Los senadores de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech no se tomaron bien las declaraciones del Fiscal de Corte, Juan Gómez, respecto al proyecto de ley que presentaron en el Parlamento, el cual propone sancionar penalmente a los fiscales por eventuales casos de prácticas malintencionadas.
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El polémico proyecto, denominado “Delito de prevaricato cometido por funcionarios”, establece que el fiscal que “intencionalmente persiga penalmente a un no culpable o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, multa de 60 UR a 12.000 UR e inhabilitación especial de 3”.
Además, se plantea extender a los fiscales la prohibición de “participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto”, tal como se establece en el artículo 77 de la Constitución para otros funcionarios públicos.
En declaraciones al diario El País, Gómez reconoció que miró “con atención el proyecto de ley presentado, que criminaliza la actividad de los fiscales”.
“Yo sé que no debería contar con voluntades para ser aprobado, pero el solo planteo lleva a pensar qué hay detrás”, agregó.
Para el Fiscal de Corte, detrás del proyecto hay un “movimiento” en contra de los operadores judiciales. “Lo digo con mucho respeto, esto es impresentable”, remató.
El que lo dice lo es
El calificativo utilizado por el Fiscal de Corte parece haber enfurecido a los senadores cabildantes, que defendieron su proyecto y devolvieron el adjetivo a la Fiscalía dirigida por Gómez.
Según Manini, “hay casos donde es sabido” que los magistrados actúan con mala intención. Esa es la razón que motiva el proyecto, el cual “da garantías a todos los uruguayos”.
En entrevista con Radio Montecarlo, el senador y líder de Cabildo Abierto manifestó que le resulta “llamativo que alguien se ofusque o se ponga de esa forma porque se le diga que se va a penar cuando un fiscal a sabiendas condena o lleva a juicio o imputa a un inocente”. “Claramente hay que sancionarlo penalmente cuando haga eso”, agregó.
En cuanto a los dichos de Gómez, Manini consideró que “impresentable es lo que está pasando en muchas fiscalías del Uruguay en estos últimos tiempos”. Según el senador, “todos los uruguayos lo tienen muy claro”.
En el mismo sentido se pronunció Guillermo Domenech, quien en declaraciones a El País opinó que “lo impresentable es la forma en que se está manejando la Fiscalía en materia penal”.
El legislador cabildante afirmó que la Fiscalía “tiene juicios importantes en su contra” y que “todos los días aparecen denuncias por un motivo u otro”.
“Los propios defensores de oficio se quejan del funcionamiento de la Fiscalía”, añadió.
Más críticas al proyecto
El proyecto de ley ya había sido cuestionado anteriormente, por la Asociación de Magistrados del Uruguay y por el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa.
La Asociación de Magistrados expresó en un comunicado a la opinión pública que la iniciativa constituía una “amenaza”, que podía llegar a “criminalizar el trabajo cotidiano de jueces y fiscales”.
Además, señalaron que jueces y juezas de nuestro país se encuentran ya “sometidos a responsabilidad por los actos que realizan en el desempeño de su función”.
En ese sentido, hicieron referencia al artículo 23 de la Constitución, a la ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales) y a delitos que les pueden ser aplicados, previstos en el Código Penal.
Según se expresaba en el comunicado, los magistrados seguirán el avance del proyecto en el Parlamento, ya que el mismo “podría significar un nuevo intento de incidir en decisiones judiciales y una afectación de la fundamental separación de poderes”.
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