“Tanto la matriz, como los instigadores en materia económica, social, cultural, son los mismos que en 1956 (Revolución Libertadora, organizadores del golpe a Juan Domingo Perón), 1966 (dictadura de Onganía), 1976 (última dictadura cívico militar) y en los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri. Es el poder de las empresas multinacionales que tienen a estos personajes como sus operadores a sueldo. Es el programa que vienen impulsando con éxito desde Mont Pelerin, el think tank del neoliberalismo que congeló Bretton Woods. Lo demás son conflictos o contradicciones secundarias para ver quién se queda con la mejor parte del negocio”, aseveró Carlos Cruz, extitular de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno del Frente de Todos e investigador sobre delitos económicos transnacionales desde la década de 1970.
La matriz autoritaria de la nueva administración quedó a la vista con su intento de avasallar al Congreso de la Nación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o a partir de la extorsión al conjunto de gobernadores para que apoyasen un proyecto de ley con una nueva reforma del Estado, a cambio de recursos económicos previamente recortados.
“Estamos frente a un intento de recuperar los objetivos fundacionales del golpe del ‘76, los cuales se profundizaron en los ´90. Para ello, quieren detentar la suma del poder público para que la disputa abierta por los negocios en el terreno de los mercados se haga sobre una profunda regresividad distributiva. Además, hay una puja entre las distintas fracciones del capital”, analizó Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular y exdirector del Banco Nación.
Puja de poder
El proceso que se abrió con las primeras medidas del Gobierno Milei involucra, por un lado, un fuerte ajuste ortodoxo que pretende modificar los precios relativos a favor de los sectores oligopólicos y en detrimento de los ingresos reales de los sectores populares; y por el otro, el intento de imponer diversas reformas estructurales de carácter neoliberal, como por ejemplo la desregulación de la economía, privatizaciones, flexibilización laboral y apertura comercial.
“Resetear la economía”, sostuvo el titular del Grupo Techint, propiedad del italiano Paolo Rocca. La empresa se quedó con uno de los principales activos del país, la empresa YPF. El Gobierno de Milei colocó en la presidencia de la petrolera de bandera a un íntimo de Paolo Rocca.
Esta empresa, oligopólica en la construcción de los caños sin costura para la industria de los hidrocarburos, posee su sede legal en el paraíso fiscal de Luxemburgo.
No por nada, una de las primeras medidas de Milei fue el envío al Congreso de la “eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal”, entre Argentina y Luxemburgo. Techint se beneficiará con una baja de impuestos que debería tributar en Argentina.
“Hasta 2011, la familia Rocca controlaba sus acciones en Siderar a través de una laberíntica y dinámica estructura de siete sociedades montadas en guaridas europeas y algunos destinos caribeños. Luego migraron la radicación de Siderar desde Luxemburgo a España, como un mecanismo que le permitiera evitar el pago de impuestos a los bienes personales correspondientes a las tenencias de acciones. Esa maniobra había sido habilitada por el acuerdo para evitar la doble tributación, firmado en pleno auge privatizador entre la Argentina y España. En 2012, el convenio fue dado de baja”, explicaron los periodistas Santiago O'Donnell y Tomás Lukin en su libro ArgenPapers.
“La criminalidad económica encuentra terreno fértil en aquellas jurisdicciones donde las legislaciones son laxas, no hay controles y pueden operar con total libertad. Se desarrollan a través de entramados societarios para canalizar el dinero del delito y pasan sin ton ni son destruyendo la vida de muchos de los que se atraviesan en su camino. Todo esto redunda en Estados pobres que no tienen recursos para invertir en salud, educación, seguridad, producción y empuje a la economía; o Estados que se endeudan y se venden”, explicó María Eugenia Marano, especialista en criminalidad económica e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).
Privatizaciones
El principal objetivo de la Administración Milei pasa por establecer una nueva estructura jurídica que garantice una enorme transferencia de recursos a un puñado de empresas y grandes grupos financieros. Otro objetivo estaría vinculado a la dolarización, es decir el golpe final hacia los trabajadores y trabajadoras y el poder adquisitivo de los salarios.
