El abogado paraguayo Guillermo Duarte Cacavelos, a quien el procesado otorgó poder en forma conjunta con Alba Zaracho, su socia, para representarlo en los procesos derivados de la quiebra del Banco Alemán y de Fondos Mutuos Banalemán ofreció una fianza real de US$ 1 millón en cada uno de los dos procesos que afronta en aquel país José Peirano Basso, quien pretende ser beneficiado con un arresto domiciliario en un hotel.
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El exbanquero teme ir a parar al penal de Tacumbú, el mayor centro penitenciario del país y uno de los más peligrosos de América, como lo adelantó Caras y Caretas.
Fuentes del caso dijeron a este medio que seguramente José Peirano Basso será enviado al penal. El penal cuenta con más de 3.000 internos, contando así con una superpoblación.
En declarciones al diario paraguayo ABC Color, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos dijo que “nosotros tenemos presentados en la Fiscalía todos los acuerdos. Tenemos informes del Banco Central de que el Banco Alemán ya pagó a todos los ahorristas, este perjuicio patrimonial hoy ya no existe y tenemos acuerdos firmados con los querellantes”.
PRETENDEN QUE YA NO EXISTE DAÑO PATRIMONIAL
Duarte comentó que si bien no tuvo participación directa en los acuerdos, tiene conocimiento de que se realizaron el año pasado, tras la oposición de los ahorristas a que se realizara una audiencia vía telemática, en la cual Peirano pretendía plantear la prescripción de la causa abierta con relación al caso Banalemán.
“Se firmaron acuerdos en que ellos (los querellantes) dicen que por el monto que recibían ya se daban por satisfechos y se extinguía la acción penal. El Dr. Óscar Tuma (representante de un grupo de ahorristas de Fondos Mutuos Banalemán, ya fallecido) buscó por cielo, mar y tierra a todos los que podía para firmar los concordatos y los acuerdos y a todos los que encontró nos presentamos y acordamos”, señaló.
Duarte explicó que una vez que su cliente llegue al país el próximo 30 de octubre, el juzgado tiene 48 horas para realizar la audiencia de imposición de medidas, que deberá realizarse ante el juez penal de garantías N° 4, Raúl Florentín, quien recibió días atrás la comunicación de Interpol.
El defensor explicó que también solicitará intervención en la causa que José Peirano Basso tiene en el juzgado de garantías N° 1, a cargo de Clara Ruiz Díaz, derivado del caso Banalemán.
Este juzgado no tiene actualmente este expediente, elevado a instancias superiores para la resolución de una recusación presentada por el anterior abogado de Peirano (Diego González Recalde) contra el juez penal de garantías Rolando Duarte, el 6 de setiembre de 2018.
Una de las querellantes que pidió reserva debido a que ya llegó a un acuerdo con su contraparte, el cual le exige confidencialidad, recordó que de los 3.300 ahorristas afectados por Banco Alemán, Banalemán y Trade & Commerce Bank (TCB), unos 170 presentaron querella, de los cuales unos 40 ya fallecieron y muchos están en la tercera edad.
“Ellos nos buscaron, y yo calculé, tanto esfuerzo, tantos gastos, tantos años de juicio y con esa justicia que tenemos, a la que no tengo ninguna confianza. Entonces acepté y acordé. Pero te digo, lo que nos dieron es el 10% de lo que reclamábamos, solo alcanzó para pagar el abogado y lo que quedó, ni para cubrir la fotocopia del expediente me sirvió. Pero bueno, por mi paz mental, acepté”, explicó.
La entrevistada dijo que estuvo esperanzada en recuperar sus inversiones cuando se repatriaron los US$ 4 millones del Banco Alemán desde Suiza, pero no vio un guaraní de ese dinero.
“En la liquidación, la última vez que nos pagaron nos dieron un 3%. Cuando vino la plata de Suiza, pensamos que por fin nos iban a reponer, pero nunca vimos ese dinero, nunca nos tuvieron en cuenta. Salieron con una ley diciendo que el dinero se tenía que repartir entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. El Banco Central de Paraguay (BCP) entró a reclamar porque era acreedor por la ley de emergencia y entre ellos quedó todo. Los perjudicados somos los últimos de la fila. La verdad es que ya no tenía ninguna expectativa, por eso acepté el acuerdo. Y ahora viene a cumplir un formalismo para blanquearse. Para mí, es una payasada”, expresó.
