La resolución fue emitida por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, al tiempo que comunicó a la Justicia su malestar por no haber ordenado el desalojo de los mapuches de sus territorios ancestrales. En la reunión de gabinete, Mauricio Macri, respaldó a Bullrich y al accionar criminal de la Prefectura. Por su parte, Gustavo Villanueva, el juez que investiga el asesinato de Nahuel, intenta lograr una solución consensuada y no violenta para asegurar la convivencia con la comunidad mapuche. La investigación pasa por el ingreso al predio de la comunidad para buscar pruebas de la brutal represión de la que está siendo objeto, a lo que se opone el gobierno. La expresión de disconformidad con el accionar judicial fue hecha pública por el jefe de Gabinete Marcos Peña. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Macri, emitió un comunicado para justificar su ausencia de la mesa de diálogo con los que considera “ocupantes ilegales”. Como frutilla en el postre, el Ministerio de Seguridad tió una resolución que les permite a las fuerzas federales ignorar las órdenes de los jueces “cuando consideren que no son legales”. La razón que esgrime el gobierno para su postura refractaria a los acuerdos y de desafío a las resoluciones judiciales, estriba en que considera que la muerte de Rafael Nahuel se dio en el marco de un conflicto armado con los mapuches, pese a que no exista la menor evidencia de que ello haya acontecido. Yendo más lejos aún, cuando a la ministra Bullrich se le pidieron pruebas acerca de esa afirmación, respondió simplemente que no las necesitaba, urgiendo al juez Villanueva a que se apresurara a desalojar a los mapuches.
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