de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación. En 2010 fue subjefe de la Jefatura de Policía de Florida. En enero del 2011, el ministro interino del Interior, Lic. Jorge Vázquez, lo nombró jefe de la Guardia Nacional Republicana.

En 2013, siendo jefe de Policía de Montevideo, renunció a su cargo en discrepancia con la manera en que el Ministerio del Interior resolvió un conflicto en la Seccional 14ª, de Carrasco. El problema surgió cuando una mujer a la que le robaron la casa llamó a la seccional y no le enviaron un patrullero. El comisario, el subcomisario y el oficial que atendió la llamada fueron sumariados con suspensión del cargo y retención de haberes. El 9 de mayo asumió Mario Layera como jefe de Policía de Montevideo.

En 2020, no sabemos si por iniciativa de Jorge Larrañaga o del propio Luis Lacalle, Diego Fernández sustituyó a Mario Layera en el cargo de director nacional de Policía.

 

Ideal para el cargo

Aparte de la jugada política de nombrar a un jerarca que le había renunciado a un ministro frenteamplista, el Partido Nacional necesitaba a “un duro” para defender la política antipopular que establecería a partir de marzo de 2020 y recrudecería con la aplicación de la LUC. Era previsible que, tras los ataques a los sindicatos, la rebaja del salario real, el aumento de las tarifas por encima de la inflación y los aumentos de sueldos y pasividades por debajo de la misma, más los recortes en políticas sociales, la conflictividad laboral aumentaría. De hecho, entre enero y noviembre de 2021 la conflictividad laboral aumentó 20,6% con respecto al mismo período de 2020.

La oligarquía necesitaría una Policía dispuesta a defender sus intereses de clase y no los intereses de la clase a la cual pertenecen sus miembros. Para ello necesitaban a un oficial que hubiera hecho buena parte de su carrera en dictadura. Necesitaban a alguien de la “vieja guardia”. Y lo encontraron. Pero no solo encontraron a Fernández. El Partido Nacional fue colocando en cargos claves a otros policías que el exministro frenteamplista Eduardo Bonomi había descabezado.

Los resultados están a la vista.

 

Efectos predecibles

La gestión de Diego Fernández se ha caracterizado por la instauración del gatillo fácil y toda clase de abusos policiales. Con la consigna “se terminó el recreo”, varios policías han atropellado los derechos civiles de diferentes maneras. Entre las más suaves, han incautado celulares a personas que filmaban un procedimiento o han obligado a borrar lo filmado.

El 16 de setiembre de 2021, en Montevideo, unos policías detuvieron al cuidacoches de la cuadra en Avda. Rivera y Juan Paullier. Una vecina, Daiana, tras ver que le daban patadas estando en el suelo, comenzó a filmar el procedimiento, sin interferir en el mismo, hasta que uno de los funcionarios se le acercó y le dijo: “Usted está detenida. Hay una ley que dice que no se puede grabar; usted está detenida, se les terminó el recreo a ustedes”. La chica fue llevada ilegalmente a la comisaría.

En marzo de 2021 se viralizó un video de tres policías que mediante golpes e insultos obligaron a un joven a borrar una imagen de su celular que los comprometía.

En junio, en Salto, un policía le arrojó un pesado cascote a una persona que grababa un procedimiento policial, quedando filmado. La Jefatura de Policía de Rocha destinó vehículos y personal para seguir, vigilar y grabar (o sea, intimidar) a las personas que recolectaban firmas prorreferéndum. Las mismas prácticas de la dictadura blanquicoloradamilitar (1973-1985).

En Artigas, tres policías fueron formalizados por abuso de funciones. Uno de ellos había disparado su arma contra un vehículo que evadió un control de tránsito, produciendo lesiones graves a una persona.

En diciembre, dos policías de la Seccional 24ª fueron imputados por el asesinato de Guillermo Marenales realizado en la madrugada del 7 de julio de 2020. A uno se le impuso el delito de homicidio con dolo eventual y al otro abuso de funciones en casos no previstos por la ley.