EN 2014 SE RECUPERARON MÁS DE US$ 3 MILLONES DE SUIZA
El 25 de enero de 2014 se informó que el BCP logró recuperar la totalidad de los fondos de la asistencia efectuada al quebrado Banco Alemán en el año 2002. Casi doce años después, se pudo finalmente cancelar la ayuda con el último pago percibido de US$ 3.145.427.
Con ello se saldan las acreencias restantes, dadas por el ente monetario central a la entidad intervenida el 24 de junio de 2002 para el pago a los ahorristas, en el marco de la Ley 1947/02. Esta ocasión marca la primera oportunidad en que el BCP recuperó el 100% de este tipo de asistencias financieras, mencionaba el comunicado.
De acuerdo a los antecedentes, tras la intervención del Banco Alemán por el BCP, se identificaron fondos en cuentas suizas por lo que los liquidadores, conjuntamente con la Fiscalía General, lograron el comiso del dinero y su remisión al país.
El dinero había retornado al Paraguay en el año 2012, depositándose los fondos en una cuenta judicial. Posteriormente, el Bapsa (en liquidación) había promovido la demanda por restitución de los fondos, allanándose el BCP y la Procuraduría General de la República a esta demanda.
La demanda de restitución de fondos fue resuelta en el año 2013, cuando el Bapsa ya había sido declarado en quiebra.
OTRO OBSTÁCULO
Un nuevo obstáculo se presenta en el juicio ya que la postura de dos ministros de la Corte paraguaya puede permitir a José Pairano Basso ser beneficiado con la prescripción.
Atendiendo los recientes fallos firmados por los ministros de la Sala Penal, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, el procesado debe ser beneficiado con prescripción del hecho.
La postura de Llanes y Ramírez Candia es que una vez transcurrido el doble del plazo del hecho punible atribuido al encausado, corresponde la prescripción, independientemente a la interrupción que se pueda dar.
Peirano Basso está enjuiciado por lesión de confianza, cuya expectativa de pena (tipo base) es de hasta cinco años de cárcel. En consecuencia, la prescripción se registra a los diez años, sin importar que el exbanquero no haya podido ser extraditado por “circunstancias objetivamente insuperables”, como el proceso que enfrentó en Uruguay.
Los dos ministros integrantes de la Sala Penal ya prescribieron más de 30 causas y con ello beneficiaron a los acusados que chicanearon sus procesos penales.
Lo grave de la postura de Llanes y Ramírez Candia, que se contrapone a la de otros colegas, es que allana el camino para la impunidad masiva en casos de corrupción público y otros delitos.
GUILLERMO DUARTE CACAVELOS, DEFENSOR DE CUESTIONADAS AUTORIDADES POLÍTICAS
Según el diario paraguayo La Nación, “en su trayectoria como abogado, Guillermo Duarte Cacavelos cuenta con una larga lista de clientes, en su mayoría autoridades políticas salpicadas por diversas irregularidades en sus gestiones. Fue contratado para asumir la defensa del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Rodolfo Friedmann, quien fue involucrado en un esquema para quedarse con las licitaciones de la merienda escolar cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Guairá”.
El periódico agrega que Duarte Cacavelos actualmente también ejerce la defensa del diputado Miguel Cuevas, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), procesado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias durante su administración como gobernador del departamento de Paraguarí. El parlamentario, quien pasó de ser un humilde zapatero y vivir en una casita a contar con varias estancias, se encuentra privado de su libertad en la sede de la Agrupación Especializada, hace varios meses.
Otro de los referentes políticos que solicitó su servicio como abogado es el cuestionado presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, quien está imputado por supuesta falsificación de facturas y uso de documentos públicos de contenido falso, que fueron utilizados en la rendición de cuentas de la nucleación política de las elecciones generales del 2018.
El exministro del Interior, titular del Partido Democrático Progresista (PDP) y esposo de la senadora Desirée Masi, Rafael Filizzola, también integra la lista de los referentes políticos cuestionados e involucrados en casos de corrupción, cuya defensa es ejercida por Duarte Cacavelos.