La herencia política dejada por Alberto Fujimori ha marcado al Perú desde los años 90 de una u otra manera. El expresidente, que se encuentra detenido desde 2005, paga varias condenas por su directa implicación en secuestro, asesinato y lesiones graves cometidos durante 1991 y 1992 por un grupo policial-militar llamado el Grupo Colina, y que actuó bajo su mando directo.
Fujimori permaneció en la presidencia entre 1990 y 2000 luego de un autogolpe de estado, donde desconoció al Congreso y tomó el control del resto de las instituciones, derogando la constitución vigente para permitirse una reelección inmediata. Finalmente dejó la presidencia en 2000 estando en Japón, aprovechando su doble nacionalidad. Ese año el Congreso decidió no aceptar su renuncia y finalmente terminan declarando la vacancia de la presidencia.
La vacancia presidencial es una figura que existe en la constitución peruana, que habilita al congreso a declarar como “insubsistente” al presidente por los motivos que considere pertinentes, en la mayoría de los casos en que se ha buscado la declaratoria de vacancia, como en el caso de Vizcarra, ha ocurrido por considerar que quien ocupa el cargo no tiene la suficiente “solvencia moral o ética” para continuar en él.
En el caso de Vizcarra, los votos necesarios para declarar la vacancia eran 87 y logró 105 de 130, una importante mayoría. A partir de la decisión tomada, la presidencia queda en manos del presidente del congreso Manuel Merino. La decisión fue tomada en medio de un clima político agitado en Perú, donde la imagen del presidente es bastante favorable dentro de la población, pues sin ser un presidente progresista, tomó distancia de la postura más neoliberal encabezada por el depuesto Kuczynski y el sector que lo rodeó, esto aún cuando en el manejo de la pandemia, Perú es uno de los países que tiene la tasa más alta de contagios y fallecimientos per capita en el mundo.
Vizcarra no pertenece a ninguno de los sectores políticos
La situación que ocurre hoy con Vizcarra, es una muestra clara de la inestabilidad política por la que pasa Perú. Las protestas en las calles no se han hecho esperar y hay manifestaciones en las calles de Lima, donde se argumenta que lo ocurrido ha sido una especie de golpe parlamentario. Es importante determinar los hechos en lo concreto, mucho más allá del carácter que se le ha querido imprimir a la situación.
Vizcarra es acusado de haber recibido coimas durante su gobernación de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014. Según las acusaciones, Vizcarra habría recibido unos 65.000 dólares para asignar la construcción de un hospital regional y un distrito de riego. Estas acusaciones tienen como única base en este momento, el testimonio de tres testigos cuyos nombres aun no se conocen y aun no han sido aceptadas oficialmente por la Fiscalía.
Es decir, que la moción de vacancia contra Vizcarra fue tomada, y llevada a término con base en una acusación y no en una sentencia. Este es uno de los grandes debates que se ha venido dando a partir de esta situación, además de que la figura constitucional de la vacancia, está basada en calificativos completamente etéreos que dan pie a cualquier interpretación.
La falta de “solvencia moral” es una afirmación en la que cabe todo. Claramente, si un funcionario ha recibido sobornos o coimas, no hay manera de defender su integridad ética, sin embargo, en este caso no hay una condena en firme que sustente los hechos que serían la causa central de la solicitud de vacancia.
Este es justamente el carácter que han tomado los hechos en las últimas semanas en el Congreso peruano, pues quienes fueron los principales impulsores de la vacancia, tomaron como base argumental para tal fin “el bien de la nación” o “la defensa de la moral”. Estos argumentos son subjetivamente muy importantes, pero claramente no constituyen un piso jurídico serio sobre el que apoyar la destitución de un presidente, porque, aunque la figura de la vacancia no señala directamente la destitución, el hecho jurídico que opera sobre el “cargo” de presidente, resulta afectando a quien lo ocupa.
Perú tiene elecciones generales el próximo 11 de abril, convocadas por el mismo Vizcarra. Ante esta situación no es difícil asumir que la declaratoria de vacancia es un movimiento claramente dirigido al posicionamiento de fuerzas políticas de cara a las elecciones, las fuerzas más hacia la derecha neoliberal continúan teniendo mucha fuerza en el Perú y buscan la forma de generar cohesión de la manera en que mejor saben hacerlo en cualquier lugar del mundo, y es señalando “la suciedad en el ojo ajeno” para que no se vea la del propio.
