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ASOCIARMEEl próximo domingo habrá nuevas elecciones. Un breve repaso sobre el interior del país revela que la institucionalidad ha sido relegada por la corrupción y la ambición de poder.
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Las encuestas estarían mostrando que a muchísimos ciudadanos no les preocupa votar a bandidos o dirigentes denunciados por corrupción con tal de que les resuelvan sus problemas más urgentes.
Valentina Dos Santos, exjerarca departamental y exdiputada procesada y condenada el año pasado por actos de corrupción, lidera la campaña del Partido Nacional en Artigas. Aunque fue sancionada por su partido y estuvo impedida legalmente de ser candidata, ha puesto todos sus recursos —que son muchos— en apoyo del candidato Emiliano Soravilla. Éste anunció que, si gana, Dos Santos será secretaria general de la Intendencia.
En setiembre del 2023 Carlos Albisu renunció a la presidencia de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande después de que solicitara un refuerzo presupuestal de 200 millones de pesos. Entonces se descubrió que había designado en forma directa, y con altos sueldos, a unas 30 personas, entre ellos ediles y dirigentes políticos blancos, colorados y exfrentistas. Por otro lado, y obviamente para apoyar su futura candidatura, realizó dispendiosos gastos en instituciones y personas de su cercanía. Hoy Albisu, con el apoyo de Luis Lacalle Pou, aparece como el candidato con más chances de ganarle el gobierno salteño al Frente Amplio. El actual intendente frentista, Andrés Lima, también tiene varias denuncias por clientelismo político.
Guillermo Besozzi, el candidato nacionalista a la Intendencia de Soriano con más chance, está formalizado por 7 delitos de corrupción. Podría ocurrir que, si es elegido, deba renunciar para ir a prisión domiciliaria. No hay antecedentes de un caso así. Por el caso ya hay unos 30 formalizados, entre ellos la plana mayor del Ejecutivo departamental, dirigentes de ADEOM, empresarios y hasta un policía.
María del Luján Sánchez, exconcejala e hija del alcalde de Florencio Sánchez, “el hombre de las mil gauchadas”, que también fue procesada y estuvo presa un año por corrupción, ahora nuevamente, con apoyo de Carlos Moreira, es candidata a alcaldesa de la misma ciudad.
Wilson Ezquerra, exintendente de Tacuarembó y candidato a la reelección, fue denunciado en fiscalía por un presunto abuso de poder. Le vendió una tierra de su propiedad a una empresa maderera brasileña. Enseguida solicitó a la Junta Departamental una recalificación del suelo que permitiría la instalación de la empresa. Finalmente, el único que ganó fue él, porque la empresa se retiró. Mucho más llamativo es que, por diferentes razones, no hubo un fiscal en la capital de ese departamento que tomara el caso y, por lo tanto, el expediente fue derivado a Durazno, donde duerme en un cajón sin fiscal asignado.
Pocas semanas atrás, Pedro Rodríguez, jerarca de la Oficina de Turismo de la Intendencia de San José, fue separado del cargo después de que se denunciaran manejos irregulares con dineros públicos. A su vez, el nuevo directorio de la Jutep analizará si debe denunciar en Fiscalía al intendente de Florida, Guillermo López, por contratar a una empresa propiedad del esposo de su secretaria privada.
El año pasado fue procesado con prisión domiciliaria Luis Bilbao, director de Servicios Varios de la Intendencia de Florida, acusado por el robo de materiales en la localidad de La Cruz para ser usados en viviendas de otros jerarcas.
En el año 2021 la Policía de Cerro Largo descubrió un importante contrabando de césped y gran cantidad de materiales que iban a ser usados en la remodelación del estadio Antonio Ubilla, propiedad de la Intendencia, aunque la obra estaba a cargo del Club Cerro Largo. Las denuncias contra alcaldes y concejales han sido frecuentes. Tal vez el caso más grave sea el de Humberto Allende, alcalde blanco de Cerro de las Cuentas, procesado con prisión por violar a una mujer de 78 años.
