El diagnóstico que motivó la reforma combinaba dos problemas, por un lado, una fuerte concentración geográfica de los beneficios, que según había explicado el propio Castillo, llegaban en un 80% a Montevideo y Canelones mientras el resto del país recibía apenas el 20%, en un contexto de desocupación que rondaba el 7% a nivel nacional, pero superaba el 12% en algunos departamentos del interior, sobre todo, los que limitan con Brasil y Argentina. Por otro lado, la propuesta viene a resolver la baja retención de los puestos creados, ya que el director nacional de Empleo, Federico Araya, había señalado durante el trámite en comisión que 3 de cada 10 personas que ingresan al mercado laboral a través del régimen vigente no permanecen más de tres meses en su puesto.
Subsidios diferenciados
En términos operativos, la nueva ley crea un esquema de subsidios a la contratación que el equipo económico había definido en un rango de entre 25% y 80% de la retribución mensual, según el perfil de vulnerabilidad de cada trabajador. El texto sancionado prevé, por ejemplo, un subsidio de hasta un cuarto del salario para jóvenes de entre 15 y 24 años con más de tres meses de desempleo, que se eleva a un tercio cuando se trata de mujeres. También contempla estímulos para personas afrodescendientes, trans, con discapacidad, privadas de libertad y recientemente liberadas del sistema carcelario.
Al informar sobre los cambios incorporados en la Cámara de Diputados, también votados por unanimidad, el senador del Frente Amplio (FA), Eduardo Brenta, explicó que se sumó como colectivo beneficiario a "las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años de edad", por tratarse de "un colectivo vulnerable a la hora de enfrentar su inserción laboral".
