Lacalle en clave Luis

Charles Darwin

Nadie en este país maneja el marketing personal tan bien como Luis Lacalle Pou.

Una encuesta de Factum, dada a conocer el 28 de setiembre, determinó que la aprobación del presidente era de 61% contra 35% de desaprobación. La aprobación aumenta cuanto más alta es la edad de los encuestados, si están en clase media y media alta y si son del interior del país. El pico más alto de aprobación se dio a fines de 2020, con 66%.

En octubre de 2021, Equipos Consultores le daba 52% de aprobación y 33% de desaprobación. Pocos días después, en la primera semana de noviembre, la consultora Cifra le daba 59% de aprobación contra 33% de desaprobación.

Aun cuando los resultados varíen mucho de una encuestadora a la otra, y aun cuando las reiteradas pifiadas de estas empresas nos den derecho a dudar, más que de la eficacia de su metodología, de la intencionalidad en el manejo de datos, no podemos negar que Lacalle Pou mantiene una alta popularidad que trasciende los votos que lo llevaron al poder.

La pregunta obligada es si esto obedece a una gestión genial o a la fascinación que ha logrado provocar en buena parte de la ciudadanía.

Datos irrefutables

Más allá de ese encantamiento está la realidad, y la realidad de la gestión de Lacalle Pou nos deja saldos como los que siguen: desde que asumió el poder, la corrupción en Uruguay ha aumentado de manera impresionante. Los casos comprobados son imposibles de detallar en una sola nota y aquellos que dieron a entender durante la campaña electoral que los frenteamplistas irían por legiones a la cárcel son los que están cayendo como piezas de dominó.

Mientras criticaban la construcción del Antel Arena (sin descubrir el menor indicio de corrupción) nos enteramos de que estaban remodelando un estadio en Cerro Largo con materiales de contrabando. Eduardo Bonomi había descabezado a la cúpula policial encabezada por José Adán Olivera; pero Lacalle los restituyó. Ahora, el exjefe de Policía está respondiendo ante la Justicia, debido a que la fiscalía investiga una red de corrupción policial que iría más allá del contrabando descubierto hace pocos días. Todo se destapó cuando el cabo Gonzalo Farías (hombre de confianza de Olivera) dijo a unos policías que lo detuvieron momentáneamente en la ruta que la intendencia y la Jefatura estaban al tanto de lo que traía en el vehículo.

Olivera se vio obligado a renunciar mientras el ministro del Interior hablaba maravillas de él. La Justicia tendrá la última palabra. Lo extraño es que en los medios hegemónicos nadie investiga la responsabilidad del intendente blanco José Yurramendi Pérez. El cómplice del cabo Farías resultó ser Javier Silveira, funcionario de OSE que milita en el sector político del intendente y que dirige una fundación que ha sido contratada por Yurramendi.

Mientras tanto, se han multiplicado los casos de abusos policiales tras la influencia directa e indirecta de la LUC, que claramente ampara al gatillo fácil. La Asociación de Defensores de Oficio denunció ante la Suprema Corte de Justicia y el Parlamento 85 casos de abuso policial: allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares voluntarias y “con violencia inusitada”, maltratos y agresiones durante las detenciones, ausencia de exámenes médicos para constatar lesiones en los detenidos, etc.

Antes, con Larrañaga, y ahora con Heber, la cifra de delitos se distorsionan para mostrar una fotografía mucho más benigna de la situación real. Al comisario mayor Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Maldonado que cayera por varios delitos, se le descubrió que, por lo menos en un caso, desestimuló una denuncia de abigeato para que no subieran las cifras negativas. Con todo, desde hace casi cuatro meses tenemos un homicidio por día y, solo en el primer semestre de 2021, 3.957 casos de violencia contra niños y adolescentes, lo que implica un aumento de 55% con relación al mismo período de 2020.

