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La Revista | vivienda | Plan | asentamientos

Plan avanzar

El camino culebrero hacia la vivienda propia

El gobierno presentó el "Plan Avanzar" con el objetivo de atender 120 asentamientos en todo el país y unos 15.000 hogares con una inversión de 240 millones de dólares

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El anuncio, que se suma a una serie de medidas de carácter económico en el contexto de un aumento de los precios y sin que se volviera a tener noticias del debatido fideicomiso para los asentamientos, genera tibias esperanzas en los posibles beneficiados y grandes dudas en la oposición y en los sectores más movilizados, que son los que se encuentran ocupando terrenos.

La actividad se desarrolló en la Torre Ejecutiva y participaron también la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira; la directora nacional de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche, encargada de hacer la presentación del plan; el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, y el presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López.

Entre los asistentes se encontraban presentes integrantes del Congreso de Intendentes, entre ellos el de Canelones Yamandú Orsi y de Montevideo, Carolina Cosse.

Arbeleche detalló que el tema de los asentamientos es complejo, que todos los esfuerzos no fueron suficientes y que Avanzar es un punto de inflexión en la respuesta que el Estado brinda a mucha gente que tanto necesita.

En su exposición, puntualizó en la nueva estructura organizacional,la labor en conjunto con las 19 intendencias y la disponibilidad de recursos financieros. Comunicó que se invertirán 240 millones de dólares, cifra que duplica la inversión en asentamientos en los últimos períodos de gobierno, para intervenir en 120 de ellos y en más de 15.000 hogares.

En la actualidad, según Arbeleche, se trabaja en 40 asentamientos, cifra que matizaron integrantes de la oposición de la comisión de vivienda de Diputados. Arbeleche también refirió que los recursos adicionales permitieron retomar la intervención en 20 y se agregaron 60 en todo el país. Esto fue acordado y relevado con las intendencias departamentales.

Por su parte, la ministra Irene Moreira resaltó que el primero de marzo de 2020 había más de 600 asentamientos en el país, donde vivían poco menos de 200.000 uruguayos. Consideró que era una cifra impactante y que se debe cumplir con el derecho a una vivienda digna, como lo determina el artículo 45 de la Constitución de la República, comentario que parecería puede ir en contra del proyecto de su sector político (Cabildo Abierto) que impulsa una redacción de dicho artículo, que quita al Estado la responsabilidad de asegurar vivienda, idea que surgió luego de los dictámenes del Poder Judicial y sugerencias de tribunales internacionales de otorgar urgente solución habitacional a familias que estaban en condiciones precarias ocupando unos terrenos con sus niños.

La ministra Moreira expresó que en 2020 y 2021 se trabajó de forma intensa en varios de ellos y se logró finalizar 1.345 soluciones habitaciones. Añadió que en la Ley de Rendición de Cuentas se otorgó recursos para abordar esta problemática y también a través de un fideicomiso denominado “de integración social y urbana”.

Valoró el relacionamiento entre todo el sistema público de vivienda, el Congreso de Intendentes y las 19 intendencias departamentales para trabajar de manera integral y prevenir nuevas ocupaciones.

“Es la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en la historia del Uruguay, el Estado al servicio de una política social de vivienda”, enfatizó en una frase para la posteridad.

Los sueños de Luis

Sin dudas la intervención mas esperada era la del Presidente de la República Luis Lacalle Pou, que durante dos campañas electorales había lanzado la idea de “asentamiento cero”, parafraseando al expresidente de Brasil Lula Da Silva, cuando puso en práctica su plan “hambre cero”.

“Obviamente que era algo aspiracional, y no para un período de gobierno. Es una política de Estado y esto va a seguir con quienes vengan después si hacemos las cosas bien”, refirió sobre el tema.

En su intervención, expresó que la heterogeneidad de los asentamientos y sus distintas realidades inciden en la complejidad del tema. Además, señaló la experiencia acumulada y la vocación humana de mejorar esta realidad en todos los gobiernos de Uruguay. En este sentido, sostuvo que es importante destinar recursos a este tema para poder llevar a cabo el cometido.

Sobre el Plan Avanzar, subrayó el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas, la generosidad de instituciones públicas y los acuerdos en el ámbito parlamentario. “Es un punto de inflexión”, aseguró.

Recalcó, sin embargo, que la etapa siguiente a la obtención de recursos es la más trascendente, ya que hay que ocuparse de las familias que viven en asentamientos. “Hay que comenzar por viviendas dignas, es difícil levantarse todos los días sin saneamiento, debajo de chapas y nailon”.

El abordaje propuesto, que es básicamente en infraestructura, debe incluir un sentido más integral: “No alcanza con la vivienda, es fundamental, pero no alcanza si los niños no tienen acceso a un centro de salud, a una escuela y si no está el Mides cerca apalancándolos”, dijo.

