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ASOCIARMEPerciballe aseguró que pedirán las extradiciones y que se está confirmando el paradero de algunos militares prófugos de la justicia.
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Las causas que investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura incluyen a 14 militares prófugos en más de 30 causas. Están prófugos de la Justicia José Luis Parisi y Wellington Sarli.
A pocos días de una nueva Marcha del Silencio, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a Caras y Caretas que fue clave la creación de una sola fiscalía especializada y se refirió al caso de las torturas en Bella Unión que se formalizará en los próximos días con dos imputados y decenas de víctimas del gremio UTAA.
Explicó que a la salida de la dictadura se aprobó la Ley de Caducidad, “y aunque se pudo investigar, había una decisión política que impedía avanzar en las causas”. A partir de 2005 hubo un cambio muy importante por parte del Poder Ejecutivo —siguió Perciballe— que permitió el ingreso a los cuarteles para la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y se dio una modificación en el Artículo 3 de la Ley de Caducidad.
Esto permitió procesamientos como “el del traslado de 28 personas en el llamado segundo vuelo de la muerte”, el 5 de octubre de 1976. Luego de 2009 se declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso de Nibia Sabalsagaray y bajo el mandato del expresidente José Mujica se resolvió derogar todos los actos administrativos. También fue clave la sentencia Gelman que condenó a Uruguay por no investigar la desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman, y que además obligó a investigar todos los crímenes de lesa humanidad.
El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad dijo que cuando finalmente las causas y denuncias vieron luz verde —porque la normativa nacional e internacional permitió avanzar—, al mismo tiempo fueron recibidas en los distintos juzgados con distintas fiscalías que no conocían las causas globalmente. “Hubo personas más o menos comprometidas, y así el avance de las causas no fue el mejor. De hecho, desde 2005 a 2018 hubo 18 causas con procesamiento y condena que alcanzaban a una veintena de personas”, dijo Perciballe.
A partir de 2018, cuando se instaló la Fiscalía de Lesa Humanidad bajo la vigencia del actual Código de Proceso Penal, “hay posición única para todas las causas con un análisis global de todas las investigaciones. Al punto que esto permitió trasladar pruebas de un expediente a otro y tener una única línea de investigación”. Perciballe agregó que “esto permitió un avance sustancial en cantidad de causas con personas imputadas, condenas y procesamientos”. Perciballe sostuvo que el universo de causas, tanto las entendidas con el viejo código como las que se tramitan por el actual, suman 170 causas judiciales por violaciones a los derechos humanos. “Todas las causas por el viejo código están instruidas y finalizadas y en la gran mayoría ya tienen imputaciones, por tanto estamos esperando que las sedes judiciales resuelvan”.
Al mismo tiempo, bajo la tramitación del actual Código de Proceso Penal existen unas 15 causas en investigación. De hecho, el próximo 22 de mayo habrá audiencia de formalización con dos imputados por decenas de víctimas de torturas y privación de libertad en Bella Unión, una investigación poco divulgada “porque además de la lejanía son personas desconocidas”, dijo Perciballe. La causa trata de violaciones durante la dictadura que incluyeron abusos sexuales a integrantes del gremio UTAA, quienes se entendía eran militantes del MLN.
Perciballe añadió que, dentro del universo de 170 causas, hay unas 40 causas que no cuentan con procesamientos ni condenas porque están pendientes al tener que esperar que se defina la situación de unas 14 personas prófugas que están involucradas en unas 35 causas distintas; entre ellos están prófugos el militar José Luis Parisi y Wellington Sarli. Sarli está procesado en Chile por la causa del homicidio de Eugenio Berríos e involucrado en la causa de las torturas a adolescentes en el departamento de Treinta y Tres, y en La Tablada en los casos de Antonio Paitta y Felix Ortiz, entre otros. También está prófugo Jorge Grau, involucrado en los hechos del centro clandestino de reclusión La Tablada, y Daniel Maiorano, quien vive en España y está investigado en una denuncia presentada por violaciones a los derechos humanos en Prefectura.
El fiscal indicó que por el actual Código de Proceso Penal ninguno de los imputados declaró hasta ahora, amparándose en su derecho a no declarar establecido en esa normativa. Y por el viejo Código de Proceso Penal, en tanto, en el 100 % de las causas —agregó Perciballe— todos declararon ser inocentes, nadie participó en nada y nadie vio torturas. Todos dijeron que hicieron trabajo administrativo. Consultado sobre si en algún momento militares y sus abogados presentaron la posibilidad de atenuar su responsabilidad brindando información veraz, Perciballe respondió que en su fiscalía nunca se dio esa posibilidad, al tiempo que “nuestra normativa interna no habilita ese tipo de instancias y los militares tampoco han tenido voluntad, ni los que participaron directa ni tangencialmente, que como ya advertimos no son pasibles de responsabilidad penal”.
