El informe jurídico respalda esta interpretación y alerta que condicionar el acceso a funciones públicas por razones económicas puede derivar en una forma encubierta de exclusión social. “La representación democrática no puede ser limitada por cuestiones económicas pues vulnera el derecho a ser electo”, afirmó Valdomir. “Solicitar un préstamo o estar pagando una hipoteca ya convierte al ciudadano en deudor, y las deudas responden a temas más amplios que no solo se vinculan a la ética”, agregó.
Desde su perspectiva, la iniciativa de Schipani introduce una lógica que recuerda a las prácticas censitarias del siglo XIX, donde el acceso a la política dependía de condiciones económicas. “Este proyecto pretende volver a una especie de política censitaria en donde solo un pequeño segmento de la sociedad puede ser electo”, expresó el legislador.
A esto se suma una crítica de orden político. Valdomir considera que el proyecto está cargado de “oportunismo y demagogia”. En su cuenta de X, escribió que Uruguay ya cuenta con un amplio ordenamiento jurídico que establece deberes e incompatibilidades para los servidores públicos, por lo que una iniciativa de este tipo no solo es innecesaria, sino que también refuerza prejuicios y genera falsas soluciones.
La discusión sobre este proyecto toca una fibra sensible del sistema democrático, ¿quiénes tienen derecho a participar en la vida pública y bajo qué condiciones? Para Valdomir, cualquier intento de condicionar ese derecho por la situación económica de las personas resulta regresivo y también inconstitucional.
En tiempos donde la confianza ciudadana en la política está en juego, el desafío parece ser fortalecer la transparencia sin caer en medidas que, bajo una apariencia moralizante, puedan convertirse en mecanismos de exclusión.
