La movilización de la industria química sigue sumando apoyos a medida que recorre el litoral del país.

Le reclamaron al gobierno el ajuste de julio para las jubilaciones y pensiones más bajas que involucran a unas 160 mil personas.

La medida responde principalmente a la falta de inversión pública para la construcción de viviendas, a la reconversion de los puestos laborales de trabajadoras y trabajadores de los peajes.

«Está bueno salir a defender aquello que creemos que es bueno para el país y que ya ha tenido, a mi juicio, resultados positivos», dijo el secretario de Presidencia.

Argumentan que las nuevas políticas de combustibles «fueron cuestionadas por cientos de miles de uruguayos y uruguayas que resolvieron habilitar un debate democrático» y que se debe aguardar a que «el pueblo soberanamente se expida».

El Sindicato de la industria Química se declaró en preconflicto ante la posibilidad del cierre de plantas de ALUR. La marcha inicia el viernes y llega a Montevideo el martes.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comunicó que la asamblea de trabajadores aprobó el acuerdo alcanzado entre las partes. «Lo más importante es que queda claro que no hay espacio para mandos medios acosadores de mujeres mientras existan trabajadores organizados», le dijo a Caras y Caretas el secretario general del Sunca, Daniel Diverio.

La medida responde al rechazo por el traslado de un funcionario y a la reducción del servicio de guardia.

Según la senadora nacionalista la gente firmó para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración por «miedo». También tildó a Cosse de «barrabrava» por asistir a la movilización de la entrega de firmas.

Referentes politicos y del movimiento social reflexionaron sobre el resultado de la campaña de recolección de firmas para habilitar la consulta popular sobre la LUC y sobre la intencionalidad del Gobierno de opacar lo que fue «una gesta histórica».