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Los cincuentones y la maldita herencia

Por Leandro Grille.

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Para apreciar la herencia de catástrofe recibida, a la tierra arrasada que nos legó el último gobierno mal conducido por el finado Batlle Ibáñez, hay añadirle un rosario de bombas retardadas que, ocultas en los vericuetos administrativos de la República, no por ello han interrumpido su cuenta regresiva. Un día, el menos pensado, sin advertencia, explotan esa bombas, guiadas por su mecanismo infalible que parece haber sido diseñado por un genio de la maldad, un relojero de las ganas de joder empecinado en dejar la huella destructiva más allá de su tiempo. Veinte años después de que el gobierno de Julio María Sanguinetti introdujera la reforma del sistema previsional con la creación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), estalló en las manos de un gobierno del Frente Amplio (FA) la bomba de la estafa a toda una generación de trabajadores. Como se sabe, por aquella época las personas que tenían menos de 40 años fueron obligadas a adherirse al nuevo sistema de ahorro individual sin que se les computaran los años que ya tenían aportados. Esas personas, que hoy oscilan entre los 50 y 60 años y son popularmente conocidos como los “cincuentones”, han sido tan perjudicadas que si se jubilan por el régimen de ahorro individual van a percibir una jubilación de un monto muy inferior al que recibirían si se jubilaran por el BPS. Este grave problema que afecta a decenas de miles de personas estafadas por un gobierno colorado -y sus cómplices blancos-, que tuvo la mala idea de privatizar el sistema previsional y obligar a una generación a afiliarse al nuevo régimen, va a ser solucionado con una ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento. La ley prevé la desafiliación retroactiva de los estafados, que podrán volver de forma progresiva al BPS, junto con los ahorros que tienen en las Administradoras de Fondos privadas. La solución no es simple ni es gratis. Algunos cálculos que andan circulando cifran el costo en  3.700 millones de dólares repartidos en 48 años. Aunque 1.200 millones provendrían de las arcas de las AFAP, los restantes 2.500 millones deberán ser afrontados por el Estado, de rentas generales, mediante casi medio siglo de erogaciones. En consecuencia, resolver la estafa a los cincuentones va a costar algo más de 70 millones de dólares por año, aunque con un cierto período de gracia para el Estado, porque los primeros 10 o 15 años se podrían solventar con la plata que tienen que transferir las AFAP al BPS junto con los individuos que se desafilien. La ecuación económica ha preocupado al Ministerio de Economía, que viene explorando soluciones alternativas menos onerosas que las previstas en el proyecto original, pero que no alcanzan a compensar el daño que se le hizo a los estafados. Por eso la inmensa mayoría de la bancada del FA quiere acompañar la propuesta del Ejecutivo, y así lo hará de no mediar una contraorden del propio presidente de la  República. La voluntad dominante en la izquierda es resolver este problema provocado por los partidos tradicionales y salvarle la jubilación a la generación de los cincuentones votando la ley antes de fin de año. Se dirá que es un esfuerzo demasiado grande por un contingente pequeño de la población, que además no se cuenta entre los sectores más vulnerables, pero hay un motivo de justicia contributiva que debe guiar el abordaje de este problema: esos trabajadores cumplieron la ley, hicieron los aportes que debían hacer y por culpa de una estafa en el diseño del sistema van recibir una jubilación mucho menor que la que les correspondería por el BPS. Ellos no tienen la culpa de esta confiscación; la tiene el Estado. Así que no cabe otra actitud que asumir la responsabilidad y ofrecer una solución que repare el daño. Pasado esto, hay que debatir el sistema de seguridad social y comenzar a construir las estrategias para  retornar a un sistema sólo público basado en la solidaridad intergeneracional. Porque no es, seguramente, el único cangrejo debajo de las piedras. Hay que debatir con las evidencias acumuladas en estos 20 años. Analizar cuál es rentabilidad de los sistemas de capitalización privada, qué tipo de inversiones realizan, cómo se han desempeñado las AFAP en sus obligaciones y si les conviene su existencia al sistema de seguridad social y a los trabajadores. En las Bases Programáticas para el Tercer Gobierno del Frente Amplio 2015-2020, más conocidas como el “programa” que rige este período, dice: “Continuar el proceso de reforma del Sistema de Seguridad Social de forma tal que todos sus componentes converjan en base a los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, suficiencia y participación social, así como de equidad y viabilidad fiscal, apuntando a la extinción del lucro en el marco de una reforma estructural del sistema y al mejoramiento de garantías para los trabajadores y sus familias” Pues bien, esa “reforma estructural” que apunte a la “extinción del lucro” para que los componentes del sistema de seguridad social “converjan” en los principios de solidaridad e igualdad, hay que hacerla. Y todos sabemos lo que implica. No podemos pasarnos la vida tapando los agujeros que nos dejaron, desactivando las bombas tan prolijamente instaladas por los que te dije, o por sus padres, o por los padres de sus padres.

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