Hacia una recuperación real del valor de los residuos

En setiembre de 2019, y tras un extenso debate, el Parlamento aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos (LGIR) por unanimidad, salvo en lo referente a financiación que contó con los votos en contra de la entonces oposición. Casi en forma simultánea, surgió un grupo de trabajo conformado por integrantes del Pit-Cnt, Universidad de la República y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) junto a otras organizaciones de la sociedad civil que, desde sus inicios, buscan contribuir a la reglamentación de la ley, así como la elaboración del Plan Nacional de Residuos que esta propone. En un documento público elaborado por el colectivo, expresan que buscan “procurar que la aplicación de la LGIR sea un paso decisivo en la protección ambiental, así como en la estabilidad de puestos de trabajo y en la dignificación del trabajo de los clasificadores de residuos, verdaderos generadores de valor genuino en la cadena de residuos”.

El problema de esta ley es que nunca contó con financiamiento para su implementación, lo que generó un espacio vacío por el cual “se cuelan” otros planes que contradicen la propia ley. Así lo expresó Jorge Ramada, integrante de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del Pit-Cnt, en diálogo con Caras y Caretas. A su entender, la mencionada ley “permitió incluir reivindicaciones respecto al apoyo a los clasificadores, así como el concepto de valorar los residuos como un bien que puede generar una cadena productiva en la cual los beneficios sean para los clasificadores y no para los sectores de intermediación que hoy se llevan la mayor parte de la riqueza”.

Ramada explicó que el grupo de trabajo que integra, y que desde 2019 viene realizando conversatorios en diferentes departamentos, generó un documento propositivo que se centra en “cambiar radicalmente el paradigma de recolección de residuos que predomina en los hechos: la familia usa y tira, y el Estado mezcla y entierra”. De acuerdo al entrevistado, el colectivo viene planteando pasar a un sistema de “clasificación desde el origen, recolección selectiva, aprovechamiento de las distintas fracciones y generación de nuevos valores sobre la base del trabajo digno de los clasificadores”. “Se busca generar condiciones y salarios dignos para los clasificadores y una política pública basada en un estado activo. Creemos que dejar el tema de los residuos en manos del capital privado o del criterio de las oportunidades de negocio no conduce a una recuperación real del valor de los residuos. Este sistema tiene un límite que es la conveniencia de las empresas”.

Espacios vacíos, discursos falsos

El Plan Nacional de Residuos -que surgió de la Ley de Gestión Integral de Residuos- tampoco ha funcionado de acuerdo a lo previsto en la normativa. Según Ramada, con el cambio de gobierno y la Rendición de Cuentas se postergaron algunas acciones como el registro de clasificadores y de emprendimientos que pudieran servir a la clasificación y la activación del Impuesto Específico Interno (Imesi) para los envases y embalajes. “El equipo económico del gobierno se negó a cumplir lo que establece la ley en el sentido de implementar el aumento del Imesi y, con respecto a esto, es importante desenmascarar algunas inexactitudes que forma parte del discurso del ministro [Adrián Peña] y de la Cámara de Industrias: la ley establecióel Imesi, no es como dice el ministro que podría establecerlo. Lo que no se estableció en forma obligatoria es la forma de aplicarlo, pero el impuesto está pautado y es el gobierno que no lo está aplicando”. En tal sentido, el Plan Nacional de Residuos, para Ramada, “terminó siendo un hermoso esquema que no tienen financiación, un papel vacío”.

La idea de que los envases y embalajes se gestionan mediante la responsabilidad extendida del importador es otra falsedad, según Ramada. “Ese fue el sistema que rigió en la Ley de Envases, aprobada en 2004, y que nunca se instrumentó como debía. La obligatoriedad de poder recibir todos los envases por parte de los comercios nunca se hizo, y, por otro lado, se dejó la puesta en práctica en manos de un fideicomiso creado por la propia Cámara de Industria. Las empresas que generaban envases adherían voluntariamente a un plan, con montos que no conocemos, y a partir de ese plan creaban mecanismos de recuperación. El llamado Plan de Gestión de Envases empezó por departamentos del interior (Canelones, Flores, Maldonado, Rivera y Rocha) porque no había necesidad de poner tanta plata. Recién a los siete años se instaló en Montevideo con cuatro plantas que aún existen, pero donde los fondos han sido permanentemente retaceados, por lo cual no tienen posibilidades de crecer. Tampoco han sido bien atendidas en el sentido de suministrarles material clasificado, en su origen se planteó que generarían una recuperación de un 80% de lo recibido y no se llega ni al 4%”. Es por tales motivos que el grupo de trabajo propone que se deje de aplicar la Ley de Envases y que comience a regir la Ley de Gestión Integral de Residuos, que en los hechos debería dejar sin efecto la de envases.