Los imputados se hallaban en un vehículo particular custodiando una vivienda en la Cruz de Carrasco cuando pasaron cuatro jóvenes y uno de ellos se detuvo cerca del auto para orinar. Luego de una discusión los policías le dispararon. Según su versión, lo hicieron porque creyeron que iba a sacar un arma de su campera; pero las pericias demostraron que el joven no estaba armado. Al sentir los disparos dos de los jóvenes huyeron, pero el tercero arrastró a su compañero herido durante una cuadra, hasta que aquel le pidió que lo dejara refugiado en unos arbustos. Cuando un familiar lo trasladó a una policlínica de Paso Carrasco, se constató su fallecimiento. Los policías recogieron las vainas de la calle y pretendieron ocultar el hecho.

Las cámaras de la zona mostraron al joven abriendo los brazos y las manos antes de ser ejecutado.

En diciembre, una familia de La Boyada denunció a dos policías por disparar perdigones a una mujer y sus dos hijos. Tal como informó la diaria: los policías declararon que los integrantes de la familia entraron en “desacato a la orden policial de identificarse” y que ellos recurrieron a las armas por la “inferioridad numérica”.

Es obvio que Fernández no es responsable de algo así; pero no ha hecho absolutamente nada para instruir a sus policías a efectos de impedir semejantes desbordes.

A fines de noviembre, la Asociación de Defensores de Oficio denunció ante la Suprema Corte de Justicia y el Parlamento 85 casos de abuso policial: allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares voluntarias y “con violencia inusitada”, maltratos y agresiones durante las detenciones, ausencia de exámenes médicos para constatar lesiones en los detenidos, etc.

Los casos de escándalos protagonizados por policías van en ascenso. Recordemos que en 2021 fue procesado por varios delitos el comisario mayor Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Maldonado. En octubre tuvo que renunciar el jefe de Policía de Río Negro, Martín Botto, acusado de encubrir a un oficial imputado por violar a su sobrina de ocho años. En noviembre renunció el jefe de Policía de Cerro Largo José Adán Olivera, luego de que el cabo Gonzalo Farías lo involucrara en un caso de contrabando, siendo actualmente indagado por la Fiscalía por una posible red de corrupción.

A esto se suma que en 2021 se llegó al récord en muertes carcelarias.

La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) ha pedido la destitución de Diego Fernández; pero el ministro del Interior lo respaldó en conferencia de prensa, señalando su experiencia. No cabe duda de que experiencia tiene; pero no necesariamente buena, sobre todo si consideramos su participación en organismos represores del régimen militar.

 

Dime a quién homenajeas y te diré quién eres

Diego Fernández permitió que, tras la muerte de Jorge Larrañaga, se pintase la frase de campaña del exministro “Hay orden de no aflojar” en la fachada del Grupo de Reserva Táctica de la Jefatura de Montevideo, lo que llevó a que desde la misma Presidencia se tomaran medidas para borrarla. También permitió que a un operativo antidrogas se le denominara “Guapo”, atentando contra las disposiciones legales que pretenden tener a la Policía fuera de las expresiones políticas. Hasta el colorado Ope Pasquet, con muy buen criterio, se expresó en contra de este abuso.

Pero lo peor, lo que dejó al descubierto su ideología modelada por la dictadura, fue cuando al salón de actos de la Dirección General de Información e Inteligencia le restituyó el nombre del represor Víctor Castiglioni y colocó un gran cuadro con letras doradas con el nombre del mencionado violador de derechos humanos

En cuanto a Luis Alberto Heber, seguimos esperando que tome una decisión con respecto al director de la Unidad 8 Domingo Arena, Miguel Moreira Martínez, quien homenajeó al fallecido Leonardo Vidal Antúnez. El exmilitar estaba preso por haber ejecutado al detenido Nelson Berreta, acribillándolo por la espalda. Con frases como “Lamentamos mucho la situación en que nos abandonó y lo injusto que fue”, “Las cárceles terrenales confinan el cuerpo, pero no el alma ni la mente” o “Las prisiones terrenales no pueden encadenar el espíritu”, también se solidarizó indirectamente con el resto de los represores del penal, cuestionando al Poder Judicial y violando la Constitución de la República.

Ya es hora de que el ministro se atreva a enmendarle la plana a su antecesor y coloque en estos cargos a profesionales con mentalidad democrática.

A menos que el propio presidente de la República se lo impida porque necesitará elementos así para reprimir las movilizaciones sociales cuando los efectos de la LUC se hagan sentir en plenitud.

Por esto y más, la pregunta que tengo para Heber es: ¿Cómo quieres ser recordado cuando pasen los años?

 

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