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La judicialización antidemocrática de la política

Por Emir Sader.

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Además de las acusaciones a grandes líderes populares latinoamericanos, como Lula y Cristina Fernández, de supuestos vínculos con casos de corrupción –para intentar implantar la idea de que todos los políticos son corruptos–, otras acusaciones igualmente significativas se están haciendo, las cuales, en los hechos, criminalizan actos de gobierno. En el caso de Cristina, se intenta transformar en caso judicial la política cambiaria de su gobierno, que puede ser discutida como política de gobierno, pero nunca criminalizada. Para hacerlo, se intenta extender la idea de que esa política habría traído ventajas financieras para la expresidenta y para su exministro de Economía. Se trata de ir acumulando sospechas que, aunque sin fundamento, vayan generando niveles de rechazo hacia grandes líderes populares para intentar ponerle techo a su popularidad e ir generando una imagen de envolvimiento con irregularidades. En el caso de Lula pasa algo similar. Como no han encontrado ninguna prueba de algún tipo de involucramiento con corrupción y su popularidad no deja de crecer, buscan condenarlo no con pruebas, como confiesan que no tienen, sino por “convicciones”, como si estas pudieran fundamentar alguna condena judicial. En contra de Lula se agregan políticas de su gobierno, de promoción de los intereses de empresas brasileñas con financiamientos públicos y con promoción internacional. Como no pueden concebir que Lula lo haya hecho por el interés del país, tratan de adjudicarle alguna ventaja a cambio de esas promociones. Un departamento que Lula nunca compró, un sitio que nunca fue de su propiedad, algo que pudiera demostrar que Lula actuó en función de intereses personales, como suele ser el caso de los gobernantes de derecha. Para confirmar esa forma antidemocrática de intentar excluir a políticos de gran arraigo popular de la disputa electoral y de la vida política, quitando de manos del pueblo el derecho de decidir sobre sus destinos, en Colombia surge un caso parecido. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petros, candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales del país, es blanco de un no menos espantoso proceso que intenta sacarlo de la disputa electoral, además de llevarlo a la bancarrota personal, con multas de varias decenas de millones de dólares por una política de tarifas diferenciadas en transporte urbano cuando estuvo al frente del gobierno de la capital colombiana. Se puede, como en los casos de Cristina y de Lula, discutir las políticas públicas de Petros, pero nunca criminalizarlas, menos aun porque tienen un carácter claramente popular y democratizador. La operación, además del intento de ataques personales a esos líderes, tiene como objeto criminalizar políticas de carácter publico, judicializar programas de gobierno, atacar las acciones de los Estados considerando que perjudican los intereses del país. ¿Quiénes son esos que los acusan? ¿Quién les dio representación democrática en el Estado de derecho para intentar descalificar gobiernos y políticas escogidas por el voto popular? Es una nueva vía de intentar inviabilizar gobiernos democráticos. En los tres casos, Cristina, Lula y Petros representan las alternativas de izquierda en las próximas elecciones de Argentina, Brasil y Colombia, tres países fundamentales en la región. Argentina y Brasil fueron los ejes de los procesos de integración regional, que tanta incomodidad ha producido en la derecha de nuestros países, así como en Estados Unidos. Colombia tiene como alternativa de la derecha a Vargas Lleras o al candidato que lance Álvaro Uribe. Petros aparece segundo en las encuestas o incluso empatado en el primer lugar. La democracia parece que, cada vez más, ahoga a la derecha, la condena a la derrota. Sus políticas neoliberales se chocan no sólo con los intereses de la gran mayoría de la población, sino también con la misma democracia. En Brasil, un instituto con el nombre de Millennium ha llamado esta semana la atención sobre cómo las elecciones de 2018 ponen en riesgo las (contra)reformas que la derecha trata de poner en práctica mediante un golpe y por medio de un gobierno que tiene 2% de apoyo (en el margen de error puede tener cero). El neoliberalismo se choca frontalmente con la democracia y con los intereses de nuestros pueblos. De ahí que busquen, ahora de una nueva forma, mediante la judicialización de la política, engañar a la democracia y a la voluntad popular.  

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