Ferrero y la 16.099
La fiscal Ferrero cumplió un dignísimo papel en el combate al narcotráfico y de esa experiencia seguramente adquirió el reflejo de “caminar sobre el pretil de la cornisa”. Me refiero al hecho de que, para la Dra. Ferrero, lograr que los fiscales accedan a través de los periodistas a la información de las filtraciones implica pasarle por encima a la Ley n.° 16.099 que garantiza la libertad en los medios de comunicación.
Nos consta que la fiscal Ferrero no va a dejar de tomar en cuenta el artículo 1º de dicha ley, que establece, entre otros conceptos: “Los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”, derecho ratificado en el 2009 por la ley n.° 18.815 de modificación del Código Penal.
Entonces ante esa herramienta jurídica en manos del periodista, ¿qué sentido tiene hacer “desfilar” a los trabajadores de la prensa por las sedes fiscales? ¿Se busca generar un estado de ánimo donde el periodista debe discernir entre su derecho o exponer a la fuente y, además, quedar expuesto ante quienes ostentan el poder?
Desde el 2020 Uruguay no está pasando por su mejor momento en su relación con la prensa; los informes de CAINFO y otros observatorios de ejercicio de la libertad de prensa advirtieron sobre el deterioro que desde las esferas del gobierno de Luis Lacalle Pou y algunos ministerios se estaba produciendo con la prensa. Este deterioro se explicita en la baja de respuestas a los pedidos por acceso a la información pública, denuncias judiciales contra periodistas y diversas formas de amenazas.
Y en verdad que una denuncia contra un periodista, profesional y humanamente no es un capítulo sencillo, y el asunto requiere importancia según de dónde provenga la citación. Un ciudadano o en general un dirigente político ofendido y que lo denuncie ya forma parte del folclore uruguayo en los últimos tiempos. Pero si la citación proviene desde la Fiscalía, el asunto asume otras características, no solo porque quien cita tiene en sus manos la responsabilidad acusatoria en nombre del Estado, sino porque en todos los casos los temas a tratar tienen que ver con una trama de poder político.
El otro asunto es lo que hace al rol del periodista y es su deber de dar difusión a todo asunto que concite interés en la opinión pública; y además es un derecho de la población, más allá de los resultados de las investigaciones judiciales, conocer en qué tipo de conductas reñidas con la ética o incluso en la incursión de delitos pueden estar ejerciendo funcionarios públicos o con responsabilidades institucionales o profesionales. Y en general esas malas conductas, esas prácticas realizadas “dentro de la alcoba” o tras muros, son las que las fuentes, los testigos, filtran a la prensa.
Muchas fuentes lo pueden hacer por motivos personales; quienes quedaron relegados de la posibilidad de un botín o de un cargo público, enojos personales, en la mayoría conductas altruistas que sienten determinadas situaciones no deben permanecer en el anonimato.
El tercer asunto, y quizás a veces el más definitorio: los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la sociedad, y es con este tiempo, el de la gente, que la prensa convive. La sociedad no puede esperar a que la Justicia reúna todas las pruebas para condenar al funcionario público al que la sociedad le está pagando el sueldo para que, mientras la Justicia se toma su tiempo para las pruebas y resuelve, siga “en la fiesta impune” generando actos de corrupción.
Para la prensa, habiendo agotado todos los elementos de convicción, incluso aportando a la propia Justicia, alcanza; no es el rol de la prensa ocupar el de la Justicia, ni tampoco, reitero, sus tiempos.
El secretismo en Uruguay
En Uruguay, quizás por su escasa población, por su ritmo aldeano, por las populares frases de “acá nos conocemos todos”, “cada familia es un mundo”, “no aclares que oscurece”, hay una concepción dominante del derecho a la intimidad, y así nos va con los altísimos números de la violencia intrafamiliar. Pero lo público, la esfera de las instituciones públicas y quienes en ella ejercen no debería ampararse en esa subcultura, pero lo hace, como si el secreto bancario (ese trofeo a la especulación financiera) fuera aplicable a todos los ámbitos.
Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou las puertas de los despachos de muchos ministerios eran como las puertas de las viviendas particulares; las “ventanas” del acceso a la información pública se encontraban tapiadas, con venecianas, rejas y gruesas cortinas.
Hasta el día de hoy, por nombrar solo algunas de las informaciones que merece saber el pueblo uruguayo, no sabemos cuánto pagó el Estado uruguayo al laboratorio Pfizer por las vacunas contra el covid-19, cómo se gestionó el Fondo Covid, cómo se definen las erogaciones económicas beneficiando a algunas empresas sobre otras, ni tantos otros asuntos.
Convivir
En algún momento la prensa y el sistema de justicia deberán asumir que hay que aprender a convivir y administrar las naturales tensiones que ejerce la responsabilidad de la tarea de ambos. La Justicia, en este caso la Fiscalía, no puede “domesticar” la labor de la prensa. Nuestra relación es como la del fotógrafo y el guardia de seguridad del dirigente político; el primero debe registrar al dirigente y el segundo asegurar su integridad física, y bien lo saben ambos, esas tareas en general se sobrellevan amigablemente con empujones y algún codazo.
En todo caso, y en el caso que nos ocupa, la Fiscalía tiene más que elementos para investigar de qué sitios se filtra información y no toda va a parar a la sala de redacción o a los teléfonos particulares de los periodistas.
La libreta y el ventilador
Los periodistas nos regimos por nuestro código de ética y bien que APU, el sindicato de los trabajadores de la comunicación, se encarga de velar por ello. Cualquier periodista que se precie de tal sabe cuál es el camino a recorrer para que la información que anota en su libreta llegue al público. Son decenas de llamadas, consultas, chequeo y contra chequeo, búsqueda de archivos y antecedentes, valoración de la calidad de la fuente.
Es cierto que hay pocos de los otros, los que reciben una información y en la precocidad de la primicia o la enfermedad de la vanidad colocan los datos frente al ventilador. Pero en Uruguay somos pocos y nos conocemos, sabemos quiénes practican el amarillismo y quiénes el periodismo responsable. También lo sabe la fiscal Ferrero.
Renglones atrás hablábamos de los distintos tiempos de la sociedad y de la Justicia; fueron investigaciones periodísticas las que arrojaron luz sobre la violación a los derechos humanos ejercida por parte de “honorables funcionarios militares y policiales”, muchas veces premiados por el sistema político, e incluso alguno de ellos, ascendidos.
Fueron trabajos de investigación periodística los que ayudaron a comprender la maraña de vínculos que permitieron la fuga de Marset, la trama de Astesiano, el rol de la ex fiscal Fossati, los profesionales involucrados en la Operación Océano y las redes de poder en la causa Penadés.
Fueron investigaciones periodísticas las que exhibieron tramas de corrupción y otras actividades de apariencia delictiva en filas policiales, militares e instituciones públicas, de empresarios vinculados al narcotráfico o lavado de activos.
Y en muchos de los casos nombrados, de no haber tomado estado público, la Justicia seguía de ojos vendados, no ya para poder descargar su espada sin contemplar contra quién, sino para seguir viviendo "el sueño de los justos".