Nuevos planes

La Ley de Residuos estableció expresamente que los residuos especiales -excepto los envases y embalajes- son responsabilidad de sus productores. En el caso de los envases serían regidos por el aumento de Imesi, para lo cual surge el Fondo Nacional de Gestión de Residuos (Fonagres) que tampoco se ha cumplido. “No hay financiación por Imesi, no se creó el fondo y entonces el ministerio [de Industria] le tira la pelota a la Cámara de Industria para que elabore un plan. En este contexto, según Ramada, es que nació el “Plan VALE” que presentó la entidad en febrero de este año.

La iniciativa fue presentada por la Cámara como “un innovador sistema de depósito-reembolso de envases” que propone “recuperar más de 53.000 toneladas anuales de envases y materiales de envasado para reciclaje y valorización, alcanzando para 2025 más del 50% de lo vertido”. Para cumplir con esta meta, plantearon la instalación de 29 centros de recepción de materiales reciclables en los 19 departamentos que recibirían papel, cartón, metales y algunos plásticos. Además, colocarían más de 9.000 puntos de devolución de envases con depósito a través de los comercios existentes, para envases de bebidas de PET, vidrio, aluminio y larga vida.

Ramada cuestionó que el ministro de Ambiente anunció que el Plan VALE recuperará hasta el 30% de envases en dos años y hasta el 50% en 5 años “de una forma más propagandística que real” y “mediante un sistema que en 15 años de funcionamiento no recuperó ni 15% y que generó 200 puestos de trabajo”. A su entender, las mencionadas cifras son “una muestra del fracaso de un sistema que el ministro quiere utilizar para llegar a un 30%”. Por otro lado, señaló que el titular de la cartera tampoco explicó qué va hacer si recupera el 30% de los envases. “Actualmente, se procesa una parte, se prensa y se exporta para que una subsidiara de las envasadoras recupere algo para después hacer propaganda con los envases reciclados, que siempre son una fracción menor. Si se recuperara el 30%, no se sabría qué hacer con ellos”.

Además del Plan VALE de la Cámara de Industria, Ramada cuestionó el anuncio “sacado de la galera” de Peña, que planteó que utilizaría residuos para producir metanol para una naviera internacional. “Esto significa que vamos a usar nuestros recursos para generar una fuente de energía para una empresa naviera cuando la experiencia indica que eso no se hace con desperdicios orgánicos inutilizables, sino que se requiere material seco. Aparece la generación de metanol como una solución que, además, es contradictoria con los principios de una ley que habla de generar desarrollo tecnológico y valor propio. Con esta propuesta, se corta de un plumazo la posibilidad de utilizar los residuos orgánicos para otro tipo de emprendimientos como la agroecología, la generación de huertas, la fabricación de compost, algo que permitiría comprometer a la población con la clasificación, ya que generaría beneficios para familias vulnerables que podrían generar una fuente de alimentación propia”.

Para Ramada existe “una lucha histórica por la apropiación del valor que se genera con los residuos”, y que es posible gracias al trabajo de los clasificadores. “El residuo suelto es basura y no vale nada, lo que le da valor es el trabajo. Ese valor se lo apropian los grandes depósitos y las envasadoras. Se apropian del trabajo de los clasificadores que -los que han podido formalizarse mediante el plan de clasificación- ganan, en el interior del país, en el orden de 15.000 pesos. En Montevideo, gracias a la lucha, se consiguió un plus de un 50% a cuenta de la posible recuperación y se llegó a sueldos de 27. 000 nominales, un poco más de 20.000 pesos en la mano”, añadió.

Otro paradigma

La propuesta que viene haciendo el grupo de trabajo por la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos tiene que ver, según Ramada, con efectivizar el cobro del Imesi para generar recursos que posibiliten el financiamiento para la incorporación del mayor número posible de clasificadores al trabajo digno.

Para ello proponen la participación en el circuito de recolección, en el entendido de que la clasificación en origen no es efectiva. “Si no hay recolección adecuada, la persona que clasifica se desmotiva y no clasifica más. Se requiere un sistema de recolección ágil, basado en vehículos livianos, que podría dar trabajo a muchos clasificadores. Eso tendría que ir a planta de clasificación para separar distintas fracciones y trabajar con ellos, generar nuevos productos, sobre todo con el plástico”.

Para finalizar, Ramada enfatizó en que, para alcanzar la efectividad del sistema de residuos es fundamental tener claro qué vamos a hacer con lo recuperado y cómo garantizar que lo que se hace se use. El Estado tiene que garantizar la colocación de lo recuperado.