La reforma de la ley 7722 instalaba la posibilidad de utilizar cianuro y otros elementos nocivos, además de abrirle la puerta a proyectos megamineros. Los defensores decían que sería una forma de reactivar la provincia de Mendoza. Los detractores que iban a contaminar los recursos naturales y a vender la tierra a bajo costo a capitales extranjeros.
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