Hablando de Maldonado, el sindicato policial de ese departamento (Sipolma) solicitó la remoción del jefe de Policía por no tomar medidas frente a una grave situación de violencia de género que involucra a un aspirante a ingresar a la institución. El sujeto se encuentra cumpliendo medidas cautelares desde octubre de 2020 por haber agredido a su pareja en San Carlos, la cual estaba embarazada y perdió a su bebé. La Justicia había dispuesto incluso la prohibición de porte de armas hasta 2022; sin embargo, estaba realizando el curso para ingresar a la Policía sin que el titular de la Jefatura hiciera nada para impedirlo.

Pocas semanas antes de la renuncia del jefe de Policía de Cerro Largo, tuvo que renunciar el de la Jefatura de Río Negro, Martín Botto, acusado de encubrir a un oficial imputado por violar a su sobrina de ocho años.

El herrerismo buscó a los peores elementos de la institución y los colocó en puestos de relevancia; las consecuencias están a la vista.

Por otra parte, las “fundaciones” son el gran medio para que los blancos contraten a los blancos que no accedieron a un cargo público, beneficiándoles económicamente con contratos cuya finalidad nadie entiende. De esas fundaciones, la que ha tenido preferencia y logrado cuestionables contratos con varias intendencias blancas, es A Ganar, que fuera dirigida hasta el año pasado por Malena Secco de De Posadas, esposa de Ignacio De Posadas, exministro de Economía por el Partido Nacional entre 1992 y 1995 y actual columnista del diario El País. Casi todos los contratos han sido observados por el Tribunal de Cuentas, organismo que cumple una función meramente ornamental en el entramado institucional, lo mismo que la Jutep.

A propósito, el senador Juan Sartori se niega a presentar a la Junta de Transparencia y Ética Pública una declaración jurada sobre los bienes de su esposa Ekaterina Rybolovleva. Sartori tiene una fortuna declarada de 90 millones de dólares; pero la de la hija del magnate ruso Dimitry Rybolovleva es muy superior. Tal como señala Marcelo Pereira en la diaria, los regalos de su padre incluyen un penthouse frente al Central Park de Nueva York, por el que pagó 88 millones de dólares en 2011, y la isla griega Skorpios, que fue propiedad del magnate Aristóteles Onassis. Es muy posible que al suegro de nuestro senador blanco no le cause ninguna gracia que los bienes de la familia sean objeto de investigación.

De todas formas, la transparencia es otra de las víctimas de este gobierno. Uruguay llegó a ser catalogado el país más cristalino de América Latina y el Caribe; pero cada vez más Lacalle Pou limita el acceso a la información pública.

También se ha perdido el valor de la palabra dada. Lacalle incumplió sus promesas electorales de “hacerse cargo” y de no subir las tarifas de los servicios públicos. Culpa de todo al gobierno anterior y subió las tarifas por encima de la inflación varias veces. Ante la crisis económica y sanitaria, no tuvo mejor idea que habilitar el desalojo exprés (30 días para el buen pagador y 6 para el mal pagador), bajar el salario real, disminuir un 12% el poder de compra de los funcionarios públicos y recortar el presupuesto para el Ministerio de Vivienda de 315 millones de dólares, que le daba el Frente Amplio, a 187 millones; todo eso mientras aumentaban el desempleo y la pobreza y Uruguay era reconocido a nivel mundial como uno de los países que menos invirtió (en proporción a su PIB) para contrarrestar los efectos de la pandemia sobre las personas más vulnerables.

El ataque a los sindicatos es brutal; sobre todo contra aquellos que representan a las empresas públicas que buscan privatizar. Con la portabilidad numérica se entregará a las empresas Movistar y Claro el 10,7% del mercado corporativo de Antel, lo que representa unos 11 millones de dólares anuales. También Ancap está en la mira. Al puerto ya lo entregaron por 60 años.

Con Lacalle regresaron los acomodos, los dedazos y el nepotismo. Los blancos evaden de todas las maneras posibles los concursos para ingresar a la administración pública e, incluso, crean cargos para colocar a sus correligionarios.

