Libertinaje para pocos

En la fundamentación del proyecto, aseguran que la ley actual es “hiperreglamentarista, intervencionista, desbalanceada, discrecional y limitativa de libertades” porque “cada vez que hay regulación hay limitación de libertad”.

Los principales cambios que introduce son: mayor concentración mediática (se extiende de 3 a 8 el límite de señales por persona física o jurídica, eliminación de consejos de participación plural, eliminación del capítulo de derechos de las personas (no discriminación, cambios en accesibilidad), acotamiento de la protección a las infancias, obligatoriedad de Antel de compartir su infraestructura con competidores privados.

Gustavo Gómez, investigador experto en libertad de expresión y regulación de medios, que participó de forma activa en la redacción de la ley actual, ha expresado discrepancias con los cambios introducidos por el nuevo proyecto. Caras y Caretas conversó con él para entender el alcance de la derogación y cómo afectaría la nueva normativa el futuro de los servicios de comunicación audiovisual.

¿A quién favorece este proyecto de ley?

Claramente favorece a un sector del empresariado de medios, recoge todos sus reclamos contra la ley vigente. Yo tengo dos o tres fuentes que confirman que los dueños de algunos medios redactaron la ley. Si uno analiza desapasionadamente la ley y los motivos, en este gobierno se cree que hay que recomponer los intereses de un sector de la industria nacional de medios para darle capacidad de competir con extranjeros; uno podrá discrepar si esa es la verdadera intención o es otra, pero eso están diciendo. Al hablar de concentración, hablan de escala, dicen “tenemos que darles escala a los medios para pelear con los de afuera”.

En los hechos, eso, en realidad, reduciría el ecosistema de medios.

Ese es el problema. Le pongo escala, le saco peso para que compita mejor; por eso no pagan nada, la publicidad electoral gratuita no. El efecto colateral es ese, esto podrá ser útil para pelear con los de afuera, pero para adentro desbalancea mucho más todo el ecosistema de medios, que ya está desbalanceado entre los tres grandes grupos de la capital y el resto, más chicos, del interior; el resultado va a ser terrible, incluso desde el punto de vista económico, y ni que hablar desde la pluralidad de ideas e información.

Los empresarios de grandes medios que se expresaron en contra de la ley aseguraron que amenaza la libertad de expresión. ¿Cuál es su perspectiva?

La ley de servicios de comunicación audiovisual fue muy cuestionada por los empresarios de los medios porque decían que iba a ser una ley mordaza que obligaría a la autocensura y al cierre de los medios por ejercer la libertad de expresión. Este argumento expresado durante el debate de la ley se terminó trasladando a recursos de inconstitucionalidad, cerca de 30, hechos por distintas empresas que cuestionaron muchos aspectos de la ley, pero específicamente que había algunos artículos como los de protección de la niñez que violaban la libertad de expresión y significaban censura. Esos recursos la SCJ los declaró inconstitucionales. Eso no se ha informado suficiente. Se informó sobre los ocho artículos que parcial o imparcialmente se declararon inconstitucionales, pero en particular estos que fueron atacados porque amordazarían a los periodistas y medios fueron declarados constitucionales argumentando que no implicaban una violación a la libertad de expresión. ¿Cuántos medios de comunicación fueron cerrados durante esos años de la ley? ¿Cuántos periodistas fueron censurados y se les impidió hablar, opinar, informar sobre cuanto quisieron en materia de noticias gubernamentales o de interés público? Ninguno. Esa amenaza no se dio. Estos hechos demuestran que era una amenaza sin sustento alguno.

En el nombre de la libertad de expresión se han propuesto cosas completamente contradictorias. ¿Qué modelos de interpretación chocan en este debate?

Lo que hay de parte de los dueños de los medios es una idea de que la libertad de expresión es la libertad de ellos y es un derecho absoluto que no admite limitaciones. Eso no se corresponde con la doctrina y jurisprudencia internacional, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pide que se garantice la libertad de expresión de los medios, pero también de las personas que no tienen medios. La libertad de expresión también incluye buscar y recibir información. No hay libertad de expresión completa si no se da una dimensión individual y colectiva. Esto hay que sopesarlo y  evaluar para que la balanza no se incline para ningún lado. No solo la ley no viola la libertad de expresión de los medios, sino que en su articulado tiene que incluir los derechos de las personas frente a los medios, que lamentablemente según este proyecto se eliminarían. La ley actual reconoce por primera vez el derecho de objeción de conciencia para que los periodistas tengan la posibilidad de defenderse frente a los dueños de los medios; fue una iniciativa impulsada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) que protege a los trabajadores. Estamos frente a un proyecto que solo avala los derechos de los dueños.

El proyecto que ingresó al Parlamento elimina los espacios de participación ciudadana. ¿Cómo funcionan esos ámbitos y por qué son importantes?

Es un retroceso en el derecho vigente a la participación, a la transparencia y a controlar a los gobiernos cuando establecen políticas públicas, regulaciones o cuando aplican las leyes.  La ley actual establece la creación de al menos dos organismos de participación plural y amplia que permiten enriquecer la elaboración de políticas públicas y fiscalizan lo que hace el gobierno. La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), integrada incluso por los empresarios, universidades, trabajadores de medios y organizaciones sociales es un ámbito honorario para opinar e informarse de lo que hace la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) o el Ministerio de Industria (MIEM) en materia de comunicación. Es un control al gobierno, lo que viene muy bien en una lógica de transparencia. Hay otro organismo similar, instalado en el ámbito de los medios públicos, para alimentar, colaborar, tirar ideas, pero también fiscalizar lo que hacen quienes están al frente de los medios públicos. En este caso, lo que hace el director de los medios públicos, que es Gerardo Sotelo. Este proyecto de ley elimina estos elementos de transparencia, es un retroceso. Además se elimina la identificación de la Institución Nacional de Derechos Humanos como la defensoría del público, un organismo independiente que aunque no tiene potestades sancionatorias puede, a través de campañas de información y de la recepción de denuncias frente a violaciones de los derechos en los medios de comunicación, actuar como defensoría del público o de audiencia frente a los medios.

¿Qué pasa con la producción nacional?

Aunque en el borrador habían eliminado la obligatoriedad de tener un porcentaje de contenido nacional, en la versión final lo introdujeron de nuevo: 30% de música nacional y 60% de producción audiovisual nacional, muy genérico, veremos cómo se aplica. Además de que no da medidas claras de cómo se va a aplicar, se elimina un fondo de producción audiovisual de millones de dólares que iba a ser un aporte a eso. Ese canon lo pagaban las empresas de televisión para abonados.

La nueva ley permite que las televisoras cable puedan tener internet, pero además obliga a Antel a que abra su red y su infraestructura para que la televisión cable (pagando algo) la pueda usar. Y también deja que las empresas de telecomunicaciones, como Telefónica, accedan a la infraestructura. ¿Cómo se traduce esto?

La pregunta es quiénes están en condiciones hoy de hacer las inversiones que se necesitan para meterse en telecomunicaciones y dar servicios de internet. Porque la ley dice que a partir de ahora quienes tengan televisión también pueden tener internet. La trampa es que son unos pocos los que pueden llegar a dar eso. Eso no lo puede hacer un servicio de televisión por cable para abonados chiquito del interior. Esta es una posibilidad que van a poder aprovechar no solo los medios existentes, sino los que ya son poderosos. Por un lado, se permite que aumente la cantidad de medios que pueden tener, y a su vez les permites que también tengan más capacidad de recursos.