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ASOCIARMEQuerer medir la eficiencia en el manejo de un campo de colonización solo con criterios de rentabilidad del sector privado es un error.
Caras y Caretas Diario
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Es posible que quienes piden la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC) tengan razón y que la calidad de colono de Eduardo Viera le impida ejercer el cargo para el que fuera designado por el Poder Ejecutivo.
No vemos, sin embargo, que nadie se violente mucho por el incumplimiento permanente del artículo 45 que consagra el derecho a una vivienda decorosa, higiénica y económica para “todo habitante de la República”.
La situación de Viera preocupa especialmente al senador Bordaberry, quien hace unos días expresó temores de que todo lo aprobado hasta ahora por el presidente del INC quede anulado. Curiosamente, Pedro es el primer Bordaberry de una larga estirpe que expresa temores por la posibilidad de que un artículo de la Constitución no sea observado. Valga recordar que su padre, por el que Pedro expresó inequívocamente especial respeto y devoción, fue condenado por atropellar la Constitución y otros delitos de lesa humanidad como homicidio y desaparición forzada de personas, todos ellos en reiteración real.
Pedro tampoco le hizo asco cuando en 2018, siendo senador de la República, hizo gestiones ante la FIFA y la Conmebol de Alejandro Domínguez para se interviniera la AUF y se lo nombrara a él mismo presidente de la “Comisión Regularizadora” de la misma, naturalmente cobrando una cifra de cuatro ceros en dólares que se acumulaban a su suculento salario de servidor público. Tampoco tuvo empacho hace unas semanas en mostrarse en los corredores de AUF en ocasión de una importante votación de la Asamblea de Clubes, siendo miembro de la Comisión Especial de Deporte y Juventud del Senado.
Sin ánimo de caer en generalizaciones, daría la impresión de que aquello que se le permite a los “galerudos” queda absolutamente prohibido a los “botudos”.
El antecedente inmediato de aprobación unánime de su venia nos lleva al siguiente punto: la oportunidad. Evidentemente, el anuncio de la compra de la Estancia María Dolores durante el funeral de José Mujica hizo aflorar una discusión que, como bien explicó el presidente de la República, está instalada desde hace 75 años. “Hay que revisar las actas de lo que fue la creación del Instituto de Colonización. Y, honestamente, la oposición o quienes siempre estuvieron en contra de Colonización van a buscar toda la vuelta para que esto caiga", expresó el Prof. Yamandú Orsi.
Es llamativo que la gran mayoría de los argumentos esgrimidos en contra de la adquisición dejan de manifiesto una profunda ignorancia sobre la diferencia entre los bienes públicos y privados. Pareciera que en el proceso de frenar las compras por parte del Instituto todo argumento vale. El senador Bordaberry llegó a cuestionar el precio de compra de hectáreas con riego en medio de la principal cuenca lechera, comparándolo con el promedio nacional. Pero es comprensible que quien dejara quebrada a la AUF y al City Torque tenga algunos problemas de naturaleza estructural con el manejo de números.
Con su experiencia en la venta de campos a extranjeros, el senador Da Silva no cometió el error de Bordaberry. Sabe muy bien lo que vale un campo con riego en esa zona, y por eso, en su meteórica e inexorable carrera hacia el stand up, optó por centrar sus críticas en el número de habitaciones del caso de la estancia. Quizás se le pasó por la cabeza el pensamiento horrendo de que alguna vez algún colono llegue a ocupar alguna de esas habitaciones, cuando el destino manifiesto de los trabajadores del campo es apilar a sus familias en taperas.
Querer medir la eficiencia en el manejo de un campo de colonización exclusivamente con los criterios de rentabilidad del sector privado es un error. Si siguiéramos ese criterio, no existiría ninguna carretera al norte del Río Negro, ya que la tarifa de peaje que aseguraría el repago de la inversión sería imposible de pagar para residentes y productores de la zona. Del mismo modo con el objetivo de llevar la electricidad al medio rural. Transporte carretero y distribución eléctrica son claramente bienes públicos necesarios para que el sector privado pueda desarrollar sus actividades. Y en el caso específico del norte del país, entre los principales beneficiarios se encuentran los productores agropecuarios.
De modo que resulta incomprensible que se esté atacando la creación de una nueva colonia de productores lecheros con el argumento de que un “privado” lo haría más eficientemente y que por lo tanto el Estado debería abstenerse de fomentar el establecimiento de pequeños productores.
En el cálculo de eficiencia social de la inversión resulta necesario incorporar las “externalidades” que producen las tan necesarias eficiencias del sector privado, que consistentemente reducen la demanda de mano de obra como resultado de la incorporación de tecnología.
Si no se compensa esta tendencia con la generación de empleo rural, el resultado es la continua migración de población a Montevideo, lo que deja el campo despoblado y sujeto a las correrías de las bandas que cada vez controlan más espacios del territorio nacional.
Resultaría implausible que los costos para la sociedad de implantar un nuevo productor rural terminen siendo mayores que el costo de seguir aumentando la Policía, que incorpora un poder de fuego cada vez más letal y costoso, al mismo tiempo que la demanda y el costo de las cárceles parecería no tener freno.
¿Será que el peso de la más horrenda criminalidad tendrá que llegar al sur de Avenida Italia para que la sociedad uruguaya empiece a hacer bien los cálculos de “rentabilidad”? ¿O será que el Instituto de Colonización deberá permanecer condenado a ser el mecanismo de crecimiento económico de una claque agropecuaria venida a menos que nació con el derecho a la tierra garantizado por alguna divinidad?
Tendríamos que festejar que el Instituto Nacional de Colonización volvió a comprar tierras para implantar colonos y dar oportunidades a familias que quieren quedarse en la tierra y trabajarla. También que el Frente Amplio cumpliera con una de las propuestas que estableció claramente en su programa y que se aprestara a seguir adelante con la idea de fortalecer el Instituto como un instrumento esencial para la producción nacional y el fomento del desarrollo rural.