Lavalleja enfrenta dos dilemas: uno en la interna blanca y otro por la posibilidad de que por primera vez en la historia el Frente Amplio acceda al gobierno. Esta situación ha desatado una guerra cruzada entre los candidatos del Partido Nacional. El intendente Mario García, candidato a la reelección, fue acusado por la dirigente nacionalista Andrea Aviaga, hermana de Carol Aviaga, la otra candidata a la intendencia, por pagar sobreprecios en la construcción de un parque infantil que terminó costando casi 500.000 dólares, cuando había otra propuesta por la mitad. La obra del cartel de hierro que anunciaba la llegada a Minas y que costaría 650.000 dólares está abandonada y los materiales estropeados. Pero además se descubrieron sobreprecios escandalosos en la construcción de una dependencia para jóvenes: desde un televisor plasma que costó unos 500.000 pesos, hasta un set de paletas y pelotas de ping pong por el que se pagó 40.000 pesos y 14 macetas de plástico compradas a un costo total de 54.000 pesos. Después de las elecciones se presentará una denuncia penal por parte de ediles del FA.
En Rocha ocurre algo similar. La Intendencia está muy disputada entre el blanco Alejo Umpiérrez, exintendente y candidato a la reelección, y el senador Aníbal Pereyra, que pretende volver al cargo que ocupó entre el 2015 y el 2020. Éste fue denunciado ante Fiscalía por los ediles blancos que lo acusan de pagar con dineros públicos a un asesor de campaña. Pero la denuncia más grave circula en el departamento, formulada por un exedil frentista que ahora integra el Partido Nacional, quien en un audio afirma que “Umpiérrez se embolsó más de un millón de dólares en coimas con las obras de un fideicomiso”. Esa denuncia aún no llegó a la Fiscalía.
El próximo intendente será, casi con seguridad, Miguel Abella, el hombre designado por Enrique Antía y exdirector de Recursos Humanos de la Intendencia. Su primera suplente es María Antía, hija del exintendente y esposa del actual alcalde Maldonado, Andrés Rapetti.
El herrerista Rodrigo Blás, el otro candidato blanco, formuló a principios de esta semana graves denuncias contra su oponente. Según informó La Diaria, Blás consideró que “ha sido una campaña extraña” porque ha tenido que “debatir” sus propuestas con los periodistas. “Que cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer lo otro... Entiendo el poder de la pauta, el poder del dinero, entiendo el miedo, pero sepan que yo no tengo miedo”, advirtió. También cuestionó que cuando “la noticia” tiene que ver con él, “va en décimo lugar”.
“Por más que los mandan, un periodista me preguntó si en serio voy a hacer un hospital de mascotas. ¿Y desde cuándo dudás de un candidato que propone algo? Si algo he sido en mi vida política es serio”, dijo, sin identificar al periodista en cuestión. A la vez, desafió: “Que los que están pagando a periodistas para inventar y a internet para difundir vengan a acá a discutir de propuestas. Al de la pauta, que me pregunte las veces que quiera, pero que le pregunte al candidato por qué no puede ser viable 50 millones en vivienda y sí 50 millones en los barrios. De paso, que pregunte por qué no gastaron en obra, porque el gobierno son ellos”, lanzó.
También dijo que circula en YouTube un aviso que lo acusa de tener “problemas” con la Dirección General Impositiva y con su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. “No tengo problemas con nada: la DGI pidió perdón y la Jutep archivó la causa. Lo que tengo lo logré con 40 años de trabajo”.
En realidad ambas cosas son falsas. La DGI jamás le pidió perdón y la Jutep no abrió una investigación porque la bloqueó el oficialismo en el período anterior. Pero su inconsistente declaración jurada está dentro de los primeros expedientes que investigará el nuevo directorio de la Junta de Transparencia.
Este organismo también tiene a estudio varias denuncias contra Enrique Antía. Por lo pronto, jamás recibieron respuesta a una solicitud de informes realizada a la Intendencia de Maldonado.