Mencionando sus sentimientos mas íntimos, culminó expresando: “Hoy es un día, particularmente en lo político y en lo personal, de cumplir un sueño. Se puede soñar, hay que ponerle intelecto, rodearse de capacidad técnica, conseguir los recursos, y ahora es la hora de avanzar”, manifestó.

Cuentas que no cierran

En junio del año pasado a raíz de una movilización del asentamiento Nuevo Comienzo (ocupación de terrenos que data de fines del 2019 en el barrio en Santa Catalina), el Presidente Lacalle Pou propuso un fideicomiso para la regularización de asentamientos, tema fuertemente debatido ya que los recursos se obtendrían de una parte del presupuesto del Instituto Nacional de Colonización. También se votaba por esa fecha una nueva Rendición de Cuentas, donde se le asignaba menos recursos, entre otros, al Ministerio de Vivienda.

El subsecretario de esa cartera, Tabaré Hackenbruch, había declarado a la prensa que regularizar los 600 asentamientos que tenía el país tendría un costo de US$ 2.000 millones de dólares, lo que implicaría más de una gestión de gobierno.

Si ese cálculo es correcto, cada asentamiento tendría un costo de US$ 3.333 millones, lo que parece un costo algo mayor a los US$ 240 millones para 120 asentamientos, o haciendo otro ejercicio matemático, 240 millones de dólares dividido 15.000 hogares serían unos 16.000 dólares por hogar.

“Es humo”

La diputada del MPP, integrante de la Comisión de Vivienda de Diputados y exdirectora del Programa de Mejoramiento de Barrios en el período pasado fue la primera en expresar dudas sobre el plan.

Con su estilo frontal, dijo a M24 que el plan “es humo” y recordó que el Parlamento votó dos fideicomisos para contribuir a la financiación de la regularización de los asentamientos. Uno fue en el Presupuesto, que una parte del Fondo Nacional de Vivienda creaba un fideicomiso que se iba a gestionar con los privados para la construcción de viviendas.

Cairo expresó que este fideicomiso está “estancado” y no tiene perspectiva de construcción de viviendas por parte de los privados, presentado como plan de gobierno, plasmado en el presupuesto nacional.

El segundo fideicomiso, anclado en la Rendición de Cuentas, en donde se tomaron 15 millones de dólares del Instituto Nacional de Colonización (INC), cuando anunciaron que alcanzarían los 240 millones de dólares.

“No tenemos idea de cómo van a llegar” a esa cifra, dijo, dado que la venta de los inmuebles rurales que tiene el INC y ministerios son para hacer cárceles, según palabras del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Para la diputada frenteamplista, el actual problema que tiene el gobierno con este tema es el mismo presidente, que dijo que había que llevar a cero los asentamientos.

“Hasta ahora no ha habido una sola licitación nueva, un solo asentamiento regularizado nuevo. Todo lo que se está haciendo hasta hoy en vivienda, en general, ha sido del gobierno anterior”, señaló.

Y añadió: “En tres años ellos pretenden cambiar la realidad. Cualquier regularización de un asentamiento, solo pensando que la licitación está otorgada, la construcción de las viviendas lleva 24 meses. A no ser que piensen hacer cuchas para perros -y no estoy exagerando los términos- es decir, una pieza sin nada, no hay ninguna posibilidad de que puedan regularizar gran cosa porque dos años de gobierno se le fueron y porque no hay plata para decir que mañana empiezan a licitar, porque para licitar tenés que tener dinero”.

Cairo opinó que el anuncio del presidente respecto a este tema durante la conferencia fue para “vender humo”, con el objetivo de tapar un tema central como la seguridad social.

“Era una forma de darle esperanza a la gente de algo que no va a suceder. Pero de esperanza no se vive. Hay que dar condiciones para que eso pase. Y las condiciones son recursos que hasta hoy no sé de dónde los van a sacar”, sintetizó.

“El Ministerio de Vivienda perdió 34 millones de dólares. Si hay un ministerio al que le cortaron recursos con muchísima fuerza, fue al de Vivienda”, concluyó.

En diálogo con Caras y Caretas reafirmó lo expresado agregando que no le constaba que se estuviera trabajando en los 40 asentamientos como se anunció en la Torre Ejecutiva.

La cautela

Caras y Caretas consultó a algunos intendentes, parlamentarios, ediles y varios asentados sobre el plan; en casi todos hay un lucecita de expectativas con el plan pueda concretarse aunque varios se refirieron a la expresión presidencial “la etapa consiguiente a la obtención de recursos es la más trascendente”, ya que como expresó un ocupante, “después venir y decir que no consiguieron la plata o no les alcanzó, ya estamos acostumbrados”.

Lugares

Los 60 asentamientos sobre los que se trabajará son: Artigas 3, Rivera 3, Salto 2, Tacuarembó 2, Cerro Largo 4, Paysandú 3, Río Negro 3, Durazno 3, Treinta y Tres 2, Soriano 3, Flores 1 Florida 2, Rocha 3, Lavalleja 2, Maldonado 5, San José 2, Colonia 4, Canelones 3 y Montevideo 11.

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