La incapacidad de sus ministros para ejercer sus cargos ha quedado en evidencia. Luis Alberto Heber, como ministro del Interior, ostenta el récord histórico de muertes en las cárceles. De 44 muertes registradas en 2019, se pasó a 48 en 2020 y 70 en 11 meses de 2021. De éstas, 17 fueron homicidios, 13 suicidios, 10 “dudosas” y 30 “muertes naturales”.

Lo del ministro de Defensa, Javier García, da tanta vergüenza ajena que me limito a recomendarles la nota de Alberto Grille “Hay que ponerle la cola al burro”. Lo de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo lo terminará de dirimir la Justicia. Irene Moreira (MVOT) ya anunció que no cumplirá su promesa de erradicar los asentamientos. Bustillo (Mrree) tuvo que pagar de su bolsillo las milanesas más caras del mundo. Mieres (MTSS) tuvo que plasmar por escrito que en el Inefop no se encontró nada irregular tras la investigación administrativa. Eso sí: en el Mides encontraron café vencido.

El gobierno blanco gasta fortunas pagando a empresas dirigidas por blancos para que realicen auditorías que demuestren que el Frente Amplio cometió delitos cuando era gobierno y hasta armaron el inédito circo de una autointerpelación para intentar mellar la imagen de Carolina Cosse.

Y podría continuar escribiendo durante meses sobre lo que es la gestión de Lacalle Pou; pero para hacerla corta, es un desastre por donde se busque. Entonces, ¿cómo se explica la popularidad del presidente?

Se los dije

Hace pocas semanas finalicé la nota “Patinando en barros blancos” con lo siguiente: “Pero no pasa nada… Mañana el presidente sale a pasear con su esposa, juega al fútbol, compra verduras o habla con una niña mientras lo filman y listo; el cholulismo le gana por paliza a la razón. La cultura cívica de los uruguayos es un mito tan grande como el de la garra charrúa”.

Dicho y hecho: poco después recibió en la Torre Ejecutiva a un niño que le había escrito una carta y unos días después visitó a una señora que estaba a punto de cumplir 81 años.

Antes de seguir debo puntualizar algo: estoy completamente convencido de que el presidente hizo ambas cosas de corazón, y cualquiera de nosotros quisiera estar en su lugar y poder alegrar la vida de un chico con hemofilia y a una vecina de tal edad. Lo mismo dije cuando recibió a la hija de una policía asesinada. Lacalle, igual que yo, es padre, y no dejaré que mis diferencias políticas me lleven a negarle buenos sentimientos en tales ocasiones.

Lo malo es que mientras recibe al niño, recorta miles de becas estudiantiles; mientras abraza a la anciana; le quita poder de compra a los jubilados y tras fotografiarse con esa niña, manda a los colegas de su madre a la calle con chalecos antibalas vencidos hace más de un año.

Como sea, cada vez que tiene un gesto que muestra su lado humano (comprar en un mercado, llevar a su hija a un shopping, pasear con su esposa, cruzar un alambrado, surfear, dominar una pelota, etcétera), los periodistas de su corte se encargan de que sea la noticia del día. Hay fotos que demuestran que cada una de esas escenas formaron parte de la campaña de marketing político de Mauricio Macri. Ya solo falta que le bese los pies a una vieja en un escenario como hizo el expresidente argentino.

Sin embargo, la culpa no es de Luis, ni de la niña, ni del niño, y menos de la encantadora señora.

La culpa es de aquellos que deciden su voto por emociones y con ello condenan a todo el país a pasar los peores cinco años de sus vidas.

La derecha sabe de marketing mucho más que la izquierda. La izquierda no ha logrado convencer a todos los trabajadores de que son explotados, mientras que la derecha ha logrado que la mayoría de ellos adoren a quienes les explotan y desprecien a quienes les defienden.