En esa denuncia, Mesa imputó a Evo Morales por los supuestos delitos de alteración u ocultación de resultados, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos y uso indebido de influencias. Sin embargo, la jueza Claudia Castro señaló que el Tribunal Supremo Electoral no logró determinar la existencia de fraude en las elecciones, ganadas por Morales y anuladas tras la ofensiva que lo obligó a renunciar y salir del país ante el peligro que corría su vida.
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El alegato de fraude fue alimentado por un ambiguo informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que hablaba de irregularidades en los comicios. En el caso, Mesa involucró también al vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, y a sus ministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Carlos Romero y otros imputados.
El fraude desestimado por la jueza Castro fue invocado para desestabilizar a Morales y colocar como presidenta de facto a Jeanine Áñez, quien cesó el 8 de noviembre último, al asumir la presidencia Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS).
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