Mota: “La Suprema Corte tiene todo el poder”

“Fueron 26 años”. Son las primeras palabras de Mariana Mota cuando se le pregunta sobre sus sensaciones por tener que renunciar al Poder Judicial para asumir en la Inddhh. Mota solicitó mantener su cargo en reserva al amparo de la ley que creó la Inddhh, pero la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó ese planteo y la obligó a renunciar. “Siempre me convocó mucho trabajar por los derechos. Pero el último tiempo fue muy duro, muy difícil, entonces es un sentimiento ambivalente. Dejo un lugar donde trabaje tantos años y por otro lado dejo una institución que terminó siendo muy hostil”, afirmó Mota, en diálogo con Caras y Caretas. Su carrera en la magistratura quedó marcada por su intempestivo traslado de la órbita penal a la civil. Un traslado que se dispuso de un día para el otro, sin previo aviso, sin siquiera consultarla. Un momento que aún recuerda y en el que dice que no sintió el respaldo de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), gremio del cual se terminó yendo. “No me fui porque no me respaldaran -eso sería mirarme el ombligo-, sino porque fue una asociación que nunca sentí que defendiera verdaderamente los derechos de los jueces”. “En ese traslado, y en esa movilización que hubo, había que hacer una lectura y no la hizo la SCJ -obviamente-, pero tampoco la hicieron los demás jueces, decir ‘esto no está bien’. Porque no está bien que te trasladen de un día para el otro, de un área a otra, sin ninguna razón y sin que valoren si lo que estabas haciendo estaba bien o mal”, dijo Mota. En este sentido, la exjueza cuestionó que hasta el día de hoy el gremio de magistrados no haya efectuado ningún reclamo en relación a los criterios y las formas en que se define un traslado y, más aun, sobre el mecanismo mediante el cual son calificados los jueces para obtener un ascenso. “Los jueces son calificados por los superiores jerárquicos, pero nunca saben cómo son calificados. No tienen ni idea de si alguien le tiene tirria y lo califica mal, y eso queda ahí, no se puede recurrir ni saber por qué te calificaron mal, al menos, para mejorar”. “Esa calificación, que no se sabe cómo ni bajo qué parámetros se hizo, termina incidiendo decisivamente en tu carrera porque incide en si estás o no en una lista de ascenso para, eventualmente, ascender”. “Es una vulneración tan elemental de los derechos, que me resulta muy llamativo que una asociación que dice defender los derechos de los jueces no haga un planteamiento de que ese sistema tiene que ser cambiado”. Eso se puede explicar por el poder que concentra la SCJ. “Tiene tanto poder concentrado en sí misma, que después es muy difícil enfrentarse [a ella]. Si dependo de ella para ascender, no la puedo cuestionar o no me conviene cuestionarla. También define hasta qué voy a tener en los juzgados, porque define los recursos presupuestales. La SCJ tiene poder disciplinario. Tiene todo el poder. ¿Con quién interactúo para poder lograr que esto sea más objetivo o que haya un organismo que controle a la SCJ? No hay nadie”. “Tal vez pueda ser absolutamente objetiva en todas sus decisiones, pero como nadie puede controlarla uno puede cuestionar, incluso, si es objetiva o no. ¿Cuál es el control que tiene la Corte? ¿El TCA en un recurso? No. No es así, no debería ser así, porque no se puede estar a un recurso que demora mucho tiempo o años de juicio para saber si la Corte hizo bien o mal las cosas. Debería ser controlable desde un punto de vista más democrático, que existan otros órganos y se desconcentre ese poder. Por ejemplo, que exista un ‘consejo de la magistratura’ por el cual los ingresos, ascensos y traslados de los jueces se definan por otras ópticas y no solamente por cinco personas en base a una lista a la que a veces hacen caso y otras no, y que nadie sabe cómo se conforma”, expresó Mota.