Dolarización, transferencia de recursos y endeudamiento externo tendrán de fondo un nuevo proceso privatizador. Todo tiene que ver con todo. En la década de 1990, las privatizaciones menemistas se concretaron a partir de un esquema de endeudamiento externo planificado por la JP Morgan y el Deutsche Bank, entre otras instituciones.
De ahí que los responsables de llevar adelante este entramado sean el ministro de Economía, Luis Caputo, y su mano derecha, Santiago Bausili, titular del Banco Central. Ambos habían sido los responsables de armar la arquitectura financiera para iniciar el proceso de endeudamiento de la era Macri. Los dos fueron empleados de la JP Morgan y el Deutsche Bank.
Dentro de este escenario, el mega Fondo BlackRock ya posó sus ojos en los activos del país. Le interesan los recursos naturales, tanto los de Vaca Muerta como el litio, donde ya pesa fuerte a través de una compleja red de Fondos de Inversión y grandes empresas aliadas. El Consejo de Seguridad de los Estados Unidos también le hizo saber sus intereses al tándem Caputo–Bausili y al propio presidente Milei.
A los tres días de asumido el nuevo gobierno, el embajador norteamericano Marc Stanley y un grupo de funcionarios del Consejo de Seguridad vinculados a temas económicos estuvieron reunidos en la Casa Rosada. “Se discutió la manera en que Estados Unidos y Argentina pueden fortalecer sus lazos de cooperación, en especial lo vinculado a las energías verdes”, destacaron en un comunicado rubricado en inglés. Energías verdes es sinónimo de litio.
De la partida también fueron invitados Mike Pyle, un asesor de Seguridad Nacional para los temas de economía internacional; Jared Siegel director para asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional; y Anna Van Hollen, otra funcionaria de esa área clave del Gobierno de Joe Biden, especialista en política industrial.
En todo está BlackRock
El fondo de inversión que lidera Larry Fink ya es dueño de la mayoría de los proyectos literos en el país. No lo hace de manera abierta, sino que se esconde detrás de diferentes mamushkas societarias. Tampoco son conocidos los verdaderos dueños del capital, es decir los representados de Fink, ocultos por el secretario bancario y fiscal que suele proteger a estas organizaciones.
Una de las principales empresas de litio que opera en el país se llama Livent. El fondo de Larry Fink cuenta con el 15,76 % de las acciones de esta minera, seguido por Vanguard Group (11 %), Wellington Managment (7 %) entre otros. La empresa nació dentro de la estructura de Lithium Corporation of America en 1940, como parte de un proyecto conjunto con el Gobierno norteamericano.
Según las memorias y balances de BlackRock, una de sus empresas asesoradas es Lithium Americas Argentina Corp. Todo tiene que ver con todo. A su vez, este mega fondo de inversión posee más del 6 por ciento de las acciones de YPF, la petrolera de bandera clave para el desarrollo de Vaca Muerta.
Para Fiona Scott, economista especializada en temas vinculados a la lucha antimonopólica (exfuncionaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos), las empresas como BlackRock “apuestan a tener acciones en sociedades de un mismo sector para horadar la competencia y aumentar los precios hacia los consumidores”.
Por eso no sería extraño que en un corto plazo se vea y analice a este tipo de fondos de inversión como una especie de supra Estados privados pero por encima de los Estados nacionales. No por nada Milei apuesta a dinamitar la moneda nacional, el Banco Central y todo rasgo de soberanía.
“Lo peculiar de esta época es que por primera vez desde la década de 1990 las distintas fracciones del capital convergen y constituyen el sustento del mascarón de proa que encarna el presidente actual. Los conflictos del nuevo siglo dan lugar a una exacerbación de la demanda de energía, minerales y alimentos que son los bienes primarios con que cuenta el país. Estas son las actividades en que los sectores dominantes perciben una situación virtuosa para llevar a cabo un proceso de acumulación ampliada de capital, sustentada en el saqueo de los productos primarios y el consiguiente ocaso de los procesos de industrialización del país”, enfatizaron los investigadores de Flacso Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli.
Como una forma de parafrasear a la escritora Forrester, se estarían apreciando en el país los movimientos de “una dictadura del ultraliberalismo”.